Acuerdo minero: ¿quién ganó y quién perdió?
Ganaron, sin duda, el conglomerado minero y sus socios. Los confesos y los inconfesos.
¿Qué inconfesos?
Los del gobierno, que dejan hacer y dejan pasar.
¿Por qué ganaron ellos?
Este gobierno, desde el inicio, les ha dado un trato especial para resultar en un contrato a todas luces lesivo a los intereses del país. Esa negociación fue una puesta en escena con asesores caros a ver cómo emparapetaban el contrato para que pareciera legal.
¿Por qué?
Entre otras, porque la negociación se dio sin resolución ni actos administrativos que avalaran a esos funcionarios para negociar. Se dio fuera del decreto, del Código Minero y de la ley de contratación pública.
¿Necesitaban eso? El hecho de ser funcionarios designados por el presidente, ¿no los avalaba?
La Constitución dice que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley dice. Pero acá la Constitución mental de la que sufren les dice que obedezcan a todo lo que el presidente dice.
¿El presidente sabía lo que se negociaba?
Lo dudo. Y esa duda la extiendo a todo el Gabinete.
Los negociadores, ¿no supieron negociar o lo hicieron así a propósito?
Como la negociación fue secreta, jamás lo sabremos. Pero por el tenor del contrato, aparentemente es lo segundo. Mal a propósito de nosotros, pero bien a los intereses de sus amos.
¿Quiénes son sus amos?
Sea quien sea, es parte del conglomerado al que me referí al principio.
¿Cuánto se pagó en asesores?
Es otro de los secretos de esa negociación. No debió ser poco, eso sí te aseguro.
¿Usted esperaba un contrato igual, mejor o peor que el que teníamos antes?
Era de esperar un contrato lesivo. Lo que me sorprendió es que el contrato, más allá de versar sobre la extracción de recursos minerales, le da facultades de Estado a un particular, como si fueran soberanos.
¿Eso no es lo mismo que ustedes criticaban en el contrato anterior?
Sí, pero antes era un abuso del contrato. Ahora es abiertamente el contrato. Tienen potestad sobre el suelo, el subsuelo, el agua y el espacio aéreo. Están creando una institución tipo ACP, pero que beneficia a particulares.
¿Un contrato parecido al de las zonas bananeras de Centroamérica y Panamá de los siglos XIX y XX?
En efecto.
La primera cláusula del contrato dice que hay dos concesiones: la actual, que permite extraer cobre, y una nueva para extraer oro, plata y molibdeno. En el anterior, ¿la extracción de esos otros minerales no estaba permitida?
Sí estaba permitida, como una concesión para los minerales que encontraran. Ahora las separan. Y si lo estás viendo así, es porque así le conviene a la empresa.
El contrato permite a la minera o a sus afiliadas pedir áreas de concesión fuera de la misma. O sea, ¿podrían pedir en concesión cualquier parte del país?
Potencialmente, sí. El contrato hace lo posible para no determinar cuánto terreno tendrán después de todas estas peticiones. Y el contrato permite adendas, además. Fuera del área de uso y servidumbre, que son 17 mil hectáreas.
El contrato les permite comprar tierras de particulares que, de no cerrarse un acuerdo, el Estado puede expropiar en favor de la mina. ¿Eso tiene sentido?
No. ¿Qué otras tierras necesitan, si la razón de ser de una concesión es delimitar un espacio? Acá les ofrecemos posibilidades infinitas.
El contrato habla de un ingreso mínimo garantizado de $375 millones al año, pero dice que si baja el precio del cobre y reducen la producción o suspenden actividades, no tienen que pagar ese monto. Entonces, no es garantizado…
No lo es, porque el mismo contrato les dice cómo evitar pagarlo. Si bajan los precios del cobre, la empresa puede hibernar por cuatro años, sin pagarle siquiera a los empleados. Hasta que vuelve y sube el cobre, y retoman sus derechos. Así hasta mi abuelita se mete a inversionista minera.
El contrato dice en qué van a usar la plata que se reciba: 50% para la CSS, 25% para el desarrollo de los distritos de Donoso y Omar Torrijos, 20% para aumentar la jubilación de los pensionados que reciban menos de $350 al mes y 5% para la formación docente. El año que el Estado no reciba ese mínimo garantizado, ¿no se destina la plata o la tendremos que poner todos?
No se destina la plata. De nuevo, estamos sometidos a los vaivenes de ellos.
Si fueran $375 millones realmente garantizados, ¿sería suficiente?
