Varias figuras de la sociedad civil se pronunciaron luego de que Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), presentara una propuesta legislativa para modificar el Código Judicial con el fin de prohibir el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de personas que denuncian actos de corrupción.
La iniciativa ha generado un amplio debate, destacando la necesidad de proteger tanto a los periodistas como a los denunciantes, quienes desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la libertad de expresión en el país.
El propio Cedeño dijo a La Prensa que desde hace años viene proponiendo que se legisle sobre este tema, pero no se le había escuchado. “Hay que defender la libertad de expresión y la democracia”, afirmó el diputado.
“Se está persiguiendo a los periodistas y a los denunciantes de la corrupción, por lo cual hay que protegerlos. Hay acoso judicial”, puntualizó Cedeño.
Lo digo en frío. Soy defensor de la libertad de prensa y expresión. Sí alguien no le gusta lo que ha expresado un medio, la acción de tutela podría proceder, para la rectificación de rigor. pic.twitter.com/g7SSzAqpjF
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) August 6, 2024
Organizaciones como el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información coincidieron en que los gremios periodísticos han estado siempre abiertos al diálogo para facilitar proyectos que garanticen la libertad de expresión y de prensa.
“Siempre hemos denunciado la tendencia a utilizar la vía judicial para obstaculizar la labor periodística y de los medios de comunicación, porque no solo atenta contra la capacidad de los medios de informar, sino que también afecta el patrimonio de los mismos y su capacidad económica de operar. El proyecto requiere de mayor consulta con los distintos grupos de la sociedad”, indicaron.
Mientras que para la abogada y activista Magaly Castillo es “muy importante” y “atinada” la iniciativa de ley que garantiza no solo la protección a los medios de comunicación, sino también a los defensores de derechos humanos y a los activistas contra la corrupción.
“El secuestro de bienes se convierte en una amenaza contra la libertad de expresión y en acoso e intimidación a los que denuncian arbitrariedades”, dijo Castillo.
Según Castillo, hace algunos años se intentó trabajar en una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pero no se logró avanzar, por lo que le parece “muy positivo” que se discuta este tema.
Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), afirmó que la organización considera que la libertad de expresión y su protección son “esenciales” para la democracia, por lo que la propuesta de ley debe ser discutida ampliamente con todos los sectores de la sociedad, especialmente los medios de comunicación.
En esa misma línea se manifestó Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, quien calificó el tema como “muy importante” porque guarda relación con la libertad de expresión, el ejercicio libre del periodismo, así como la protección de los denunciantes, que abarca mucho más que la prohibición del secuestro de bienes.
“Es decir, el tema debe ser abordado de forma más rigurosa y holística, y ser el producto de un amplio análisis ciudadano”, dijo Vega.
Los detalles
El anteproyecto de ley que Cedeño puso a consideración de sus colegas busca incluir un numeral en el artículo 531 del Código Judicial, que establece las reglas para las medidas cautelares en casos especiales. La norma que propone Cedeño dice así:
Está prohibido decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos:
A. A las personas que denuncian actos de corrupción, arbitrariedades o violación de leyes. B. A los activos y bienes de medios de comunicación social.
Esta misma disposición también estaría contemplada en el artículo 331 del Código Procesal Civil que entrará en vigencia en 2025.
De acuerdo con Cedeño, en Panamá ha habido “acoso judicial a denunciantes”.
