La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas empezaron sendas investigaciones relacionadas con el uso de una misma finca para consignar las fianzas de excarcelación de los ex ministros Belgis Castro y Salvador Rodríguez, así como del ex ingeniero municipal Jaime Salas.
En el Órgano Judicial –específicamente en los juzgados Segundo y Undécimo Penal–, las investigaciones incluyen una auditoría sobre el proceso de otorgamiento y consignación de las fianzas de excarcelación de los tres ex funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Las auditorías alcanzan a la jueza segunda penal, Hilda Bonilla de Vidal, quien aceptó la fianza hipotecaria a favor del ex ingeniero municipal Jaime Salas, por 500 mil dólares. Salas está acusado por delitos contra la administración pública y contra la economía nacional.
También se investiga a la juez undécima, Josefina Scoplis, quien aceptó las fianzas de excarcelación (150 mil dólares cada una) de los ex ministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez, procesados por irregularidades en la asignación de contratos para remover la fibra de vidrio en las escuelas públicas.
Con relación al Ministerio Público, el procurador suplente, Guiseppe Bonissi, informó que su despacho confirmó que la finca número 50728 –de una hectárea de extensión y ubicada en Coclé–, utilizada para la consignación de las fianzas otorgadas a Castro, Rodríguez y Salas, fue igualmente usada como garantía hipotecaria para la consignación de otras 10 fianzas de excarcelación.
Al respecto del nuevo hallazgo, Bonissi asegura que “esta investigación irá hasta las últimas consecuencias” y que incluirá a los “afianzadores” que pusieron como garantías el globo de terreno valorado en 3 millones de dólares, y a los funcionarios que avalaron y registraron el precio de la propiedad.
El Procurador encargado agregó que, de momento, los abogados que representaban a las personas implicadas en la utilización de esta finca como fianza no están bajo investigación. “Ellos simplemente solicitaron la asistencia de una afianzadora que debió garantizar que la fianza fuera cónsona con las necesidades de sus clientes”.
Finalmente, Bonissi explicó que una vez que su despacho avance en estas sumarias, el caso podría ser delegado a una de las fiscalías Anticorrupción.