Tampoco. Es menos de la mitad del presupuesto anual del Ministerio de Seguridad. Y dedicar la plata a algo tan serio como el Seguro, dependiendo de un mercado internacional impredecible y volátil y de la manipulación de una empresa, es una irresponsabilidad absoluta.
El contrato le da facultades a la empresa para construir centros comerciales, viviendas, carreteras... ¿De eso se beneficia más la empresa o la comunidad?
La empresa, por supuesto. Lavando cara diciendo que las personas se van a beneficiar.
¿No habría en esos proyectos beneficio real para la comunidad?
Lo que han hecho hasta ahora es para ellos, no para la comunidad. Que sirve a otros, sí, pero es para ellos. Ahora, la minera va a ser beneficiaria de más actividades. Al final, va a terminar administrando una zona exclusiva y excluyente, más allá de la actividad minera. Se oficializan como los terratenientes del área.
¿Y mantienen las exoneraciones de exportaciones e importaciones y de impuesto inmueble de todo lo que construyan? ¿O eso cambió?
Eso se mantiene.
El contrato le reconoce a la minera deducirse hasta el 70% de la ‘renta neta gravable’ por agotamiento del recurso minero. ¿Por qué, si el recurso es propiedad del Estado?
Eso es absurdo. La empresa le traslada su riesgo al Estado, que es el que pone el recurso mineral. No tienen por qué cobrarle al Estado por agotamiento, si la característica del recurso mineral es que se agota. El Estado, ¿por qué tiene que ser gravado porque ocurra lo que naturalmente ocurre?
¿Qué elementos del Estado dominará la minera?
El suelo que les fue concedido, más el que el contrato les permitirá pedir. El subsuelo, el agua, el desvío de ríos y quebradas, la disponibilidad de los puertos, carreteras, petición y uso de servidumbre, capacidad de cobrar a otras embarcaciones, voladuras, espacio aéreo…
El contrato faculta a la minera pedir la prohibición de los sobrevuelos sobre el área minera. ¿Seguridad de las operaciones de la minera o censura para periodistas y activistas?
Lo segundo, porque si fuera lo primero, estaría contemplado en el estudio de impacto ambiental. Y el ministro de Comercio dijo que ya la empresa ha pedido esos bloqueos y los ha venido haciendo. O sea, que hacen cosas que no contempla el estudio de impacto ambiental. Y peor aún, sin tener contrato.
Hablando del estudio de impacto ambiental, ¿se usará el de 2011 del contrato anulado como elemento legal vigente para lo que harán de aquí a los próximos 40 años?
Exactamente. Y el contrato no contempla hacer uno nuevo. Otro de los absurdos: ¿cómo es posible que la actividad más importante en incidencia ecológica va a tener la menor cantidad de instrumentos para controlarlo?
En comparación con el contrato anterior, ¿hay más o menos controles ambientales?
En apariencia hay más controles ahora, porque menciona más la palabra ambiente, pero el contrato dice que la única normativa ambiental es la que dice el contrato. No se les aplicarán las demás normas ambientales del país. Así que hay menos.
Todos los terrenos que pidan fuera del área actual de concesión, ¿se los tenemos que dar?
Anati y el Mici están obligados a aceptar la petición. Priorizan esta actividad por encima de otras. Y si hay 20 solicitudes del mismo terreno y llega una de la mina, esa tiene prioridad. El contrato nos deja incapacitados para decirles que no a lo que pidan.
Entonces, ¿para qué pedirán? ¿No es más sencillo tomárselas y ya? ¿O nos avisarán por cortesía?
Bueno, pues. Ahí están la inconstitucionalidad y la arbitrariedad. En el debido proceso te tienen que evaluar. Acá, aunque te evalúen mal te la tienen que dar. Es absurdo.
Pero luego el contrato dice que el Estado puede limitar la explotación minera… En caso de una situación, ¿cuál de los dos artículos pesaría más?
El objeto del contrato es promover la actividad minera. Esa frase está solo colocada ahí para poder mercadearla mejor.
Su opinión del informe económico de Indesa sobre la minera.
Hay un conflicto de intereses. [Guillermo] Chapman era el ministro del MEF cuando se negoció y se les dio el contrato. Y el informe decía que omitía la parte ambiental, cuando la razón de ser de esa economía es precisamente el ambiente. Separar una cosa de la otra no tiene sentido.
La regalía será del 2% de la producción bruta negociable, dice el documento. ¿Cómo se calcula eso?
