La estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) defendió las indemnizaciones que por “mutuo acuerdo” recibirán su gerente general, el subgerente y cuatro jefes “de confianza”, alegando que la misma fue autorizada por su junta directiva, conforme lo que dicta el Código de Trabajo.
“Tienen el derecho de suscribir mutuos acuerdos como se ha hecho en las anteriores administraciones y, de igual forma, recibir las prestaciones laborales que por ley les correspondan como son vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad y la respectiva indemnización, previo refrendo de la Contraloría General de la República”, indicó un comunicado divulgado por Etesa la noche de este sábado 22 de junio.
La indemnización que reclaman seis funcionarios de libre nombramiento y remoción suma casi $1 millón, repartidos así: $249,195 y $306,615, para el gerente Carlos Mosquera y el subgerente Óscar Rendoll, respectivamente; $77,095 para el gerente de Compras, Daniel Castilla; $116,577, para el director de Finanzas, Pablo Castrejón; $119,366, para el director de Asesoría Legal, Ramón Palacios, y $91,068, para la directora de Servicios Corporativos, Zorina Carles. El comunicado indica que algunos mantienen contratos de trabajo “con carácter indefinido”, pero todos pueden ser removidos por la junta directiva de Etesa, la cual será renovada a partir del otro mes, cuando José Raúl Mulino tome posesión como presidente de la República.
La junta directiva actual la dirigen dos ministros: el de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, y el de la Presidencia, José Simpson Polo. El primero actúa como presidente y el segundo, como secretario. Rivera y Simpson serán reemplazados el 1 de julio por los futuros ministros Julio Moltó y Juan Carlos Orillac, respectivamente.
En la mañana de este sábado, Rivera coincidió con los periodistas en un acto y ahí les dijo que en el transcurso del día se divulgaría una nota de prensa para explicar el asunto de las indemnizaciones. En ningún momento expresó que la junta directiva que él preside había autorizado esos desembolsos y que, de forma colegiada, había acordado que él personalmente los suscribiría en nombre de la empresa.
El tesorero es el viceministro de Economía, Carlos González Miranda, quien también se marcha del puesto el 1 de julio. La junta directiva la completan dos directores independientes: Luz Arreguin y Víctor Batista.
El comunicado de Etesa menciona que su “política general de beneficios para trabajadores” fue modificada en junio de 2019 (es decir, en el último mes del gobierno de Juan Carlos Varela). El punto 3.8 del referido documento establece “una indemnización cuando la terminación de la relación de trabajo fuese por mutuo acuerdo o por decisión unilateral de la empresa, fijándose una tabla de compensación de conformidad a los años de servicios”.
Agrega que la salida “ordenada” de los ejecutivos indemnizaciones tiene el propósito de “propiciar el espacio necesario” para que el próximo gerente general traiga a su propio equipo de trabajo.
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— ETESA (@Etesatransmite) June 23, 2024
Etesa, en su comunicado, se refiere al caso específico de Mosquera y explica que su liquidación fue acordada porque necesita someterse de urgencia a una intervención quirúrgica. “Es decir que la terminación de la relación de trabajo fue de común acuerdo y no fue una decisión unilateral por parte del gerente general”, precisa la nota.
Pero la salida de Mosquera (con o sin mutuo acuerdo o procedimiento quirúrgico) era inminente: Mulino -que tomará posesión el 1 de julio- ya dijo que será reemplazado por Roy Morales. De hecho, ya se han celebrado reuniones de transición, a partir del pasado jueves 20 de junio.
Mulino también pidió a la Contraloría General de la República que no refrende esas indemnizaciones, por considerarlas un “abuso” en el manejo de los fondos públicos.
Etesa sostiene que esa críticas no se “ajustan” a su marco jurídico.
Los seis funcionarios favorecidos con mutuos acuerdos ingresaron a la entidad hace cinco años, cuando inició la administración de Laurentino Cortizo. Mosquera recibe un salario de $14,315.22 al mes, más del doble de lo que gana el presidente de la República ($7,000 mensual). El salario de Rendoll es de $8,044. Mientras Castilla gana $4,699.76; Castrejón, $6,534.36; Palacios, $7,114,59, y Carles, $5,955.21.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (Sitiespa) advirtió que si Mosquera pretendía acogerse a la figura del mutuo acuerdo como está contemplada en su convención colectiva, la misma no le sería aplicable ya que él no paga cuota sindical.
