La fecha del juicio por el caso Odebrecht, del 1 al 18 de agosto de 2023 y del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023 (fecha alterna), y el calendario electoral rumbo al 2024, no serían un obstáculo para que el expresidente de la República Ricardo Martinelli, y otros procesados en este caso, puedan correr como candidatos para los próximos comicios generales.
Cuando llegue el momento del juicio, Martinelli, quien aspira a la Presidencia de la República, ya sería el abanderado de su partido Realizando Metas (RM). Esto porque el Decreto 48 del 2 de septiembre de 2022 del Tribunal Electoral (TE), dispone que las elecciones primarias de los partidos políticos, torneos en donde deberán escoger a sus candidatos, se tendrán que hacer en junio de 2023. Esas candidaturas deberán ser formalizadas ante el TE a más tardar el 31 de octubre de 2023, según lo dispone el Decreto 29 del 30 de mayo que convoca a la elección general del 5 de mayo de 2024. Mientras que el 2 de enero de 2024, es el último día que tiene el TE para publicar las candidaturas en firme en el Boletín Electoral.
El círculo cercano del expresidente y el equipo de abogados que lo representa, admiten estas ventajas y hasta lo celebran. ”Es que cuando se de la audiencia, si es que se llega a dar, ya Ricardo Martinelli es un candidato presidencial, que es lo que ellos estaban intentando”, aseguró Roniel Ortiz, uno de los abogados del exgobernante, sin precisar a quién se refiere cuando habla de “ellos”.
Justicia tardía
A la fecha de juicio y el calendario electoral, se suma otro elemento: la lentitud de la justicia panameña. La tesis la refuerza el exfiscal electoral Boris Barrios, quien asegura que mientras no haya una condena, nada le impide al exmandatario o a cualquiera que fue llamado a juicio por el caso Odebrecht ser candidato para las elecciones de 2024. “No hay ningún impedimento. Yo la verdad, por la lentitud de la justicia panameña, no creo que vaya a estar inhabilitado para correr en las próximas elecciones”, precisó.
El artículo 180 de la Constitución dice que “no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”.
Barrios recordó que el proceso para una condena es largo. “Primero vienen las notificaciones, luego la apertura del término para aducir las pruebas, lo cual puede implicar recursos de las partes al momento que se nieguen pruebas. Eso va a dilatar las decisiones, se van a presentar amparos de garantías, si se realiza la audiencia de fondo, el tiempo que toma la celebración de la audiencia, la dictación de la sentencia”, aseguró. El fallo podría ser apelado, por lo que agregó, en el peor de los casos si se niega la apelación viene el recurso de casación. “Y si también se confirma (el fallo), viene el recurso de revisión penal que interpuesto en términos oportunos, suspende los efectos de la sentencia”.
Bajo ese escenario él cree que se celebrarán los comicios y no habrá nadie inhabilitado. Las elecciones generales se desarrollarán el 5 de mayo de 2024, nueve meses después de que se haya realizado el juicio, si es que esta diligencia se desarrolla en agosto.
Por su parte, el analista político José Stoute manifestó que dada la extraordinaria importancia que tiene este juicio, “por razón de la naturaleza de los acusados y el enorme daño causado al país”, el sistema judicial debió garantizar un fecha mucho más próxima precisamente para evitar en lo posible potenciales situaciones jurídicamente conflictivas.
Recordó que el caso Odebrecht, y “más precisamente el juzgamiento de Ricardo Martinelli, es una especie de examen final a la justicia panameña”. “O funciona el sistema judicial panameño, o somos un Estado cuasi fallido, en el que todo es válido y permitido”, manifestó.
“Nos estamos jugando lo que queda de la disminuida democracia que padecemos”, añadió.
Mientras que Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, también está convencida de que los tiempos del calendario electoral, y los de la justicia, corren a favor de Martinelli y de los imputados que deseen participar como candidatos en el torneo de mayo de 2024. “No hay manera posible que en ninguna de esas fechas tengamos una sentencia en firme”, aseguró en Telemetro. “La verdad es que es una situación donde esos dos calendarios que van a correr paralelamente, van a generar una gran incertidumbre (...)”, añadió.
Martinelli también debe enfrentar la audiencia preliminar por el caso New Business, proceso que en su caso está más atrasado aún, debido a que en enero de este año esquivó esta diligencia judicial a raíz de que sacó a relucir el fuero electoral penal.
¿Fuero?
En medio del debate surge otra pregunta importante. ¿Dado que sería el candidato de RM estaría protegido por el fuero? De acuerdo con el artículo 314 del Código Electoral, no. Esa disposición dice lo siguiente: “una vez levantado el fuero electoral penal dentro de un proceso, no será necesario solicitar nuevamente su levantamiento en caso de que el aforado adquiera nuevamente el fuero por cualquier otra situación”. El TE ya le levantó el fuero a Martinelli para que pueda ser investigado por New Business y por el caso Odebrecht.
Baloisa Marquínez, jueza del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, llamó a juicio a 36 personas por el caso Odebrecht, entre ellos a Martinelli y al expresidente Juan Carlos Varela.