Antes era el 2% de la facturación, algo más medible. Ahora dependerá de las ganancias de la empresa versus los gastos que haya tenido para obtener la misma. Cosa fluctuante, incierta y que la empresa puede manipular. ¿Quién maneja esa ganancia, si su comprador es First Quantum y se pueden poner de acuerdo para manipular el precio y sortear su obligación? Simplemente, pueden declarar que no han ganado lo suficiente y así escapar del monto mínimo.
¿Era sensato que el contrato limitara las leyes tributarias que la minera tiene que cumplir a las vigentes a la firma del contrato?
No. Los contratos en otros países buscan con artículos así garantizar que las normas no las mueva nadie. Congelarlas, para evitar que luego un corrupto venga a cambiarlas. Pero aquí el sistema jurídico tiene suficientes garantías para evitar que eso pase.
¿Podemos fiscalizar esa operación tan grande cuando el contrato dice que el gobierno solo podrá tener seis funcionarios en la mina?
Absolutamente no. Esa cifra es notoriamente arbitraria y no debería ser aceptada. Es ridículo. Son 12 mil hectáreas, más las áreas que la empresa o sus afiliadas decidan pedir.
Cualquier otra auditoría o inspección debe ser coordinada previamente con la minera. ¿Esa pleitesía se rinde a otras actividades?
Según la Ley de Ambiente, las inspecciones pueden ser en cualquier momento. Ese es otro privilegio que deja claro que la empresa es la que ha salido ganando aquí. ¿Cómo va a salir mal una auditoría de la que conocen antes?
Hablando de la fiscalización, la Autoridad Marítima de Panamá le cerró a la mina la posibilidad de exportar porque las pesas estaban descalibradas en el puerto desde 2017. ¿Cómo nadie paró eso antes?
Bueno, eso es parte de las omisiones del gobierno de las cuales depende la empresa para subsistir.
¿Cuánto ha ayudado que antiguos funcionarios relacionados al tema queden como trabajadores o asesores mineros?
Por el documento que tenemos al frente, queda claro que los colaboradores más valiosos de la mina están fuera de la mina. Les convienen más estando en el gobierno, ya sea negociando contratos o minimizando las multas y la supervisión.
¿Qué ha hecho Miambiente con las infracciones ambientales?
Resolvieron con multas irrisorias varios procesos que llevaban desde 2013. Pasando página ante la desastrosa gestión ambiental de la empresa.
Ellos alegan que es menos del 1% de incumplimiento de sus obligaciones y que las han subsanado.
¿Y dónde está la data que comprueba eso? Le dedican el 1% de la preocupación, debe ser.
¿En qué es mejor este contrato que el anterior?
En todo, pero para ellos. Para el país, absolutamente nada. Son demasiadas las cesiones en espacio y recursos. Según el gobierno, el acuerdo es un triunfo: triunfo del dominio de la empresa sobre su ingenuo país anfitrión, será.
En el contrato anterior, si alguien demandaba a la mina, los gastos legales los pagaban ellos, pero podían deducirlos de los impuestos. En este, si alguien los demanda, el Estado está obligado a defenderlos. Al final, ¿económicamente eso no es lo mismo?
Sí, pero lo que lo hace peor es que el aparato público del Estado tendrá que dedicar horas hombre, tiempo y esfuerzo que se necesitan para atender las necesidades del país. Y si son sus supervisores, ¿cómo van a defenderlos? Por donde lo veas esto parece ciencia ficción. Y de la mala.
¿Para qué sirve una consulta pública como la que abrieron, si no es vinculante?
Para nada. Desahogo ciudadano que busca legitimar el contrato. Medidas que parecen democráticas y participativas, pero no afectan para nada el contrato. Al final, la Asamblea solo puede aprobar o improbar el contrato. Este contrato tiene cláusulas tan graves que no me sorprendería que cuando reciba la consulta, el gobierno quite dos o tres artículos solo superficialmente ofensivos y lo manden así a la Asamblea.
¿Estrategia para los bobos que participen, entonces?
No sé si bobos. Pero crédulos sí.
¿Era esperado que la duración del contrato fuera 20 años, prorrogables otros 20 de manera automática y con posibilidad de otras prórrogas más?
Sí lo esperaba. ¿Qué empresario no quisiera la misma fórmula de Panama Ports para prorrogarse por el tiempo que le plazca?
Consecuencias para otras empresas de este contrato.
