El Gobierno panameño está convencido de que la firma del acuerdo de información fiscal traerá beneficios económicos importantes para el país.
Este sería vital en la ruta que ha emprendido Panamá para salir de la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y podría impulsar la ratificación del tratado de promoción comercial (TPC) que se firmó con Estados Unidos en 2007, considerando que Washington ha dicho que espera reformas en el régimen fiscal panameño antes de que el convenio comercial tenga vigencia.
El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, quien participó ayer del acto protocolar, reiteró que con el acuerdo de información fiscal la privacidad de las personas continuará siendo protegida y garantizada contra intromisiones indebidas.
Aseguró que no existirá el intercambio automático de información, ni las llamadas expediciones de pesca, y la información intercambiada será tratada en forma confidencial y no será revelada a otros países.
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) avaló el acuerdo con Estados Unidos con miras a salir de la lista de paraísos fiscales, mientras que los abogados lanzaron fuertes críticas.
Para la ABP, la firma del acuerdo con Estados Unidos le da a Panamá una imagen de país cooperador ante la comunidad internacional, algo positivo para la inversión extranjera y que podría permitir la salida de la lista gris de paraíso fiscal.
“El Centro Bancario Panameño se ha perjudicado por encontrarse en estas listas grises de la OCDE , ya que ha sido el motivo del retiro de algunos bancos de nuestro país y ha evitado que algunas empresas de dichos países consideren a Panamá para realizar inversiones y negocios”, señaló el gremio bancario.
Sin embargo, la ABP advirtió que el acuerdo puede ser beneficioso “siempre y cuando” la divulgación se haga de manera objetiva en cuanto a que solo afectará las cuentas de los clientes que estén siendo investigados en Estados Unidos por evasión fiscal o defraudación fiscal.
La ABP también recomendó al Gobierno asegurarse de que los mecanismos para el intercambio de información les garantice a los clientes del centro bancario panameño una total transparencia, y que verifique que hay igualdad de condiciones en todos los puntos del acuerdo, “ya que no sería beneficioso que nosotros nos obliguemos a cumplir con un acuerdo que no sea factible para ambas partes”.
Vallarino, junto con el vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, y el viceministro de Economía, Frank De Lima, respondió ayer a los cuestionamientos que “injustamente” se le hacen a este convenio.
A los abogados no les gusta reconocer, dijo Vallarino, que en lo que respecta a las acciones al portador se adoptó el régimen más flexible para ellos. No se están eliminando, explicó, sino que se está pidiendo que se identifique a sus propietarios.
El abogado Eduardo Morgan mantiene su postura de que el acuerdo sí podría afectar al país. “La percepción de que Panamá se entregó a Estados Unidos, llevaría a que muchos depositantes extranjeros saquen su dinero del centro bancario panameño, sobre todo los de países latinos como Venezuela, Colombia y Argentina”, aseguró Morgan.
Indicó que una situación como esta llevaría a la economía panameña a pique.
En tanto, el Colegio Nacional de Abogados remitió una carta al ministro de Economía, Alberto Vallarino, en la que resalta algunos puntos que dice preocuparle. “Nos preocupa de igual forma que Panamá acepte dar información sobre hechos que pueden ser delictivos en Estados Unidos, pero que no lo son en Panamá, específicamente en el ámbito de los temas fiscales”, sostiene la carta firmada por el presidente del gremio Rubén Elías Rodríguez.
“Creemos que este acuerdo, por la importancia que reviste para la economía nacional, pero también para la dignidad y el respeto que merecemos como nación libre, independiente y soberana, debe ser ampliamente discutido en todos los foros donde se debaten los temas que son importantes para nuestro presente y nuestro futuro”, reclamó el Colegio Nacional de Abogados.
