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Ferrocarril, terrenos y transparencia: Thomas Kenna defiende la concesión de PCRC

El ejecutivo aborda las críticas relacionadas con los alquileres que su empresa, Panama Canal Railway Company recibe en virtud de una concesión estatal firmada en 1998.

Ferrocarril, terrenos y transparencia: Thomas Kenna defiende la concesión de PCRC
El ferrocarril entre Panamá y Colón es manejado por Panama Canal Railway Company. Archivo

En medio de las críticas surgidas por los millonarios alquileres que paga el Estado por tener oficinas de la Autoridad Nacional de Aduanas y al Metro de Panamá en terrenos concesionados a Panama Canal Railway Company (PCRC), Thomas Kenna, presidente y CEO de esta empresa, dio su versión de los hechos y narró cómo en 1998 se les otorgó la concesión.

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En entrevista con La Prensa, Kenna expresó su sorpresa ante las críticas, subrayando que, en más de 25 años de operaciones, nunca se había cuestionado la legalidad de la gestión de la empresa.

“Estas acusaciones son irresponsables y carecen de fundamento. En lugar de realizar una investigación formal, algunos diputados decidieron ventilar el tema en redes sociales como TikTok, afectando la imagen de una empresa que ha trabajado de manera transparente y dentro del marco legal establecido desde 1998″, declaró Kenna.

Ferrocarril, terrenos y transparencia: Thomas Kenna defiende la concesión de PCRC
THOMAS KENNA


Se refiere a los diputados Augusto Tuto Palacios y Eduardo Gaitán, de la bancada independiente Vamos. En la Comisión de Presupuesto, Palacios, quien representa al circuito 4-1 (David, Chiriquí), cuestionó un traslado de partidas por $3.5 millones solicitado por la Autoridad Nacional de Aduanas para saldar una deuda con PCRC correspondiente a los alquileres de un local de 2021, 2022, 2023 y 2024. Según Soraya Valdivieso, directora de Aduanas, el depósito en cuestión contiene chatarra, viejos expedientes y mercancía “absolutamente deteriorada”.

Más información del tema aquí: De dueño a inquilino: la deuda millonaria de Aduanas por el alquiler de locales en tierras públicas

Mientras tanto, Gaitán, representante del circuito 8-2 (San Miguelito), presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si hubo irregularidades o posibles delitos en la extensión del contrato de concesión por 25 años más o hasta 2049, otorgado a PCRC para operar el ferrocarril.

Gaitán busca identificar a los responsables de aprobar esta concesión, que, según afirma, obliga al Estado a pagar alquileres por terrenos que pertenecen a los panameños. Esto también incluye al Metro de Panamá, S.A., que destina más de $1.4 millones anuales al pago de alquileres a PCRC por terrenos que ocupa en Curundú. Desde 2013 hasta 2024, el Metro de Panamá ha pagado más de $15 millones a la empresa.

Historia de la concesión y el panorama inicial

La concesión que dio origen a PCRC fue parte de una estrategia del gobierno de Ernesto Pérez Balladares en 1996 para potenciar la infraestructura logística del país. Según Kenna, el éxito del puerto Manzanillo International Terminal, concesionado en 1995, inspiró proyectos similares, como los puertos de Balboa y Cristóbal, y la idea de un ferrocarril que conectara ambos.

“No hubo interés internacional en el ferrocarril. Nadie le veía futuro”, narró.

Sin embargo, explicó que Kansas City Southern, una empresa estadounidense, mostró interés en el proyecto a pesar de que el ferrocarril estaba en ruinas. “El Estado panameño había recibido el ferrocarril en 1979 y lo operó hasta 1998, pero durante esos 20 años se manejó muy mal, sin las inversiones necesarias”, añadió.

En 1998, el gobierno panameño otorgó la concesión del ferrocarril a PCRC bajo términos que Kenna calificó como “muy favorables al Estado”, incluyendo el pago del 10% de los ingresos brutos y una inversión inicial mínima de $30 millones.

La extensión del contrato y auditorías

Kenna explicó que debido a lo cuantioso de la inversión requerida, solicitaron una concesión de 50 años. El gobierno accedió a otorgar un contrato inicial de 25 años, renovable si se cumplían los términos establecidos.

En 2023, tras cumplirse los 25 años, tanto la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) como la Contraloría General auditaron el contrato. Según Kenna, las auditorías confirmaron inversiones superiores a $175 millones, superando los $30 millones requeridos, y el cumplimiento del pago del 10% de los ingresos.