Hay una especie de apartheid. Estará esta super empresa y luego todas las demás, pero incentivará a otros actores irresponsables a buscar las conexiones necesarias con los funcionarios para también salirse con la suya. Con un pedacito de país, de paso. Y ya vimos a Pro Panamá promoviendo minería en áreas protegidas. No sabemos si algún inversionista, mientras hablamos, está explorando esas posibilidades, porque esa promoción estuvo en la web por mucho tiempo.
El contrato dice que la mina debe pagar $395 millones al Estado como compensación retroactiva hasta diciembre de 2021, cuando se publicó el fallo de inconstitucionalidad del contrato que debió publicarse en 2019, que fue cuando se dio el fallo. ¿Eso fue lo que nos costó la omisión de la Corte?
Es una cifra arbitraria. ¿De dónde sale ese número? Si la empresa ofrece ese monto, es porque es bueno para ella. Están curándose en salud para no ser demandados. La Corte presentó un fallo inconstitucional que era final. Luego aceptó recursos y demoró cuatro años en fallarlos, favoreciendo a la empresa. Otros responsables más de lo que vivimos.
En este contrato, a diferencia del contrato anterior, la minera deberá pagar por el agua que consume. ¿Cómo se monitoreará ese consumo?
Otra tarea para los seis funcionarios… La carencia de fiscalización hará imposible conocer ese dato.
Miambiente debe monitorear la calidad del agua y del aire. ¿Tiene capacidad para eso?
No. Como tampoco supervisa lo que hay que supervisar en otras actividades ambientales.
El contrato dice que la minera debe implementar las metodologías de la ‘producción más limpia’. De nuevo, ¿quién certifica eso?
Los seis funcionarios. Y no lo van a poder hacer. Eso lo tiene que hacer una institución, no un individuo.
Economía circular, plantea el contrato. ¿En qué consiste eso?
Son vocablos y arandelas para hacerlo más agradable al paladar de quien lee y quien quiere creerlo. Eso consistiría, por ejemplo, en reciclar un vaso de papel, convertirlo en origami y que los niños jueguen con eso. Muy bonito, pero no compensa el impacto de la minería.
El contrato plantea la compensación ecológica. ¿Cuál es el alcance de eso?
Eso de por si es una obligación de todo el que provoque una actividad destructiva. Si la empresa no ha cumplido hasta ahora, menos lo hará ahora con menos fiscalización.
¿De qué sirve que la minera tenga que informar al Estado sobre la identidad de sus accionistas, si el Estado podrá calificar esta información de acceso restringido?
Otro ejemplo más de poner vocablos que parecen agradables, pero que no van a tener ninguna aplicación por la inherente falta de transparencia del gobierno. No podremos saber si hay políticos o grupos de poder locales con acciones. O si gobiernos extranjeros usan fachadas para tener dominio del territorio y de los recursos panameños, como lo prohíbe la Constitución.
Si por alguna razón el Estado tiene que cancelar la concesión o quitársela por incumplimiento, Panamá tendría que pagarle a la minera el valor en libros de la mina. Ese valor, ¿quién lo establece? ¿La mina?
Los contadores de la mina, sí. Además, tendríamos que indemnizarlos. Perdemos. Por donde lo veas salimos perdiendo.
Usted trabajó con Juan Antonio Ducruet en el gobierno de Martín Torrijos: él en el Idaan y usted en Anam. Lo vemos a él 15 años después en el mismo papel, otra vez frente a protestas diarias por falta de agua. Su lectura.
Anam tuvo que multar al Idaan varias veces por no recibir las plantas de tratamiento que las empresas promotoras entregaban. Al hacer el traslado, el Idaan demoraba en responder y mientras la gente sufría sin agua. Han pasado potabilizadoras, obras faraónicas, Conades, cero letrinas, intervención de la ACP… y en pleno siglo XXI, el director del Idaan sigue en el exacto mismo predicamento. La tragedia de este país es la botadera de plata por falta de institucionalidad.
En la Autoridad Marítima, ¿la situación es más o menos grave que lo que vemos en los medios?
Muchísimo mas grave. No son transparentes, eficaces ni preventivos. En los medios solo sale lo que se desborda.
¿En qué mejoró el ambiente con el cambio de Anam a Miambiente?
No existe ninguna diferencia. Lo que se le exigía a Anam no obedecía al presupuesto de una autoridad, que solo se puede manifestar por resoluciones. Faltaba un ministerio, pero lo que ha provocado es solo más gastos y burocracia.
