Parado bajo una tolda azul, flanqueado de banderas panameñas y flores artificiales, el alcalde de la ciudad capital, José Luis Fábrega, miró a su diminuto auditorio y exclamó –como el que anuncia la inminencia de un triunfo–: “Hay un clamor… que no hay espacio en el mercado… entonces lo vamos a hacer”.
Era la tarde del 11 noviembre de 2020, y así, envuelto en la efervescencia del aplauso de los pocos presentes, no imaginó que la ciudad seguiría siendo la misma, no así su administración, que quizás estaría a punto de estrellarse de cara contra el pavimento.
Las 25 personas que alzaron la mano en señal de aprobación de su nuevo proyecto –de las que, al menos, cuatro tienen o tuvieron empleos en el municipio que él dirige– no fueron el inicio de su anunciada transformación urbana, sino el puntapié inicial de lo que ahora está a punto de suceder: su revocatoria de mandato.
Este acto, celebrado en la junta comunal de Calidonia y del que solo unos cuantos estaban enterados, fue la “consulta ciudadana” que dio luz verde al proyecto que pretende borrar un parque sobre la Cinta Costera para levantar un nuevo edificio para la venta de mariscos. Y, marca, a su vez, el segundo intento del alcalde de la ciudad de Panamá de intervenir el frente de mar.
El primero fue también en plena pandemia –en agosto de 2020– para “recuperar las playas de la bahía”. Quedó en la nada por la reacción de la ciudadanía, que logró frenarlo. Enseguida, Fábrega insistió con una parte de aquella idea frustrada: un nuevo mercado de mariscos, correspondiente a la fase 1B de ese proyecto, pero que ahora vendía como la novedad, un “centro de atractivos turísticos” de $20 millones, que ya trepó a más de $40 millones.
Cuestionamientos
Solo que esta vez cambió su estrategia: No avisó de la “consulta ciudadana” ni informó que se había hecho. Habló sólo ante fieles y aceleró a fondo. Su obstinación cosechó tres denuncias y lo ha llevado al borde del nocaut. ¿Cómo, en solo dos años, se pasa de vencer el pesado aparato del PRD en una interna, cargando un tanque de gas, y de imponerse como alcalde con casi la mitad de los votos, a ésto? Lejos de los pasillos del poder, los vecinos de Calidonia y los usuarios del mercado dan una pista.
“El alcalde aquí no apareció ni pal tiempo de la política y ahora se quiere inventar un centro comercial sin consultarle a nadie”, dijo Eric Brown, sentado en un umbral de la calle 32 un sábado de abril por la mañana.
“No estamos de acuerdo con eso de que cambien el mercado con todas las necesidades que hay”, dijo Elizabeth, una mujer menuda de 64, unas calles más allá. “Aquí en Panamá hay muchas familias necesitadas, ¿y ellos quieren gastarse ese pocotón de millones de dólares arreglando un mercado que ya se arregló?”, se quejó Morao, un vendedor mayorista de pescado que vive en el corregimiento.
En las calles se respira el hartazgo y cansancio con la idea de aniquilar un símbolo de una vida comunitaria que parece desvanecerse en nombre de megaproyectos y cada vez hacen menos posible lo que antes era usual: la tranquilidad de ir un sábado a la mañana a comprar pescado.
Proyecto ‘improcedente’
Dice Eric Brown que si le hubiesen preguntado a él qué hacer con $40 millones en el barrio donde nació y donde vive desde hace 54 años, lo último que se le hubiera ocurrido es construir un centro comercial al lado de un mercado de venta de pescado.
Es que en Calidonia, el rincón de comercios y edificios públicos de la ciudad donde cada vez vive menos gente, hay caos, sobra la basura y encontrar un lugar para estacionar es tan imposible como dar con vecinos –como Eric– cualquier sábado por la mañana.
Lo mejor –dice– sería que les pregunten a ellos, así ellos mismos les contarán que necesitan “mejores viviendas, solucionar el problema de la basura y trabajo”. Eric es un ingeniero eléctrico que desde la pandemia está “libre”, y sintetizó la bronca de muchos consultados por La Prensa con la idea del mall de Fábrega: inconsulto e innecesario.
En el mercado, quienes se fajan desde la madrugada hasta la noche para ofrecer pescado fresco y barato, la opinión es la misma: “Viene la política y hace lo que le da la gana”, dijo Rafael, un hombre alto y flaco, de 35 años, que vive en El Chorrillo y que aprendió las artes de la pesca antes que a sumar y restar.
En casi dos décadas allí, Rafael vio los manejos de las distintas administraciones y escuchó promesas que nunca se cumplieron. “La última mejora [al mercado] dejó el piso así…”, dijo, señalando el agua desbordada a su pies que obliga a los visitantes a un ejercicio de equilibrio para no resbalar. “Le dijimos que no tocaran eso, que tenía un sistema que drenaba solo”. Pero ¡que va! Lo cambiaron y tuvieron que poner una compañía para que se mantuviera trapeando todo el día”.
