El 16 de enero de 2002, ocurrió una de las revelaciones más escandalosas de la política panameña y que estremeció los cimientos de los tres órganos del Estado.
Carlos Tito Afú, entonces legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), convocó a una conferencia de prensa para anunciar, con fajo de billete en mano, que legisladores y dirigentes de su partido, así como él mismo, habían recibido dinero para aprobar el proyecto de ley que adoptaba el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), una obra adjudicada por $400 millones al Consorcio San Lorenzo, en la provincia de Colón.
El secretario general del PRD en ese momento era Martín Torrijos. Mientras que la legisladora Balbina Herrera, era la presidenta del poderoso Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD. Afú involucró también a otros dirigentes perredistas, como Héctor Alemán, y a los legisladores de ese colectivo Miguel Bush y Mateo Castillero, entre otros.
Veintidós años después, varios de los mencionados en la trama están activos en la política criolla; incluso algunos compiten por un puesto de elección popular en el torneo del 5 de mayo próximo.
En lo que respecta a Torrijos, lo sucedido con el Cemis no tuvo un gran impacto en él: fue presidente de la República desde 2004 hasta 2009 y actualmente está buscando un nuevo mandato, aunque ya no con el PRD, sino bajo la bandera del Partido Popular.
El exmandatario fue vinculado en este caso varios años después de que el Ministerio Público iniciara la investigación en 2002; sin embargo, en 2014, la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el proceso en su contra, argumentando que se le había violado el fuero electoral del que gozaba como secretario general del PRD.
Habla Afú
Afú ya no milita en el PRD. Después del lío del Cemis, saltó al Partido Panameñista (de la mano de la entonces presidente del país y de ese partido, Mireya Moscoso) y finalmente a Cambio Democrático (CD), que lo postulará como candidato a diputado por el circuito 7-1 (Guararé, Las Tablas, Pedasí y Pocrí, en Los Santos), en alianza con el Panameñista.
Tito Afú recordó ayer miércoles a La Prensa que fue él quien hizo pública la denuncia de los sobornos en el caso Cemis, pero terminó siendo “atacado”.
“Se quiso atacar al mensajero o denunciante, sin investigar a profundidad los hechos denunciados”, añadió.
Considera que tenía la responsabilidad de decir “la verdad” de lo que ocurrió en la Asamblea con la aprobación del contrato ley del Cemis y la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, aunque eso le costara ir a la cárcel (lo cual, por cierto, nunca sucedió).
“No puede ser posible que esta persona que hoy es candidato [Martín Torrijos] tenga la desfachatez hoy de decir que va a parar la corrupción”, remarcó Afú.
Para el ahora candidato a diputado por CD, había muchas pruebas que respaldaban su denuncia ante los medios, pero como sucede muchas veces, no se investiga a los responsables.
“Este caso deja mal parada a la justicia, porque allí se tenía que investigar. La justicia no fue hasta el final para investigar lo denunciado”, concluyó.
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Balbina Herrera hoy día participa activamente en la campaña del candidato presidencial del PRD, José Gabriel Gaby Carrizo, quien apenas tenía 18 años de edad cuando el Cemis estalló.
Sobre el tema Herrera dijo “Torrijos… Eso es con Torrijos”.
En conversación con este medio, Herrera recordó ayer miércoles que tres legisladores del PRD votaron a favor de la ratificación de los dos magistrados designados por la entonces presidenta Mireya Moscoso (1999-2004): Afú, Carlos Titi Alvarado y Tomás Altamirano Duque; los dos últimos ya fallecieron. Según Herrera, a partir de ese momento, se exacerbó el transfuguismo. Afirma que el Cemis fue un caso “muy evidente”, que deterioró el sistema. Culpó al mal estado de la administración de justicia del hecho de que no hubiera ninguna condena.
“Se hizo mucho escándalo, se llega hasta la elección de 2004 donde el expresidente Torrijos logra ganar y después, con lo del Parlacen, se cerró eso. Imagínate hasta dónde llegó eso”, añadió.
Torrijos ha dicho que el caso no solo fue juzgado jurídicamente, sino también por la sociedad. Dice que el suceso pasó en el 2002 y fue en el 2004, cuando ganó la Presidencia de la República, con el 47% de los votos válidos. También desestima la tesis de que se “salvó” por un tecnicismo, pues alega que él pidió que se le investigara para tener la oportunidad de defenderse ante la justicia.
Hoy día, Torrijos sigue siendo PRD, pero fue postulado a la presidencia por el Popular. Es un crítico de las prácticas corruptas y clientelistas de los líderes de su partido. El pasado martes, por ejemplo, aseguró que la planilla estatal “está llena de botellas”.
