El Ministerio Público (MP) investiga tres casos vinculados a los escándalos detectados en juntas comunales y alcaldías del país. Abrió una investigación de oficio a raíz de la planilla cashback que el alcalde Mayer Mizrachi encontró en el Municipio de Panamá; investiga anomalías detectadas en la junta comunal de San Francisco, en la capital; e inició un proceso para determinar responsabilidades por el hallazgo de un arma de fuego en la alcaldía de Calobre, Veraguas.
Además, evalúa abrir otras investigaciones a propósito de otros hechos encontrados en múltiples gobiernos locales. Así lo informaron en el MP a La Prensa, luego de que este medio consultó por el rol de la institución en medio de las denuncias públicas hechas por alcaldes y representantes de corregimiento que tomaron posesión del puesto el pasado 2 de julio.
San Francisco
Por ejemplo, el pasado 4 de julio, la nueva representante de San Francisco, Serena Vambas presentó una denuncia penal ante el MP para que investigue la supuesta comisión de los delitos contra la seguridad informática, la administración pública y el patrimonio económico de esa junta local.
La acción legal la presentó un día después de denunciar públicamente que el sistema contable de la junta comunal que estaba en las computadoras del despacho fue borrado. Explicó que la anterior administración, a cargo del perredista Carlos Pérez Herrera, le informó que la falta de datos del sistema contable en los equipos tecnológicos fue causado por una supuesta fluctuación que también afectó los respaldos.
La denuncia va dirigida a quien “se halle encargado, por cualquier concepto, de fondos, rentas”.
Números rojos en San Miguelito
Y así, a medida que pasan los días, las revelaciones vinculadas a desgreño administrativo, irregularidades y anomalías en municipios y juntas comunales se incrementan. Irma Hernández, alcaldesa del municipio de San Miguelito, por ejemplo, sigue dejando al descubierto más escándalos detectados en la comuna.
En una conferencia de prensa celebrada ayer lunes 8 de julio, informó que no encontró una planilla cashback en la comuna que dirige, pero sí lo que denominó “nombramientos cashbacks”.
Lo explicó de la siguiente manera: “Algún funcionario que por haber tenido un beneficio de pensión, quería permanecer con este beneficio y puso a otra persona a cobrar por él. Es decir, personas que no necesariamente estaban trabajando en la institución que cobraban un cheque para ayudar a otra persona. Nombramientos cashbacks individuales”.
Los ingresos del municipio, añadió, se encuentran en una situación “sumamente delicada”. “Estamos atravesando un enorme déficit. Se gasta más de lo que entra y hay muy poca recaudación”, manifestó para luego explicar que están reestructurando las metodologías que se tenían para la gestión de cobros, entre otros. “Nuestros inspectores contarán con un nuevo uniforme que los identificará. Todo para que nuestros contribuyentes puedan tener confianza”, manifestó. En total, encontraron siete planillas, que suman 1,250 personas. El gasto de este rubro sobrepasa el $1 millón, pero los ingresos por tributo son de $600 mil.
Irma Hernández, abogada de 28 años de edad, asumió la alcaldía de San Miguelito el pasado 2 de julio luego de ganar las elecciones el pasado 5 de mayo. Reemplaza a Héctor Valdés Carrasquilla, del Partido Revolucionario Democrático, quien dominó la comuna durante varios periodos.
Valdés Carrasquilla hasta el momento no se ha pronunciado. La Prensa lo llamó y envió un mensaje vía chat para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no respondió.
El ataque de Fábrega
El que sí apareció fue José Luis Fábrega, alcalde capitalino en el quinquenio 2019-2024. Fábrega emitió un comunicado ayer lunes en el que insta a Mizrachi a presentar todas las pruebas ante las autoridades competentes.
Fábrega, del Partido Revolucionario Democrático, y quien no logró su reelección en las elecciones del 5 de mayo, comicios en los que fue derrotado por Mizrachi, aseguró que su gestión fue criticada de forma “injusta” por medios de comunicación y adversarios políticos. Además, mencionó que fueron sometidos a un bloqueo para impedir que sus proyectos se realizaran.
El pasado domingo 7 de julio, el nuevo alcalde del distrito capitalino dio a conocer que existía una planilla cashback, de gente que estaba nombrada en ‘ciertas juntas comunales’ donde se les pagaba un salario, pero una parte de este emolumento se lo tenían que dar al “padrino” que les consiguió el nombramiento.
Cuando le consultaron sobre quiénes eran los padrinos, Mizrachi respondió que “gente con capital político”. Enumeró la serie de funcionarios que entrarían en ese renglón: “desde un representante hasta el propio alcalde, hasta un allegado, un amigo, o un copartidario (...)”.
Fábrega incrementó la planilla del distrito en sus cinco años de gestión. De acuerdo con documentos de esa comuna, en 2019, cuando recibió la Alcaldía de Panamá, esa institución contaba con una planilla de 3,564 funcionarios, entre permanentes y eventuales. Pero en mayo de 2024, ya eran 6,380 empleados; es decir, entre 2019 y 2024, la planilla creció un 79%.
Ciudadanos, representantes de gremios, abogados y otros actores de la sociedad civil solicitaron a Mizrachi y a las demás autoridades locales que han dado a conocer irregularidades en juntas comunales y alcaldías que presenten las denuncias. Denuncias de la existencia de “botellas” en las planillas, la desaparición o borrado del sistema contable, presupuestos agotados, múltiples deudas, desidia y abandono de los edificios sede de los gobiernos locales, entre otros, han marcado la agenda pública desde el pasado 2 de julio.
En estos casos predomina un patrón: los escándalos detectados surgen en gobiernos locales que durante distintos periodos estuvieron en manos de la misma autoridad. En la mayoría de los ejemplos, esas personas son del Partido Revolucionario Democrático, partido que hasta el pasado quinquenio controlaba la mayoría de alcaldías y juntas comunales.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, en un comunicado divulgado ayer domingo, instó a las nuevas autoridades a que presenten las denuncias penales que correspondan a raíz de las múltiples irregularidades que han detectado en juntas comunales y alcaldías.
Resuena en la Asamblea
El tema, incluso, tuvo eco en el período de incidencias de la sesión legislativa de ayer lunes. Varios diputados hicieron referencia a los escándalos generados por las irregularidades encontradas en múltiples gobiernos locales. Betserai Richards, Walkiria Chandler, Augusto Palacio, Grace Hernández, entre otros, hablaron del tema.
Incluso, la diputada Janine Prado, jefa de bancada de Vamos, presentó un anteproyecto de ley para sancionar con cárcel a las personas que nombran en cargos públicos a personas que cobran salarios de una institución del Estado pero no van a trabajar, las conocidas botellas.
Habla el contralor
Este medio consultó al contralor Gerardo Solís sobre qué hará su despacho a propósito de las múltiples denuncias. Esta fue su respuesta: “Los actos que son delitos deben ser denunciados ante las autoridades jurisdiccionales. Las irregularidades administrativas deben ser revisadas por las unidades o direcciones de auditoría interna. Y ellas determinarán curso correspondiente. El ministro que lo ha hecho bien es el ministro de seguridad Frank Abrego que ordenó a su auditoría interna la auditoría requerida y de allí se sigue lo que corresponda (SIC)”.
