Hace cinco años, el entonces alcalde capitalino, José Luis Fábrega, dijo ante el Consejo Municipal de Panamá que TX, la empresa encargada de las recaudaciones municipales en el distrito, tenía “secuestrada” a esa instancia municipal.
Fábrega dijo compartir “el sentimiento de burla” entonces expresado por los representantes de corregimiento, respecto a los “términos” en que fue suscrito el contrato, que se remonta al año 2006, cuando Juan Carlos Navarro (actual ministro de Ambiente) era el alcalde.
Agregó que dicho contrato fue redactado de una “manera confusa” y “a la medida”, y que si TX decidía suspender el servicio de recaudación, el Municipio de Panamá no podría llevar a cabo ninguna gestión de cobro debido a que existía “una especie de secuestro”, ya que la empresa tenía el control de toda la información.
Era el 16 de julio de 2019.
Al año siguiente, la opinión de Fábrega y del Consejo Municipal era otra: el alcalde, autorizado por los concejales, acudió al rescate de la empresa, que comunicó que la pandemia de la covid-19 le había ocasionado una “inestabilidad jurídica y económica”. Multibank Inc. (que había subcontratado a TX Panamá para la prestación del servicio) alegó que la pandemia y la moratoria le impedían cumplir con las “metas de recaudación”. Había problemas y el municipio tenía que ayudarles a “reponer el equilibrio económico” en su contrato.
De ese modo surgió la Adenda 5 al Contrato 024-2006, firmada el 23 de noviembre de 2020 por Fábrega y los apoderados de Multibank Inc., Gabriel Arias Velasco y Antonio Fistonich Athanasiadis. En la adenda se acordó que el Municipio de Panamá pagará una remuneración fija mensual de $683,000 al contratista, lo que suma poco más de $8.1 millones al año. Esta cantidad es sustancialmente superior a lo originalmente pactado en el contrato de 2006: $75,000 al mes.
Pero hubo más concesiones favorables al contratista.
En la adenda 5 también se acordó que Multibank recibiría una remuneración variable equivalente al 6.5% sobre la recaudación base anual. Esta recaudación base se calculó en $72 millones, según consta en la adenda 5. No obstante, una fuente indicó a La Prensa que al año se recauda un promedio de $136 millones, más del doble de lo pactado en el contrato. Si esto es así, eso significaría que el contratista podría quedarse con el 6.5% de unos $60 millones que se recauden al año, en concepto de remuneración variable.
Igualmente, se acordó que el municipio pagaría poco más de $8 millones a cambio del código fuente del sistema informático denominado ARI (Asistente en la Recaudación de Impuestos), para así mantener el control exclusivo del mismo.
Fábrega jamás emitió un comunicado sobre esta decisión y tampoco consta que la adenda haya sido publicada en Gaceta Oficial.
En aquella sesión del Consejo Municipal celebrada en julio de 2019, el entonces representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera -que presidía la reunión-, dijo que se desconocía el contenido del contrato y que no recibían informes de TX desde hace años.
Cuando La Prensa contactó a TX para solicitar su versión, nadie atendió.
En tanto, Multibank respondió que la pandemia afectó las condiciones de la prestación de los servicios de recaudación, lo cual generó un desequilibro económico. “Lo anterior, impactó la contraprestación al contratista y generó la modificación sobre la forma de cálculo de dicho pago”, agregó.
Que revisen y reconsideren
La representante de San Francisco, Serena Vamvas, exigió que se investigue a fondo la quinta adenda y que se evalúe si se quiere seguir ofreciendo contratos que parecen favorecer a las empresas en vez de la comunidad.
“Instamos a las nuevas autoridades a revisar y reconsiderar estos acuerdos para garantizar que la recaudación de impuestos sea eficiente y justa, y que los intereses de la comunidad y de todo Panamá se prioricen en todo momento”, dijo Vamvas cuando fue contactada por La Prensa.
“Es alarmante que un acuerdo que compromete recursos significativos del Municipio de Panamá se haya realizado sin la debida divulgación pública. La población tiene derecho a conocer cómo se manejan sus impuestos y contribuciones”, añadió Vamvas.
Hacer una adenda a una contratación pública para aumentar un pago mensual de $75,000 a $683,000 no es un adenda, es un delito. https://t.co/OTDv5RugLe
— Ramon R. Arias (@rrarias) October 9, 2024
Betserai Richards, diputado del circuito 8-6, expresó que no le sorprende el hallazgo del contrato y sus adendas, ya que -particularmente en pandemia- abundó el despilfarro de fondos públicos.
“Aunque la era del despilfarro supuestamente ya pasó, lo coherente es que la actual administración alcaldicia presente las denuncias formales”, dijo Richards en un mensaje a La Prensa.
“No podemos pretender decir que se hace lo correcto y, al encontrar irregularidades, omitir presentar las denuncias correspondientes”, agregó.
Se intentó conseguir la versión del Municipio de Panamá y del tesorero municipal Óscar Rodríguez, pero se abstuvieron de hacer comentarios.
