Justo cuando Silverio Rodríguez, juez cuarto penal, ordenó el archivo de las investigaciones en el caso de una finca sobrevalorada y utilizada como garantía para las fianzas de excarcelación de dos exministros de Educación –Belgis Castro y Salvador Rodríguez–, el ex ingeniero municipal del distrito de Panamá Jaime Salas y otras 10 personas, la historia se repite con nuevos y singulares actores.
Esta vez, los protagonistas están implicados en la denunciada penetración del narcotráfico en el Ministerio Público (MP) que provocó la renuncia del entonces procurador encargado, Giuseppe Bonissi.
Se trata de la exfiscal de Drogas de Herrera y Los Santos Milagros Valdés, el abogado Alcibiades Ballesteros y la exjefa de Recursos Humanos del MP Eva Lorentz, todos vinculados al caso conocido como la “narcoavioneta” (Ver nota relacionada).
Valdés y Ballesteros recuperaron la libertad al presentar una fianza hipotecaria de $100 mil cada uno, utilizando la finca 319525, ubicada en La Pacora, distrito de Antón, provincia de Coclé.
Esta finca, cuyo propietario es el costarricense Marcial Molina Arrieta, tiene mil 735 metros cuadrados y un valor catastral de $477 mil 356, según la escritura pública 1433, inscrita el 21 de enero de 2011, según consta en el sistema de información del Registro Público.
Este terreno ha garantizado, entre el 9 de febrero y el 28 de abril de 2011, 21 fianzas de excarcelación por un total de $435 mil 700, lo que significa que ha excedido su capacidad de servir de garantía, ya que el artículo 2162 del Código Judicial señala que la propiedad debe tener el doble del valor de la fianza consignada. (Ver tabla).
