La independencia del sistema de justicia ha sido una vieja aspiración de la sociedad civil panameña, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales se ve frecuentemente erosionada por las influencias políticas.
El nombramiento del Procurador General de la Nación es uno de los aspectos clave para garantizar esa independencia, ya que esta figura es esencial para la imparcialidad en la investigación y persecución de delitos, incluyendo los relacionados con la corrupción. Sin embargo, la historia de Panamá muestra una constante rotación en este cargo, con al menos 30 procuradores entre 1906 y 2024, lo que refleja la inestabilidad de la institución y las controversias en torno a la política de nombramientos.
Sobre este tema se discutió este martes 10 de diciembre durante el panel Nombramientos e Independencia: Impactos en la justicia y los derechos humanos. El evento, organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (FDLC-TI), capítulo panameño de Transparencia Internacional, reunió a expertos, autoridades y representantes de la sociedad civil para analizar las debilidades del sistema actual y proponer reformas que fortalezcan la transparencia, la independencia judicial y la rendición de cuentas en el proceso de nombramiento.
La jornada también incluyó la presentación de un informe de veeduría ciudadana sobre los procesos de nombramiento de los procuradores, documento que resaltó las falencias en el sistema de designación y la falta de mecanismos de participación ciudadana. Todo a propósito del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos.
En el panel participaron el diputado independiente Luis Duke, la exprocuradora Ana Matilde Gómez y el periodista Rolando Rodríguez de La Prensa. El moderador fue Alfonso Grimaldo de Nueva Nación.
El foro inició con la pregunta: ¿Qué mecanismos concretos son necesarios para garantizar la independencia? La exprocuradora y exdiputada de la Asamblea Nacional, Ana Matilde Gómez, propuso cambiar “la necesaria” presentación del candidato a procurador ante el Legislativo, ya que, dijo, en este órgano todo se basa en lobby. “Hay que ir a hacerles la pleitesía”, contó, para luego añadir que esta práctica no es coherente con la función del Procurador.
El diputado Luis Duke, de la bancada independiente Vamos, y quien forma parte de la Comisión de Credenciales, habló de las circunstancias de la actual Asamblea, con 51 diputados pertenecientes a distintos partidos políticos frente a 20 independientes. Propuso un nuevo mecanismo para que, a la hora de votar por la ratificación de uno de estos cargos, no se dependa de la mayoría simple ni absoluta.
Rolando Rodríguez, periodista de la Unidad de Investigación de La Prensa, mencionó la importancia de la responsabilidad ciudadana en el proceso democrático y añadió que el poder de cambiar el rumbo de las instituciones recae directamente en el votante. “La responsabilidad nace de nosotros”, afirmó para destacar que es fundamental que los ciudadanos asuman su rol activo en la construcción de un sistema judicial independiente.
Rodríguez también destacó la necesidad de un equilibrio real en las bancadas legislativas, al considerar que una Asamblea Nacional diversa, y con una oposición robusta, es clave para evitar la concentración de poder y asegurar que las designaciones, como la del procurador general de la Nación, se realicen de manera imparcial y transparente.
En el panel, Gómez recordó que cuando fue procuradora general de la Nación, el Ejecutivo, en ese momento con Ricardo Martinelli como presidente de la República, le negó presupuesto para crear la fiscalía contra la delincuencia organizada. Sin embargo, luego Martinelli llamó al entonces fiscal José Ayú Prado, quien volvió al Ministerio Público con 12 nombramientos sugeridos por Martinelli.
Gómez fue nombrada procuradora en 2005 por el entonces presidente Martín Torrijos. Fue destituida en 2010, durante el gobierno de Martinelli, tras una condena por abuso de autoridad luego de que autorizara interceptaciones telefónicas en una investigación seguida al exfiscal Arquimedes Sáez, acusado de supuestamente cobrar coimas.
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Gómez llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rodríguez, por su parte, recordó que hay grupos que intentan ejercer presión política desde la sociedad civil. En distintos gobiernos, añadió, sindicatos y organizaciones civiles han sido víctimas de presión política.
Por eso, advirtió que hay que prestar atención a las elecciones de estas agrupaciones y gremios, como el Colegio Nacional de Abogados, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y la Cámara Panameña de la Construcción, entre otros. “Hay que ser críticos”, señaló.
Al hablar sobre cómo hacer para que la ciudadanía se interese por estos temas, Rodríguez mencionó la importancia de que la población se informe. Gómez propuso llevar el tema a las escuelas y Duke sugirió sumar tecnología como puente entre instituciones y ciudadanos.
Rodríguez concluyó con esta frase: “La corrupción es un organismo vivo y se defiende, encuentra las puertas traseras o las crea en la ley.”