“La junta directiva aprobó la prórroga. Además, solicitamos que la Contraloría realizara una auditoría exhaustiva, la cual demostró que no solo cumplimos con los términos, sino que los excedimos”, afirmó.

Los terrenos en Curundú y los problemas con Aduanas

Uno de los puntos álgidos de las críticas se centra en los terrenos en Curundú, donde están las oficinas de la Autoridad Nacional de Aduanas y del Metro de Panamá S.A. Según Kenna, estos terrenos fueron asignados a PCRC en un estado de abandono, expuestos a invasores y saqueos. “Recibimos unos hangares en muy mal estado”, contó.

Luego, dijo, la empresa invirtió en su protección, implementando medidas de cercado, seguridad y mantenimiento.

Ferrocarril, terrenos y transparencia: Thomas Kenna defiende la concesión de PCRC
Sede de la Autoridad Nacional de Aduanas. LP/Archivo

En ese espacio, Aduanas ocupaba una pequeña área. “Y nos pidieron que les diéramos tiempo para ellos moverse, porque la intención de ellos era irse de ahí, y que por mientras, ellos nos iban a reconocer un alquiler por el tiempo que estaban ahí, porque reconocían que esa era nuestra propiedad, y nuestra propiedad, recuerden, es custodio de la AMP. O sea, todo lo que nosotros cobramos en alquiler, debemos entonces pagarle al gobierno su 10%”, dijo.

Pero con el tiempo Aduanas amplió su ocupación sin regularizar los pagos. Esto generó una deuda acumulada y conflictos administrativos. “A pesar de estos problemas, siempre hemos trabajado en coordinación con las autoridades para resolver los inconvenientes”, explicó Kenna.

El caso del Metro de Panamá S.A.

Otro foco de crítica han sido los terrenos utilizados por el Metro de Panamá S.A. Kenna detalló que PCRC inicialmente tenía esas tierras subarrendados a tres empresas privadas que habían realizado inversiones significativas. Pero en 2013, la gerencia de la Secretaría del Metro (hoy Metro de Panamá S.A.) se les acercó y les indicó que tenían interés en ocupar esos terrenos.

“Nosotros les informamos que esos eran clientes nuestros, que estos clientes habían hecho una cuantiosa inversión ahí y que nos pagaban los alquileres. El contrato con la Nación claramente estipula que el ferrocarril tiene todo el derecho de subarrendar a favor de la empresa y la Autoridad Marítima”, narró.

El Metro insistió. Llegaron a un acuerdo financiero con las tres empresas y estas compañías acordaron irse. Y fue así como el Metro de Panamá se instaló en la zona.

Son terrenos que son parte de la concesión otorgada a Panama Canal Railway Company, de la cual yo soy responsable ante la Autoridad Marítima. La Autoridad Marítima fiscaliza esos terrenos, esos alquileres y cobra mensualmente el 10% de todo lo que esos subarriendos generan, al Igual que de todas las otras actividades que hace el ferrocarril, como es movilización de contenedores, almacenajes de carga y otras cosas que hacemos nosotros”, aseguró Kenna.

Impacto económico y proyecciones futuras

El empresario destacó el impacto del ferrocarril en la economía nacional. Actualmente, contó, moviliza 400,000 contenedores al año, generando empleo en sectores portuarios, transporte y logística. Desde 1998, el gobierno ha recibido más de $10 millones en regalías, y se espera que en 2024 las contribuciones alcancen $6.5 millones. En los 25 años, contó le aportaron $60 millones al Estado.

“El valor del ferrocarril no se limita a las regalías. Su impacto económico que beneficia a miles de familias panameñas y posiciona al país como un hub logístico clave en la región”, sostuvo Kenna. Además, proyectó que la construcción del Puerto Corozal podría duplicar los ingresos actuales, incrementando aún más los beneficios para el gobierno.

Llamado a la responsabilidad y seguridad jurídica

Kenna enfatizó que las denuncias públicas sin sustento dañan la imagen de Panamá como destino de inversión extranjera. “Es fundamental que las críticas se hagan por los canales adecuados. Alterar contratos establecidos genera incertidumbre y afecta la confianza de los inversionistas”, advirtió.

Concluyó señalando que el contrato firmado en 1998 reflejó la realidad de su época y que los resultados obtenidos respaldan su importancia para el desarrollo del país. “El ferrocarril es un orgullo nacional y continuaremos trabajando para consolidar a Panamá como líder logístico en el hemisferio”, afirmó.


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