El Mercado del Marisco, en la frontera del Casco Viejo con la ciudad moderna, existe por una iniciativa de la alcaldía que se concretó con una donación de $8 millones del gobierno de Japón. Fue inaugurado en 1994, y tuvo pocos cambios hasta 2015, cuando el alcalde de entonces, José Isabel Blandón, licitó una obra de mejoras de más de $3 millones, que terminó tres años después por más de $1 millón más: $4.9 millones, según información disponible en Panamá Compra.
Negocios
Esa remodelación incluyó, entre más de 60 ítems, un sistema de agua potable y sanitarios, baños, paneles solares y los pisos de los que habla Rafael. La limpieza diaria ha costado más de $430 mil en la actual gestión Por ese monto total, entre noviembre de 2020 y agosto de 2021, se adjudicaron dos actos públicos y se autorizaron, vía procedimiento especial, cuatro actos más para el “servicio de limpieza y desinfección diaria”. Todos ellos fueron concedidos a la misma empresa: Hombres de Blanco, Corp.
Esta empresa cuenta, además, con muchos más contratos con entidades del Gobierno que suman millones de dólares. Por ejemplo, ha sido contratada para limpieza en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá; Sistema Estatal de Radio y Televisión; Órgano Judicial; Autoridad Nacional de Servicios Públicos; Metro de Panamá, Consejo Nacional de Seguridad; Presidencia de la República; MiBus; Superintendencia de Bancos; Aeropuerto Internacional de Tocumen; Banco Hipotecario; Instituto Nacional de la Mujer; Hospital San Miguel Arcángel; Empresa de Transmisión Eléctrica y los ministerios de Economía y Finanzas; Vivienda; Seguridad Pública; Salud y Desarrollo Social. Todos con contratos que empezaron en 2019 a la fecha, aunque hay algunos hechos durante el pasado quinquenio.
Hombres de Blanco Corp. la preside Rubén Arguelles, quien ha sido fotografiado en un yate con el expresidente Ricardo Martinelli. En noviembre de 2020, fue inscrito en el Registro Público el último cambio de agente residente de Hombres de Blanco, siendo actualmente Carlos Jerónimo Núñez Albornoz, abogado que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2011 una sanción en su contra, suspendiéndolo del ejercicio del derecho por tres meses, por infringir el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.
Opiniones en contra
Ahora, otra vez lo mismo: la danza de millones para intervenciones en el espacio público que afectan a muchos y que no se entiende a quiénes beneficia con exactitud.
Este periódico consultó a vendedores del mercado, vecinos de Calidonia, arquitectos y urbanistas, referentes de movimientos sociales y de la sociedad civil para reunir una muestra rápida de la opinión sobre el megaproyecto que Fábrega insiste en construir.
Ninguno ve bien esta millonaria inversión, aunque Fábrega sigue buscando adeptos con la promesa de generar nuevos puestos de trabajo y asegurar más estacionamientos. En una ciudad con tantas necesidades, destinar más de $40 millones para eso, después de una completa renovación al actual edificio que alberga el Mercado del Marisco y que usan miles de habitantes, se lee como una atrocidad.
El urbanista Álvaro Uribe sostiene que el proyecto es “realmente improcedente”. Su colega Luis Alfaro no puede creer que quieran privatizar el frente de mar sólo para hacer estacionamientos. “Fábrega es un hombre prepotente, que tira pal rico. Si él pensara en el pobre, no nos querría atropellar como nos está atropellando”, opinó Bety, detrás del mostrador del módulo 16 del Mercado del Marisco.
Todo gira entonces en torno a una consulta ciudadana de la que nadie se enteró, y en la que solo participaron invitados del alcalde.
Investigaciones
Y es que consultar a los ciudadanos es una obligación que impuso la Ley de Descentralización para el uso de sus fondos. En una decena de sus artículos, esta legislación indica que los municipios o juntas comunales deben someter a consulta de las comunidades el destino de los fondos de los impuestos de inmuebles, para “un mejor desempeño de la gestión pública” y para garantizar que todo lo que hagan los gobiernos locales con esos fondos sea con el único fin de mejorar el bienestar de la ciudadanía.
La “consulta” del proyecto de Fábrega se realizó aquella tarde de noviembre, en plena pandemia. “Aquí nunca escuchamos de una consulta”, aseguró César, en una esquina de la avenida Justo Arosemena, en un recorrido que hizo este medio por Calidonia el sábado 9 de abril a la mañana.
“Nada de nada”, corroboró, a su lado, Julieta. A dos calles de allí, en el Centro de Orientación San Juan Pablo II, lo mismo. En el Mini Súper JJ, sobre avenida Perú, igual. Si tienes la suerte de encontrarte con algún vecino en un rincón cada vez más poblado de comercios, el residente repite eso: ¿Cuál consulta?