Pero antes de que Tito Afú escandalizara al país con sus declaraciones y abofeteara a la opinión pública con el fajo de billetes ($6 mil de adelanto del monto total de la coima que le tocaba a cada legislador), Herrera había hecho otra confesión.
El 9 de enero de 2002, Herrera contó que Afú había recibido $1 millón a cambio de su voto favorable a la ratificación de Spadafora y Cigarruista, que entonces eran ministro de Gobierno y legislador, respectivamente. Ambos fueron magistrados hasta 2011. De Spadafora no se sabe nada y optó por un ostracismo mediático. Cigarruista no y ahora es magistrado del Tribunal de Cuentas. Más elocuente, una vez dijo que su ratificación fue producto de un “acuerdo” de la entonces presidenta Moscoso con los legisladores y que así se lo había “confesado” al arzobispo José Dimas Cedeño y al entonces procurador José Antonio Sosa.
Recientemente, Cigarruista fue noticia cuando cuestionó las reformas a la Ley 351 de 2022, que es la ley orgánica de la Contraloría.
En la Asamblea, con Herrera, Afú y Cigarruista, estaba el entonces legislador Laurentino Nito Cortizo, actual presidente de la República. Por esos días, Cortizo presidía la comisión legislativa de Comercio, que debía aprobar en primer debate el contrato ley del Cemis.
En 2010, Cortizo fue llamado al Ministerio Público junto a otras 13 personas, para que ofreciera una declaración jurada sobre el tema. Dijo que si se hubiese aprobado el contrato original que el Ejecutivo envió a la Asamblea, la Zona Libre de Colón “estuviera cerrada” y muchos negocios de esa provincia “en bancarrota”. Tildó al contrato de “leonino” y de “atraco para el Estado”. Por eso lo devolvió al Ejecutivo, que le hizo modificaciones y lo volvió a presentar, con los aportes surgidos de un proceso de consultas públicas conducido por Cortizo, como presidente de la Comisión de Comercio.
Miguel Bush: ‘quizá soy muy dulce’
Entre los 14 que declararon en el Ministerio Público también estaba Miguel Bush, otro legislador del PRD en aquella época. Bush dijo a La Prensa ayer miércoles que quizá se le involucró en el caso por ser en ese entonces una de las voces más polémicas. A veces tenía sus arrebatos: una vez demolió una casa a mazazos, durante un acto convocado por el Ministerio de Vivienda en Colón.
“Siempre fui atacado por los medios, incluso por el diario La Prensa. Quizá soy muy dulce”, añadió.
Mientras que Mateo Castillero, a quien Afú acusó de ser la persona que personalmente repartió los “mameyes” en la Asamblea, tiene una posición activa en el PRD. En 2022, en medio de las elecciones internas del colectivo gobernante, fue electo como presidente del Consejo Directivo Nacional en Herrera. Además, es uno de los activistas de la campaña de Carrizo, mientras que su hijo Marcos Castillero fue presidente de la Asamblea Nacional entre 2019 y 2020 y luego se reeligió para el periodo 2020-2021.
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Para Ana Matilde Gómez, quien en 2009, siendo procuradora general de la Nación, pidió a la Corte la reapertura del Cemis, la principal lección que este caso deja a la justicia es que se tienen que vencer los obstáculos que permiten la impunidad. “Sobre todo proponer las reformas estructurales necesarias para alcanzar a todos los que se arropan en privilegios y prerrogativas funcionales”, manifestó.
Gómez, que fue diputada independiente (2014-2019), es candidata por el circuito 8-3, por la libre postulación.
La exprocuradora pidió reabrir la causa a raíz de que en septiembre de 2003, los magistrados de la Corte Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora), José Troyano, César Pereira (q.e.p.d.), Aníbal Salas, Roberto González (suplente de Graciela Dixon) y Virgilio Trujillo (suplente de Alberto Cigarruista) ordenaron el archivo del caso.
Mientras que para la exprocuradora Kenia Porcell, 22 años después, este caso deja como lección que la justicia debe ser oportuna. “Los procesos deben darse respetando los procesos y garantías, pero en el tiempo oportuno”, dijo.
En palabras de Porcell, hay que encaminar el país con la seguridad de que el sistema judicial penal está funcionando y en los tiempos correctos. “Yo creo que el gran dilema de Panamá es que los procesos demoran muchos años”, aportó.
De hecho, Afú, pese a haber confesado la comisión de un delito de corrupción, se libró del caso porque la causa fue declarada prescrita, en septiembre de 2023.
