Quienes quieran ingresar a la carrera administrativa de la gestión pública solo deberán tener dos años o más de trabajar en el gobierno. Este es el principal requisito para asegurarse un puesto permanente en el Estado, antes de que finalice el mandato de Laurentino Nito Cortizo, quien llegó al poder impulsado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El pasado jueves 31 de agosto, cuando el ministro de la Presidencia, José Simpson, presentó el proyecto de ley en la Asamblea Nacional, aseguró que la propuesta es para regular de “manera más eficaz” lo relativo al ascenso y movilidad laboral de los servidores públicos. Añadió que el ingreso de los funcionarios al servicio público sería a través de un “procedimiento especial”, pero no explicó en qué consistía el mismo.
El blindaje
El proyecto que llevó la Presidencia a la Asamblea Nacional modifica el procedimiento especial de ingreso a la carrera administrativa para que “antes del 1 abril de 2024″, es decir, cuando falten 34 días para las elecciones generales y 91 para el cambio de gobierno, los funcionarios que tengan dos años o más ocupando un cargo adquieran el beneficio.
Después de esa fecha, el mecanismo será distinto. Según el proyecto de ley, “se aplicará el procedimiento ordinario de ingreso en las instituciones del Estado”. Este mecanismo implica cumplir estrictos requisitos en dos etapas, como pruebas psicológicas, exámenes, entrevistas y evaluaciones.
De otra manera, “toda persona que ingrese a la administración pública sin concursar por la vacante a partir del 1 de abril de 2024 será un servidor público de libre nombramiento y remoción”, añade la propuesta que impulsa el Ejecutivo.
De aprobarse este proyecto de ley, no solo se blindará a 48 mil funcionarios que el Gobierno ha dicho que se “beneficiarán”.
Mientras tanto, el gasto en planilla sigue creciendo. De enero a mayo de 2023, se registró el pago de $2,030 millones en salarios a los funcionarios, lo que representa un alza de $38 millones respecto a los primeros cinco meses de 2022.
Al cierre de mayo pasado, la planilla contaba con 252 mil 907 personas. Si se compara ese número con el de mayo de 2022, se observa una disminución de 1,906 funcionarios, pero los pagos han aumentado, debido, entre otros aspectos, al alza automática de salarios para ciertas posiciones.
Después de abril
El proyecto 1075, además, sería inequitativo, según conocedores de la materia, pues los servidores públicos que entren después del 1 de abril de 2024 deberán cumplir una serie de evaluaciones, como ya se explicó arriba: prueba psicológica, exámenes y entrevistas, dependiendo del cargo al que se aspire.
El Ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, presentó ante el Pleno Legislativo, el Proyecto de Ley que reestructura y actualiza la Carrera Administrativa, establecida en la Ley 9 de 20 de junio de 1994, cuyo texto único es el Decreto 696 de 28 de diciembre de 2018. pic.twitter.com/7Sw3wvCwXt
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 31, 2023
De eventuales a permanentes
La propuesta del Ejecutivo también indica que los servidores públicos nombrados de “manera eventual” en la planilla 002, con dos años o más de servicio continuo y que cumplan con los requisitos mínimos del puesto en el que se desempeñan, según el manual de clases ocupacionales de la respectiva institución, “adquirirán la condición de servidor público permanente”, conforme dictan las normas generales de administración presupuestaria, y se incorporarán a la carrera administrativa mediante el procedimiento especial u ordinario de ingreso, según sea el caso.
Mientras que los servidores públicos nombrados “a partir del 1 de agosto de 2012, en la planilla 001 de personal permanente, en condición de eventuales, deberán ser registrados como permanentes en el sistema de la Contraloría General de la República”.
En la Asamblea, el ministro Simpson en ningún momento dijo que el nuevo proyecto “subrogará en todas sus partes " a la Ley 9 de 1994. Sí se jactó que contempla la lactancia materna para las servidoras públicas.
No obstante, el proyecto dice que “al término de la licencia por gravidez, las funcionarias, tendrán derecho a una hora diaria para la lactancia materna, por un periodo de seis meses”, lo que desmejoraría las condiciones actuales de las funcionaria, pues la Ley 135 de 2020, que reformó la Ley 50 de 1995, que protege y fomenta la lactancia materna, señala que ese periodo será de “un año”.
El poder del presidente y el Tribunal Administrativo de la Función Pública
En la norma se incluye que la Dirección General de Carrera Administrativa queda adscrita a la Presidencia de la República.
Con respecto a la elección de los tres magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública, la iniciativa señala que ahora serán escogidos por el presidente, en este caso Cortizo, por un periodo de siete años.
En la actualidad, uno de los magistrados es escogido por el Ejecutivo, otro es designado por los trabajadores y un tercero es nombrado por la Asamblea Nacional, por un periodo de cinco años.
No es la primera vez que el gobierno de Cortizo intenta cambiar las normas de ingreso a la carrera administrativa.
En 2019, cuando Cortizo se estrenaba en el cargo, el Ministerio de la Presidencia equiparó la experiencia laboral con la formación académica. Un año y medio después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) echó por tierra esta estrategia.
