Compleja, difícil de entender y muchas veces “opaca”. Estos son algunos rasgos de la Asamblea Nacional, en palabras del diputado independiente Gabriel Silva.
Pero si se pone la mirada en las 15 comisiones de trabajo, el resultado es peor. La participación ciudadana está condicionada a la voluntad del diputado que preside esa comisión y sus comisionados (es decir, el cuerpo de diputados que la integran). Muchas veces no hay información de cuándo sesionan ni qué temas abordarán: el orden del día y la agenda está en una especie de cuarto oscuro. Y cuando sí la divulgan, normalmente lo hacen el día antes.
“Es una práctica descarada. A mí, como diputado, a veces avisan seis u ocho horas antes de una sesión en la que se van a analizar 15 temas”, contó el diputado.
En primera fila lo observaba su colega el diputado Leandro Ávila, del gobernante Partido Revolucionario Democrático. Silva recordó que Ávila preside una de las comisiones “más activas”: la de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
La lista de prácticas veladas no termina allí.
Tampoco se cumple con el reglamento orgánico del Legislativo, que indica que las comisiones de trabajo deben sesionar al menos una vez a la semana. De acuerdo con Silva, quien forma parte de tres comisiones (la de Educación, de Economía y de Ambiente), existen algunas que sesionan hasta tres veces a la semana, pero en cambio otras, si acaso se reúnen cuatro veces al año. Y cuando lo hacen, explicó, es para atender proyectos de ley de interés del Ejecutivo o similares.
Las comisiones tampoco cumplen con publicar las actas de sus sesiones a tiempo. Tardan meses o incluso años. “Esas actas deben ser publicadas en la sesión posterior a la que se dio la sesión”, recordó Silva.
Todo esto fue motivo de debate en el panel titulado Transparencia Activa y las Comisiones Legislativas, un evento organizado por la Fundación Espacio Cívico, ParlAméricas, Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Antes de mencionar las debilidades de las comisiones legislativas, Silva listó los aspectos positivos.
“La Asamblea es el órgano más cercano al ciudadano. En las comisiones, cualquier ciudadano puede ir, sentarse y participar en la discusión de los proyectos, a diferencia de otros órganos del Estado. Esto lo hace único”, afirmó.
Sin embargo, José Pepe Benitez, responsable de los proyectos de presupuesto abierto y transparencia legislativa de la Fundación para el Desarrollo Ciudadana, no está de acuerdo con este planteamiento. Según él, “todo el mundo concuerda” que participar en las comisiones es “muy difícil”.
“A veces, arbitrariamente se les puede negar la entrada [al público]. Hay muchísimos problemas. A pesar de todo eso, las acciones de fiscalización sí pueden ser efectivas” narró.
Un claro ejemplo de lo que mencionó Benitez ocurre frecuentemente en la poderosa Comisión de Presupuesto. Las sesiones de este organismo están limitadas a los 15 comisionados que la conforman, los funcionarios que acuden a la comisión para un trámite específico (aprobación de traslado de partidas o créditos adicionales) y los asesores y allegados de los diputados. Hasta ahora, ninguna de las sesiones donde se han aprobado créditos adicionales a la Asamblea se ha hecho pública.
Las citaciones
Benitez tiene meses revisando las actas de la Asamblea. Por eso compartió algunos datos referentes a la dinámica de trabajo de ese poder del Estado. En los últimos 12 meses, solo se han gestionado ocho citaciones a funcionarios del Ejecutivo.
El numeral 9 del artículo 161 de la Constitución Política dice que una de las funciones administrativas de la Asamblea Nacional es la de citar o requerir a los funcionarios que nombre o ratifique el Legislativo.
“Hay tres citaciones que no se han dado, es decir, el funcionario no ha comparecido”, contó.
De las ocho citaciones gestionadas el último año, solo tres han surgido de las comisiones permanentes; las demás se han dado en el pleno.
Benitez también indicó que en lo que va del quinquenio 2019-2024, solamente ha podido observar nueve comisiones de investigación. “Quizá se pueden quedar por fuera algunos casos que son de relevancia nacional y que no se han podido investigar”, comentó.
Mencionó las represiones a causa de las protestas ciudadanas de noviembre de 2019 en rechazo a las reformas constitucionales; el accidente en Gualaca, Chiriquí, del bus que transportaba migrantes; la pérdida de dosis de fentanilo en la Caja de Seguro Social. “Son muchos temas que a la gente le importa y que se hubiesen podido investigar más”, explicó.
También citó como ejemplo el caso de las irregularidades en los albergues gestionados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Hoja de ruta
A la pregunta sobre cómo la sociedad civil se puede involucrar en la rendición de cuentas de las comisiones legislativas, Rocío Noriega, asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso de Chile, propone enfocarse en una hoja de ruta o plan de acción sobre los temas que interesan y, de esta manera, empezar a trabajar. Puso como ejemplo los temas de educación.
El salón del evento estaba repleto de jóvenes. Llegaron allí convocados por Jóvenes Unidos por la Educación. Una de las participantes preguntó sobre qué mecanismo tiene la Asamblea para prevenir la corrupción y el amiguismo. Silva contestó que uno de ellos sería legislar sobre quién puede trabajar para el Estado.
“De los 400 mil funcionarios, solo el 20% es de carrera. La mayoría termina en esas posiciones porque conoce a alguien”, contó.
Sobre el tema, Noriega manifestó que el “nepotismo es corrupción”. Contó que a raíz de un caso de nepotismo en el congreso de Chile, se modificó el reglamento para que ningún congresista pueda contratar a ningún pariente. Agregó que tampoco se puede contratar a empresas vinculadas a parlamentarios. “En el congreso de Chile todos los funcionarios son de carrera. Los contratos son públicos”, narró. Más temprano había dicho que es una obligación de los congresistas presentar una declaración jurada de intereses, documento que es totalmente público. Una ley similar fue aprobada recientemente en Panamá.
Después que concluyó el panel de transparencia activa, el evento siguió con otro panel sobre las estrategias para involucrar a los jóvenes en las etapas del proceso de cocreación de políticas públicas, con un enfoque en reformas educativas.