El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, tendrá que hacerle frente a otras siete denuncias que reposan en la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, en las que se le acusa de la presunta comisión de delitos contra la administración pública, que incluyen abuso de autoridad, usurpación de funciones públicas, corrupción de servidores públicos, y peculado.
En los expedientes se pone en duda actuaciones de Ayú Prado cuando fue procurador de la Nación y en la Corte.
El exjuez Alexis Ballesteros, quien lo denunció por supuestamente haberlo presionado para que fallara a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli, dice no “esperar nada” de la comisión de Credenciales. Asegura que diputados y magistrados tienen un “pacto” para protegerse mutuamente.
Mientras que Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, que lo denunció por peculado de uso por los gastos en viajes al extranjero y excesivos viáticos cobrados, indicó que la actitud de los diputados de no investigar, deja un mensaje “muy negativo” sobre el rol constitucional que tienen que cumplir.
Los siete expedientes en que se vincula al magistrado Ayú Prado
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, deberá hacerle frente a una denuncia en su contra por supuesto abuso de autoridad cuando era jefe del Ministerio Público, cargo en el que fue nombrado por el expresidente Ricardo Martinelli.
El caso guarda relación con una denuncia interpuesta en 2014 por el sindicalista Mariano Mena, quien argumentó en el escrito que en 2011, en su rol de procurador, Ayú Prado destruyó documentos e información de la investigación en el caso de hackeo al correo electrónico del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu.
Este es uno de los siete casos que reposan en la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, instancia que esta semana desestimara ocho denuncias contra el jefe de la Corte, interpuestas por el juez Juan Domingo Ibarra.
Los diputados que votaron para archivar los casos [ocho votos a favor y uno en contra] alegaron que no tenían elementos de convicción que sustenten los hechos. La mayoría de las acusaciones que tiene el presidente de la CSJ en el Legislativo están relacionadas con abuso de autoridad [ tres en total], usurpación de funciones públicas, corrupción de servidores públicos y peculado.
EXJUEZ BALLESTEROS
Otro de los expedientes al que le tendrá que hacer frente el magistrado, es el caso por la supuesta comisión de delito de abuso de autoridad. El documento llegó al Palacio Gil Ponce de la mano del exjuez Alexis Ballesteros, quien lo señala de haberlo presionado para que fallara a favor en pesquisas relacionadas con miembros del “círculo cero” de Martinelli.
Ballesteros denunció que había recibido presiones para fallar en tres casos: el de Transcaribe Trading, S.A. (TCT) –de propiedad de los hermanos Ochy, allegados al exmandatario– por el bloqueo a Corporación La Prensa, S.A.; el que se seguía a la perredista Balbina Herrera por divulgar correos de Martinelli en los que se hablaba de compras de equipos de seguridad, y otro que involucraba a un familiar de Gabriel Btesh, amigo personal del expresidente.
“Después de lo que ha ocurrido con otras denuncias, no puedo esperar más nada de la comisión de Credenciales. El proceso no ha avanzado, no sé si es que existe algún pacto con la Asamblea, pero mi expectativa sobre el resultado final de estas denuncias que presenté con pruebas, no es muy alta”, afirmó ayer Ballesteros.
Un tercer expediente contra este magistrado de la Corte, vincula además a sus colegas Harry Díaz, Jerónimo Mejía, Luis Ramón Fábrega, Abel Zamorano, y a los suplentes Secundino Mendieta, Giselle Ayala, Nelly Cedeño, e incluso abarca al exmagistrado Harley Mitchell.
El abogado Enrique Arrocha, en representación del ciudadano francés Jean Richard Charbit, los acusa de presuntamente cometer delitos en el ejercicio de sus funciones. Todo a raíz de una decisión de la Corte, luego de que el Servicio Nacional de Migración decidiera expulsar del país a Charbit por supuestos antecedentes penales en su país de origen.
Un cuarto expediente es por la supuesta comisión del delito de peculado de uso. Este surge luego de una denuncia de Alianza Ciudadana Pro Justicia en la que se incluyó también a De León y a Fábrega, por los viajes al extranjero y “los excesivos viáticos cobrados”.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, argumenta que en los registros existentes sobre viajes y viáticos se revela que los magistrados estuvieron en dos países de manera simultánea, lo que agregó, genera “sospecha”.
Lee dice tener la esperanza de que los diputados darán un mensaje “claro”, de que hay voluntad para cumplir el mandato constitucional que tienen para investigar a los magistrados.
‘Intromisión’
Otros dos casos [quinto y sexto] están relacionados con una investigación solicitada por el propio Ayú Prado contra una red de corrupción que operaba en el Órgano Judicial, denominada “la taquilla”, y que según las investigaciones cobraba sumas de dinero a cambio de liberar a procesados en casos judiciales.
Una de las denuncias la presentó la jurista Celma Moncada, quien lo acusa de supuesta “intromisión” en asuntos del Ministerio Público.
Todo guarda relación con una carta que envió Ayú Prado al fiscal sexto Anticorrupción el pasado 4 de febrero, en la que le sugiere que limite los movimientos de los investigados en este caso, en los tribunales superiores o juzgados. “Siendo magistrado de la CSJ él no puede ordenar como le ordenó al fiscal sexto”, agregó Moncada.
La otra denuncia la interpuso el abogado Rosendo Rivera, quien asegura que Ayú Prado cometió hechos dolosos en el caso “la taquilla”, luego de que en una nota remitida a la Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, sugirió como enlace a Ameth Cáceres Muñoz para una diligencia judicial relacionada con el caso.
Cáceres, según el denunciante, laboró en el pasado con Ayú Prado.
Revelaciones
El más reciente caso fue presentado por Luis Alfonso Romero Chatrú, quien, además, incluyó a Harry Díaz. Los acusa de supuestamente haber incurrido en faltas a los deberes de los servidores públicos.
La denuncia está sustentada en una entrevista que dio Díaz, en la que confirmó la existencia de bandos políticos en la Corte, habló de corrupción y dejó en evidencia la intromisión del Ejecutivo en el Judicial durante la era Martinelli.
¿Tienen futuro estos expedientes? El presidente de la comisión de Credenciales, el panameñista Jorge Iván Arrocha, aseguró que analizarán y tramitarán cada uno de esos casos. “Hay un compromiso de los diputados.
De haber un elemento que relacione los hechos denunciados con el magistrado Ayú Prado se hará una investigación”, prometió.
Explicó que repartirán copia de cada uno de los expedientes a los diputados que integran la comisión para que se asesoren con sus abogados y luego tomar una decisión.
