El proyecto de ley 625, que adopta la jurisdicción de extinción de dominio de bienes ilícitos en Panamá, presentado por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, está engavetado en la Asamblea Nacional desde abril de 2021.
No ha pasado del primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado perredista Leandro Ávila. La iniciativa, que tiene como objetivo crear y desarrollar un marco normativo contra los bienes ilícitos, tiene al Ejecutivo y al Legislativo enfrentados.
El presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, solicitó al Ejecutivo que lo retire, pero el ministro ya dijo que no lo hará.
Aparte de Pino, uno de los que ha dado la cara por la propuesta es el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs. En conversación con este medio, el funcionario aseguró que la extinción de dominio permite quitarle “ese músculo financiero” con el que las organizaciones criminales buscan perpetuarse. A su juicio, intenta impedir que el crimen siga reclutando nuevos miembros.
“En estos momentos vemos cómo hay una disputa por el control de la venta de drogas, la cual reproduce un mecanismo de subsistencia de quienes han hecho del delito su modo de vida. Qué mejor que quitarle esos dineros, que no puedan gozar de legitimidad, porque son obtenidos a través de una actividad ilegal. Entonces no pueden gozar de legitimidad ni de protección constitucional”., manifestó.
Riggs se refiere a lo que sucede en el distrito de San Miguelito por estos días. De acuerdo con lo que ha explicado el propio ministro Pino, bandas rivales que se dedican al narcotráfico se disputan el territorio, lo que ha dejado más de 20 muertos en la zona en lo que va de 2023.
Según Riggs, la extinción de dominio no es más que una consecuencia jurídica patrimonial, que consiste en la pérdida de la titularidad de bienes que no gozan de legitimidad. “Bienes que han sido adquiridos producto de dineros provenientes del narcotráfico, del secuestro, del robo, -¿por qué no?- de actos de corrupción, que generan violencia en sus manifestaciones y afectan el desarrollo humano sostenible, porque van contra el futuro de la nación, generan competencia desleal, porque establecen negocios con dineros sucios”, planteó.
Sara Salazar, exjueza de extinción de dominio, señaló a La Prensa que el derecho penal ya se quedó corto frente al crimen organizado. “Surge una figura de extinción de dominio como política criminal por fuera de la vía penal, para investigar la riqueza y patrimonio ilícitamente obtenido. Un proceso en el que no se investiga al titular de los bienes, sino al patrimonio o bienes adquiridos de manera ilícita”, explicó.
Panamá es de los pocos países de la región que no cuenta con una legislación sobre la figura. En cambio, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Perú y Argentina ya la tienen.
“No avanzar en la legislación de extinción de dominio pone en riesgo los sistemas democráticos y financieros, porque hay campañas políticas que se financian con dinero ilícito. Además, se aumenta la violencia generalizada y crea burbujas inflacionarias con el lavado de activos y la competencia desleal”, aseguró la exjueza.
Derechos humanos
Algunos juristas locales afirman que una ley de este tipo afectaría los derechos humanos. Riggs comparte su posición al respecto.
“Esto no es cierto. Se busca generar una discusión y un consenso, adaptarnos a la realidad nacional. No es una ley idéntica a la de Colombia ni a la de Honduras, ni El Salvador, ni Guatemala; ni siquiera a la de México. Eeúne las mejores prácticas, en la búsqueda de un consenso nacional para fortalecer la persecución criminal”, indicó.
Según Riggs, las diferencias de opiniones son parte de la democracia, pero lo que es evidente es que no se puede justificar lo que es ilegal.
“¿Quién puede justificar que producto de un asalto, un secuestro, trata de personas, eso dineros pueden gozar de legitimidad? Nadie lo puede probar. Quienes por un derecho natural de manifestar señalan que no es bueno, sus argumentos son contrarios a la ley... Tenemos que promover la certeza del castigo para el que utilice la ley mal, llevarlo a la justicia, procesarlo y condenarlo. Tenemos el caso de un exmagistrado, que salió por la puerta de atrás, y evidentemente eso debe ser un mensaje para cualquier mal administrador de justicia, que haga mal uso del poder que le confiere la administración de justicia para procesar, enjuiciar y condenar a las personas responsables de un delito”, sustentó.
La exjueza colombiana agregó que este mecanismo garantiza la adquisición libre de patrimonio, siempre que se haga dentro del marco de la legalidad, “porque hay debido proceso, derecho a la defensa, a la contradicción, a la prueba, y a la doble instancia”.
