Dos días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 406, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd presentó su renuncia irrevocable al cargo que ocupó desde el 1 de junio de 2022.
La renuncia de Alfaro era una de las más reclamadas por los ciudadanos. Alfaro Boyd fue quien firmó y llevó el contrato con Minera Panamá a la Asamblea Nacional, para su aprobación. También le correspondió, como titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), firmar junto al presidente Laurentino Cortizo la ya inexistente Ley 406.
”La decisión que hoy comunico, responde al ánimo de dar espacio al diálogo amplio y sincero que reclama el país”, se lee en la carta de renuncia que presentó al presidente Laurentino Cortizo.
El miércoles pasado, en Consejo de Gabinete, según fuentes presidenciales, ya Alfaro Boyd había informado al mandatario sus intenciones de abandonar el cargo, pero no fue hasta ayer jueves que se oficializó la renuncia. La misma fue hecha pública en una conferencia de prensa desde el anfiteatro de la Presidencia y el acto fue transmitido a todo el país por Sertv.
Antes de presentar su reemplazo, el ahora exfuncionario advirtió al país que “el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 podría acarrear serias consecuencias para el país”, entre ellos, la pérdida de empleos, arbitrajes, pérdida del grado de inversión por parte de las calificadores de riesgo “y otros más que han sido ampliamente advertidos y que me siento obligado a reiterar”.
Los ciudadanos le cuestionan a Alfaro Boyd, entre otras cosas, que tanto él como su antecesor Ramón Martínez de la Guardia, actual embajador en Estados Unidos, le solicitaron al procurador de la Administración, Rigoberto González, que mantuviera “en reserva” todas sus opiniones sobre la renegociación y aprobación de la Ley 406, a pesar de que éste les advirtió, por escrito, cuáles fueron los errores cometidos con la concesión otorgada en Donoso, en 1997.
La gente también le pide cuentas sobre los millones gastados en la redacción del contrato: $5.9 millones.
Le puede interesar: Las protestas antiminería dejaron 5 personas muertas y varias con pérdida de la visión
En su carta de renuncia, el exministro defendió el proceso de negociación y contratación con Minera Panamá y señaló que al “asumir el cargo, los términos de la negociación ya habían sido acordados, sin embargo no se había logrado aún un contrato que reflejase lo pactado y que garantizara los mayores beneficios que recibiría la República de Panamá”.
Sin embargo, asegura que reconoce “el fervor patriótico manifestado en las calles, de quienes rechazaron el contrato Ley 406″.
De la Secretaría de Energía al MICI
A Alfaro Boyd, lo reemplazará Jorge Rivera Staff, que hasta ayer jueves se había desempeñado como secretario nacional de Energía.
Rivera Staff, abogado, exasesor legal de la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A, consultor, facilitador de empresas privadas, entidades y oenegés, prometió acatar el fallo de la CSJ de una manera segura, para lo que se establecerá una mesa técnica con el Ministerio de Ambiente.
”El Ministerio de Comercio e Industrias se encuentra evaluando las acciones que le corresponde tomar para acatar la sentencia emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro del marco de la estricta legalidad, y de una manera segura, para lo cual se estará estableciendo una mesa técnica de coordinación con el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Seguridad”, leyó el nuevo ministro.
Alfaro Boyd y la justicia
Los reclamos ciudadanos han llevado a abogados a interponer denuncias contra Alfaro Boyd. Precisamente, ayer jueves, se presentaron dos denuncias penales contra él y contra el contralor general de la República, Gerardo Solís.
Los recursos fueron gestionados (por separado) por los abogados Ernesto Cedeño y Rosendo Rivera. La denuncia de Cedeño pretende que se investigue a Alfaro Boyd y a Solís por haber participado “activamente” en la creación de la Ley 406, que adoptó el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., norma que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, por violar 25 artículos de la Constitución.
Rivera, en tanto, acusa a ambos de la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público, entre otros delitos.
Estas denuncias se suman a la presentada en septiembre pasado, por el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien también denunció a Alfaro Boyd y a Solís, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, contra la personalidad jurídica del Estado, así como cualquier otro delito que la investigación determine, por las actuaciones realizadas en la aprobación del contrato con Minera Panamá.
