Las investigaciones por el pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis) deberán superar un nuevo obstáculo.
La semana pasada se presentaron dos recursos que buscan impedir o archivar el proceso que se sigue en el Ministerio Público (MP). Es esta entidad la que debe investigar a ex legisladores y ciudadanos particulares vinculados al presunto ilícito.
Uno de estos recursos va dirigido específicamente contra los videos grabados por Ernesto Pérez Balladares y que el ex presidente entregó como “prueba” al MP.
El ex legislador del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mateo Castillero presentó un incidente de nulidad ante el Juzgado Cuarto Penal, para que declare ilegal los videos aportados por Pérez Balladares. El fundamento de este incidente es que las grabaciones no fueron ordenadas ni realizadas por una autoridad competente.
En uno de esos videos se escucha a Castillero contándole a Pérez Balladares cómo se repartió dinero en la bancada perredista, a finales de 2001, a cambio del voto a favor del contrato ley del Cemis.
En su escrito de nulidad, Castillero alegó que el ex ministro y amigo de Pérez Balladares, Roosevelt Thayer, lo engañó cuando lo llevó a la oficina del ex mandatario, y que nadie le advirtió que esa reunión sería grabada.
El otro recurso presentado la semana pasada es un incidente de prescripción, basado en el hecho de que han pasado más de seis años de la comisión del hecho punible.
El procurador encargado, Giuseppe Bonissi, remitió una oposición al recurso presentado por Moravia Guerrero, abogada de Stephen Jones, uno de los promotores del Cemis.
El juez Silverio Rodríguez tiene que resolver ambos incidentes.
La investigación del Cemis también se encuentra paralizada en la Corte Suprema, que instruye un sumario contra los involucrados que tienen rango de diputado; en este caso, Martín Torrijos y Carlos Afú.
