En 2022 Panamá registró graves violaciones a los derechos humanos vinculadas a una “discriminación sistemática” contra comunidades vulnerables, restricciones a la libertad de expresión y falta de independencia del Órgano Judicial, además de una cadena de perjuicios ocasionados por la corrupción en todos los niveles del Gobierno. Así lo recoge el Informe de Derechos Humanos 2022, del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU).
“En Panamá hemos visto ejemplos de discriminación sistemática y violaciones a los derechos humanos a comunidades afro, indígenas, LGBTQI+ y mujeres”, dijo ayer, 29 de marzo, el oficial de Derechos Humanos de la Embajada de EU en Panamá, Nathan Eckstein. Agregó que el año pasado, que fue el revelado en países de todo el mundo por el informe anual, “hubo demasiados femicidios y demasiadas instancias de abusos contra mujeres”.
En la sección del documento dedicada a Panamá, de 27 páginas y basada en consultas con referentes de entidades públicas, sociedad civil y colectivos sociales, EU hace fuertes cuestionamientos al Gobierno por la corrupción y la impunidad. No solo denuncia la falta de condenas penales en casos de alto perfil, sino también afirma que en 2022 la corrupción se extendió como “problema grave en los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad”.
“La corrupción continuó obstaculizando el sistema judicial. Además de sospecha pública generalizada de manipulación, hubo acusaciones dirigidas a todos los niveles del sistema judicial en cuanto a que los jueces aceptaron sobornos que influenciaron sus decisiones”, puntualiza. Y concluye que el sistema judicial es “susceptible a influencias corruptas tanto internas como externas” vinculadas a “actores políticos”.
El informe de DDHH de @StateDept sobre Panamá señala desafíos relacionados con el órgano judicial, la libertad de expresión, y la corrupción. Lea el informe ⬇️ https://t.co/jxQqzZkiJo pic.twitter.com/ye1UeIi9Gm
— U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) March 29, 2023
Corrupción impune
De todo el informe, los referidos a corrupción en el Gobierno y en el sistema de justicia son los que concentran las críticas más rotundas. Señala la corrupción en la justicia, el pago de sobornos a jueces y la manipulación que “permitió a los acusados demorar el enjuiciamiento de casos que estaban cerca de su término de prescripción”.
También remarca las demoras y múltiples retrasos en juicios por blanqueo de capitales y corrupción contra dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
Estas prácticas, naturalizadas en la cultura local, son atentados contra los derechos humanos según Nathan Eckstein y EU. “Hay muchas personas que no están recibiendo servicios que deben recibir ni ven sus derechos garantizados a causa de la corrupción”, indicó Eckstein, y reforzó: “La corrupción viola los derechos humanos”.
Pero los graves problemas de la justicia no terminan ahí. El Departamento de Estado también apunta a la corrupción y las ineficiencias en los sistemas de justicia acusatorio y el inquisitivo, y cuestiona que casos legales iniciados antes de la transición continuaron siendo procesados bajo este último cuando debían estar en el acusatorio.
Violaciones a DDHH Sobre el informe
El ‘Informe de Derechos Humanos 2022’ está dividido en siete secciones, en las que se analizan cuestiones como el respeto a la dignidad de las personas, las libertades y los derechos laborales, así como la corrupción. Con un repaso minucioso de las leyes vigentes, expone las que no se cumplen y los derechos humanos que no están siendo garantizados para las personas en general y las mujeres, afros e indígenas, en particular.
En el listado infinito dedicado a la práctica extendida de usar recursos públicos en beneficio o para la protección de los propios funcionarios, los estamentos de seguridad se llevan un capítulo cargado de irregularidades y abusos.
Proteger, más que servir
Los problemas con los cuerpos de seguridad son muchos y están consignados con precisión y atribuidos a fuentes con conocimiento en el tema. Puntualizan abuso de autoridad durante las protestas de julio del año pasado, maltratos y la impunidad vinculada a la “cultura de la corrupción” y los “débiles” mecanismos de control internos: es la fuerza pública quien investiga y sanciona los abusos de la fuerza pública.
“Los estamentos de seguridad no tuvieron un ente investigativo imparcial para investigaciones internas -señala el informe-. La ausencia de claros procedimientos operativos estandarizados permitió discreción a los agentes en cada caso. La falta de auditorías a las operaciones resultó en vacíos en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia, lo cual contribuyó al problema de la corrupción”.
Sobre la oficina de Asuntos Internos de la Policía Nacional, remarca que fue “ineficiente” para aplicar sanciones por violaciones y, además, “se resistió a los esfuerzos de modernización”.
Además, cuestiona la poca información disponible, lo que hace difícil calcular el alcance de la impunidad: “La Dirección del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal no pudo suministrar datos exhaustivos sobre los asuntos internos de la policía, ya que fue raro que el Gobierno hiciera públicos casos de abuso o corrupción policial”.
Cárceles de evangélicos y pandillas
En las cárceles las situaciones son de alarma e incluyen hacinamiento, maltrato y falta de atención médica: hay 21 mil 113 reclusos en instalaciones con una capacidad prevista de 14 mil 591 personas sin servicios mínimos.
El informe da cuenta de la falta de seguridad interna, de custodios y de agua potable, además de remarcar que es un territorio dominado por pastores evangélicos y líderes de pandillas.
“Pastores evangélicos autoproclamados y líderes de pandillas continuaron controlando firmemente los pabellones dentro de las cárceles”, indica. “Se percibió favoritismo hacia los reclusos evangélicos que se designaron ‘líderes de los pabellones’ y ‘la actividad de las pandillas en las cárceles representaba una amenaza diaria a la seguridad de los reclusos”.
Violencia contra mujeres y otras minorías
Mediante un contraste exhaustivo entre lo que marcan las leyes y lo que pasa en la realidad, el informe del Departamento de Estado logra evidenciar las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres, las personas indígenas y LGTBIQ+ en Panamá.
En violencia de género, por ejemplo, hay penas severas por abuso emocional y físico, pero la ley no es “efectivamente aplicada”, y la violencia doméstica continúa “siendo un problema grave”. El abuso sexual reportado por una niña ocho años, que resultó en un embarazo -y un parto obligado- es de los casos destacados.
Situaciones similares son destacadas en relación a prejuicios hacia inmigrantes, la comunidad afro y las personas indígenas y LGTBIQ+.
Apunta que las áreas donde habitaban muchos afros panameños tenían en 2022 “menos servicios gubernamentales e inversión social” y el “hostigamiento y discriminación racial en centros educativos”, mientras que “las personas de piel más clara continuaron estando representadas de forma desproporcionada en puestos gerenciales y en trabajos que requerían atención al público”.
Aunque el Gobierno está obligado a implementar programas de alfabetismo bilingüe en comunidades indígenas, “no asignó los fondos necesarios”. Los indígenas, agrega, también demandan “la pronta titulación de sus tierras, el lanzamiento de colonos ilegales y que se pusiera fin a la tala indiscriminada en sus tierras”.
Lo mismo ocurre con las personas LGTBIQ+: Hay acoso policial y no se permite a las parejas del mismo sexo que se casaron en el exterior registrar su matrimonio legalmente.
Aunque remarca la discriminación sistemática para todos estos colectivos en todos los ámbitos, sobre todo los laborales para personas con VIH y Sida, Nathan Eckstein es optimista. “La mayoría de los panameños con los que conversamos para este informe, que incluye a muchas fuentes del Gobierno, entienden que hay violaciones a los derechos humanos y que es necesario mejorar. Hay discriminación, pero el Gobierno y la sociedad civil es consciente de eso”.