“Eso es típico de todos los gobiernos: Hacen lo que les da la gana y se inventan las consultas”, dijo Eric, entre el hastío y la bronca. “Dicen ‘dizque, bueno, vamos a hacer un pequeño plebiscito’. ¿Cuánto pueden costar 20 mil papeletas? ¿$10? No, valen $50 mil’, dicen. Y pum: ¡El gol!”.
El alcalde sostiene que la consulta se hizo; que todo es legal. En una entrevista con el comentarista Edwin Cabrera, Fábrega prometió que “nada ni nadie nos va a desenfocar de lo que estamos haciendo”, aunque ahora se concretó el inicio del proceso de la revocatoria de mandato, lo que ha provocado que empiece a defenderse.
Existe un documento, con las fotografías y los detalles del acto de “consulta ciudadana”: duró menos de una hora, los presentes eran menos de 30 ciudadanos y no hubo intercambio alguno. Es decir, los presentes no tuvieron ninguna duda del proyecto.
Quizás por ello, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana pidió a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que investigue la legitimidad y legalidad de ese acto, ya que, a su juicio, incumplió los requerimientos de difusión en medios de comunicación, presentación de información sobre los costos y estudios de costos, beneficios sociales y la factibilidad que exige la ley.
La sospecha es que tal acto fue amañado, como se arma una patraña.
En Twitter, tanto desde la cuenta oficial de Fábrega como la del Municipio, se anunció la consulta ciudadana para el proyecto de playas en en la bahía. Ello resultó en un frenazo al proyecto. Aprendida la lección, del mercado, nada en Twitter. La junta comunal de Calidonia dijo a la Antai que la convocatoria de noviembre pasado no fue a través de Twitter, sino a través de volantes. Pero no pudo mostrar ni una sola de éstas.
El municipio, a su vez, publicó un aviso en su página web, pero no precisó el tema a discutir ni ningún otro detalle que revelara el propósito de la convocatoria, salvo la fecha y el lugar: 11 de noviembre del 2020, en los estacionamientos de la junta comunal de Calidonia, corregimiento de Calidonia.
Ese día, 25 personas aprobaron la iniciativa de Fábrega, en un corregimiento que cuenta con, al menos, 19 mil personas, y para definir el uso de un parque en la Cinta Costera al que asiste un millón. De esas 25 personas que le dieron el sí a Fábrega, cuatro tienen vínculos con la administración municipal. Tres de ellos aparecen en la planilla de marzo de 2022: dos como administradoras en el programa de Descentralización, con salarios de $900; otra es “auxiliar de promotor comunal” en el programa Basura Cero, con salario de $700. La cuarta persona aparece como inspector en la planilla de noviembre de 2021.
Pero hubo dos denuncias más: una contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Sala Tercera, por ceder terrenos a la Alcaldía sin consulta, cuando hay un cambio de uso de suelo y por la falta de competencia del MEF en este asunto (la administración de los terrenos donde se desarrollaría el proyecto están bajo el paraguas del Ministerio de Obras Públicas). La segunda denuncia es del movimiento Consulta Ciudadana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, a su juicio, además de violar varias leyes, no cuenta con refrendo de la Contraloría.
Ciudadanos sin voz
Pero, más allá de la evidencia legal, los métodos de Fábrega reflejan el modo agotado de hacer política y de construir ciudad y del casi inexistente papel que juega el ciudadano en la forma en que se toman decisiones. Ni siquiera hubo un intercambio en el que alguien o varios pudieron enriquecer o resolver… o hacer ver que el proyecto no es viable o si viola normas urbanas. Sencillamente, el ciudadano fue ignorado.
“Yo te puedo decir qué necesidades hay en el mercado y qué podemos mejorar. Por eso hay que consultar a las personas del lugar que lo viven. No todo es teoría”, dijo Rafael, un vecino del Chorrillo que pasa sus días vendiendo pargos, sierras y corvinas. “Si hacen más cosas, vendría más caro el marisco y vaya a saber a qué precio se va a ir”, dijo Elizabet, una residente de Calidonia. Y Bety –que teme que luego de cualquier obra el alquiler de su módulo trepe por las nubes– dijo que “Fábrega hizo un pacto con cuatro personas. Pero vuelvo y repito, nosotros estamos organizados y aquí, de los 70 módulos [existentes], nadie quiere el mercado nuevo”.
“La comunidad representa un obstáculo para la persona que viene y dice: ‘Esto es lo que ustedes necesitan’, porque la comunidad sabe lo que necesita y eso casi siempre es distinto a lo que proponen esos proyectos”, dijo Yousee Herrera, referente del movimiento feminista.
Por ello, Olga de Obaldía, de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, piensa que “el hecho de que crean que pueden manipular la consulta ciudadana, de manera que no represente el interés del ciudadano, es muy grave”.
En la cuestionada consulta de noviembre de 2020, ya sentado bajo la sobra de la tolda azul, y bajo el aplauso amigo, Fábrega dijo: “Tú eres el propietario de tu propio destino”. Ahora la ciudad –y sus ciudadanos– decidirá el suyo.
