El proyecto de ley 249, que obliga a los abogados graduados a someterse a un examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía para recibir la idoneidad bajo la tutela de la Escuela Judicial –adscrita al Órgano Judicial–, mantiene enfrentados a docentes y estudiantes universitarios con dirigentes del Colegio Nacional de Abogados (CNA).
El documento –presentado ante la Asamblea Nacional por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia– modifica la Ley 9 del 18 de abril de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, e instaura este examen como uno de los requisitos para que la Corte otorgue la idoneidad.
Según la iniciativa, que fue avalada por el CNA y su presidente, José Alberto Álvarez, la Escuela Judicial sería el ente regente de todos los aspectos relacionados con la elaboración, convocatoria, aplicación, evaluación y revisión del examen, bajo la coordinación de un organismo denominado Consejo Evaluador.
Este Consejo estaría integrado por un representante del pleno de la Corte, el director de la Escuela Judicial, uno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, otro elegido entre las facultades de derecho de las universidades particulares y el presidente del CNA o a quien designe la junta directiva de este gremio.
Pero el proyecto no solo establece requisitos para los abogados recién graduados. También fija un mecanismo para fomentar la constante actualización de los profesionales del derecho, creando el Programa de Educación Legal Continua.
Con este sistema, todo abogado debe acreditar cada tres años su vinculación a una educación continua. Para ello puede tomar un mínimo de 30 horas-crédito en la Escuela Judicial, el Colegio Nacional de Abogados, la Universidad de Panamá o alguno de los entes autorizados por el Consejo Evaluador; dedicarse a la docencia universitaria en materia de derecho; cursar estudios superiores especializados en derecho a nivel de posgrado o de docencia superior; ser autor o coautor de obras jurídicas, trabajos de ensayos jurídicos, investigación jurídica y similares, publicados en medios de reconocido prestigio y alcance; o poseer otras ejecutorias equivalentes.
Se exceptúan de esta disposición los magistrados, jueces, procuradores, fiscales y personeros del Ministerio Público, los profesores de derecho de las universidades acreditadas en el país, las personas con 30 años o más en el ejercicio de la profesión o que superen los 75 años de edad.
CHOQUE DE OPINIONES
Para el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, aplicar un examen de acreditación es un tema académico no gremial ni administrativo. “Ni la Corte ni los gremios de abogados pueden dar un examen de acreditación para que se le dé la idoneidad a un abogado; tiene que ser un ente académico”, dijo.
En este caso, las universidades públicas o privadas deben hacer este examen de acreditación, apuntó.
En tanto, el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, opinó que lo que se quiere en el fondo es que las universidades exijan a los estudiantes mejor calidad.
Cuestionó que las universidades privadas han venido reduciendo las exigencias académicas, al punto de que algunas gradúan a abogados hasta con tres años de estudios, y otras con menos.
Solo en los últimos seis años, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia ha entregado 5 mil 903 idoneidades, indicó Álvarez. En total, hasta el 29 de septiembre de 2015 se habían entregado en el país 20 mil 239 idoneidades de universidades locales.
“El examen es para proteger a los ciudadanos de las malas prácticas y la falta de conocimiento de los abogados. Buscamos excelencia y la calidad en la enseñanza del derecho”, manifestó.
Advirtió que Panamá va a tener una verdadera crisis en su democracia, si no se exige un examen para obligar a las universidades a que no sigan graduando profesionales en menos de tres años, sin ningún rigor académico; de lo contrario, afirmó que el día de mañana la justicia panameña estará en manos de esos abogados.
AMPLIAS CONSULTAS
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional deberá analizar este proyecto en primer debate, pero su presidente, el diputado Pedro Miguel González, dijo que primero harán una amplia consulta y un análisis profundo de la propuesta.
"Invitaremos a docentes universitarios, grupos estudiantiles, gremios de profesionales y de los estamentos judiciales del país. Trataremos de generar el mayor consenso posible antes de aprobar esta ley”, enfatizó.
