Calles cerradas, lluvia de piedras contra gases lacrimógenos, decenas de voces gritando “Abajo el contrato minero”, “Abajo el PRD”, vehículos vandalizados, alza en el precio de algunos alimentos. Son escenas de un lunes de caos.
Aunque en la mañana se registró una tensa calma y se podía transitar sin problemas, a medida que las horas avanzaban los ánimos se crisparon. Tal como lo habían prometido, obreros, educadores, ambientalistas, estudiantes, grupos indígenas, entre otros, se tomaron las principales vías de Panamá para protestar en contra de la nueva Ley 406 de enero de 2023 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
En la tarde, la Policía Nacional reportó que 22 personas fueron aprehendidas por incendiar un vehículo del Estado y alterar el orden público. El suceso ocurrió en el corregimiento de Pacora, ubicado en el este del distrito capital. Más temprano, en esa misma zona, un pequeño bus de la junta comunal que transportaba pacientes hacia la capital fue vandalizado. Esa misma suerte corrió una ambulancia del Ministerio de Salud que se movilizaba desde Las Garzas hasta el hospital Santo Tomás, con pacientes de hemodiálisis.
Silencio y demandas
Y así, en decenas de lugares de Panamá se registró un hecho distinto. Mientras tanto, el presidente Laurentino Cortizo sigue sin responder a la ciudadanía, porqué sancionó en tiempo récord la norma que le da luz verde a Minera Panamá para extraer minerales en Donoso por 40 años más. El controversial contrato ya fue demandado en la Corte Suprema de Justicia. Hasta ayer lunes en ese tribunal se acumulaban tres demandas de inconstitucionalidad, promovidas por los abogados Juan Ramón Sevillano, Ernesto Cedeño y Roberto Ruiz Díaz.
Los que sí hablaron fueron algunos de los diputados que votaron a favor del contrato.
Abel Beker, de Bocas del Toro, felicitó a Cortizo porque se atrevió a exigirle a la minera a que pague más impuestos. Su copartidario Ariel Alba dijo que está convencido de que han hecho “lo mejor para la nación” y acusó a los manifestantes de “seguir destruyendo al país” porque “lo quieren ver igual que Cuba”.
Fuera del palacio legislativo, las protestas tomaban fuerza. Los manifestantes lograron acercarse hasta las vallas metálicas que protegen el palacio Justo Arosemena. Cuando estaban cerca de derribarlas, los agentes antidisturbios de la Policía Nacional intensificaron su ofensiva. A partir de allí comenzó una dura refriega: los protestantes intentaban frenar con sus manos las bombas lacrimógenas que les lanzaban los agentes.
La agencia EFE recordó ayer lunes que la mina, con una inversión de unos 10 mil millones de dólares, cuenta con 5 mil 279 trabajadores directos y genera cerca de 40 mil indirectos, según datos del gobierno y la empresa. Su operación representa el 50% de la producción global de First Quantum y el 3.5 % del producto interno bruto (PIB) panameño, según datos del Deutsche Bank difundidos en Panamá.
Cortizo ha dicho una y otra vez que el nuevo acuerdo con Minera Panamá establece un ingreso mínimo anual de $375 millones, “10 veces más que el anterior”.
