La Presidencia de la República emitió el Decreto 17 del 18 de enero de 2023 que adopta el formulario de declaración jurada de intereses particulares, según lo dispuesto en la Ley 316 de 2022, que sanciona el conflicto de interés.
La información
En el documento, los funcionarios deben declarar las actividades remuneradas o no, de tipo profesional, laboral, económica, gremial, personal o de beneficencia. También deben decir si se aprovechan de concesiones públicas, contrataciones con el Estado, o si es proveedor del Gobierno. Además, están obligados a comunicar si han recibido regalos en el último año, que provengan de personas o empresas no vinculadas a su familia.
¿Quiénes?
La declaración la deben presentar los ministros, viceministros, el contralor general de República y su subcontralor; al igual que los jefes de misiones diplomáticas, el defensor del Pueblo, el Superintendente de Bancos, de Seguros, los miembros de juntas directivas de empresas del Estado, los alcaldes, los vicealcaldes, los representantes de corregimiento, gobernadores, los diputados de la Asamblea y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre muchos más.
También aplica para los directivos, dignatarios, accionistas, beneficiarios finales y apoderados de personas jurídicas a las que se les adjudiquen licitaciones públicas de bienes o servicios del Estado.
El decreto, hecho público recientemente, recuerda que el artículo 8 de la Ley 316 (conflicto de interés) dispone que las personas naturales identificadas como sujetos obligados (funcionarios) deben ejercer sus funciones con independencia de criterio y equidad, por lo que no podrán tener interés de tipo particular, económico, laboral y financiero de que pudiera entrar en conflicto de interés con sus deberes y funciones, o incurran conflicto de interés.
La norma agrega que los sujetos obligados deben presentar la declaración jurada de intereses particulares más tardar a los 30 días de su toma de posesión de su cargo. Esta disposición también establece que empezará a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial, evento que se concretó el pasado 18 de enero. Incluso, según la ley, el trámite de la declaración jurada ante notario será gratuito.
Las sanciones para quienes incumplan la ley van desde una multa equivalente de hasta cuatro meses de salario a su destitución.
¿Qué es?
La norma define el conflicto de intereses como “el interés que mantiene una persona natural o jurídica para ejecutar acciones tendientes al desarrollo de los asuntos personales privados o particulares en el ámbito laboral, empresarial o comercial, los cuales le redundan en beneficios; por lo tanto, existe conflicto de intereses cuando una situación actual, o potencial, de quien ejerce la función pública puede interferir o ser contraria a la función pública.
Será la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) la regente en materia de conflicto de interés y deberá velar por el cumplimiento de la nueva norma. Precisamente la Antai hará un conversatorio sobre el tema, actividad que se desarrollará el próximo 27 de enero. El evento se denomina “Conoce la nueva ley de conflicto de interés” y en el mismo participarán Elsa Fernández, directora de la Antai; y Enrique Martínez, consultor internacional.
El origen
La Ley 316 fue impulsada por el diputado independiente Gabriel Silva. Al principio, la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático, junto a diputados aliados de otras bancadas, la dilató. Después de largos debates y consensos, se aprobó, pero en junio de 2022 el presidente Laurentino Cortizo la vetó.
Volvió a ser discutida y aprobada. En agosto de 2022, Cortizo la sancionó.
“¡Panamá tiene ley de conflicto de intereses! ¡Un paso importante hacia adelante en materia anticorrupción!”, aseguró el diputado Silva luego de la sanción presidencial.
De acuerdo con representantes de la sociedad civil, el gran reto es que la norma se cumpla.
