El Municipio de San Miguelito afirmó que adeuda $4.1 millones a la Caja de Seguro Social (CSS) por la cuota obrero-patronal que descuentan a sus trabajadores y no reportan a la Caja de Seguro Social (CSS).
“En efecto le puedo confirmar que la morosidad que usted hace mención es correcta” indico el director de planificación y presupuesto del municipio de San Miguelito, Arístides Blanco.
La entidad, a cargo del alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien busca la reelección, confirmó a este medio que los funcionarios reciben su “salario neto”.
De ser así, se debe suponer que los descuentos de la cuota obrero-patronal se realizan, pero este dinero no se consigna a la Caja de Seguro Social (CSS).
El salario neto se refiere a la cantidad de dinero que percibe un trabajador luego de descontarse todas las deducciones que le corresponden por obligación.
Sin embargo, los funcionarios del municipio no expresan con claridad si realizan o no los descuentos.
“Pedro Perea, Tesorero de la Alcaldía de San Miguelito dijo que no “podemos descontar algo que no está porque el dinero está hasta el neto, este servidor ha ido al seguro a gestionar las cartas fichas para que tenga más o menos la atención médica”, indicó.
Tampoco se entiende cómo la CSS puede prestar los servicios de salud, invalidez o de incapacidad, cuando dichos funcionarios quedan fuera de la cobertura que proporciona la entidad al tener una morosidad de arrastre.
“Es importante que se diga también que esos fondos están gestionándose desde el día uno. Ya eso se hizo público, mis palabras textuales fueron decirle a la población que confiara que la respuesta venía en camino. Nosotros estamos gestionando todo lo del seguro y somos conscientes. Yo también estoy asegurado, yo también estoy afectado”, mencionó Perea.
La conversación se dio a través de una llamada telefónica en la que participaron, Perea y Blanco, luego que este diario publicara una lista de más de 100 entidades, entre las que se encontraban juntas comunales y municipios, morosos con la cuota obrero patronal que se debe pagar a la CSS.
El Municipio de San Miguelito es la segunda entidad con mayor deuda, de acuerdo con los registros de la CSS. El primer lugar lo tienen la Alcaldía de Colón, con una morosidad de $7.6 millones.
Uno de los principales problemas ante esta situación es que los funcionarios no pueden recibir el servicio de atención médica a través de la CSS, pese a que el descuento por esta prestación se les estaría realizando.
La candidata a la Alcaldía por la Libre Postulación, Irma Hernández, también se refirió al tema, indicando que “La Alcaldía de San Miguelito no aguanta una irresponsabilidad más. Ya tenemos la cifra adeudada a la CSS por omitir el pago de la cuota obrero patronal de nuestros funcionarios municipales, son 4.1 millones de dólares. Plata que se les ha descontado de sus cheques y salarios y no reciben el beneficio, adultos mayores que ya deben jubilarse y no pueden, mujeres embarazadas que no pueden acceder a la licencia de maternidad, padres de familia de hijos con discapacidad que no pueden asistir a sus terapias, nadie puede adquirir compromisos crediticios como prestamos o comprar casa o carro. Si no les importa el bienestar de sus empleados, les importaremos el resto de la ciudadanía?”
Quien también reacciono a este tema fue Ángel Sosa, candidato a la Alcaldía por la libre postulación y por el partido Panameñista y Cambio Democrático.
Sosa precisó que la falta de eficiencia administrativa, “el clientelismo puro y duro” que se da en el Municipio de San Miguelito, con una planilla abultada de personas que ni siquiera van a trabajar, han llevado a la entidad a la situación actual.
“Esto se debe a que las prioridades están mal establecidas. Los recursos no se traducen en beneficios para los funcionarios, y mucho menos a la comunidad que requiere de una serie de intervenciones para poder tener políticas públicas efectivas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos”, indicó Sosa.
La evasión o retención del pago de las cuotas obrero-patronales es penada por ley, configurándose como delito según el artículo 241, capítulo II del Código Penal.
Juan Gabriel González, especialista en derecho laboral, indicó que retener la cuota obrero patronal y no entregarla a la CSS constituye un hecho punible, indistintamente si el empleador es público o privado.
