Con la presentación del estudio: Panamá Registro de Beneficiarios Finales, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana alertó que el país sigue sin implementar esta norma que está dirigida a luchar contra la corrupción en diferentes aspectos.
“Panamá adoptó por decisión propia la creación de un “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales” a través de la Ley No. 129 de 17 de marzo de 2020; sin embargo, a un año de su promulgación, el sistema no ha sido creado, ni la ley reglamentada”, es una de las conclusiones plasmadas en el estudio que está disposición en formato digital.
De igual forma, Libertad Ciudadana resalta que en la exposición de motivos de esta norma no se pueden determinar las razones técnicas para la selección de este mecanismo y cómo el mismo puede contribuir a la consecución de sus fines.
Además se destaca que otros países de la región ya están adelantando la creación y funcionamiento del registro de beneficiarios finales de personas jurídicas y que al menos la Ley en Panamá buscaba superar las deficiencias encontradas en las evaluaciones internacionales con respecto al cumplimiento de las recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales, tras la inclusión del país en las listas negras y grises.
Olga de Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana, dijo que hay muchas preocupaciones en esta materia que no solo tienen que ver con la corrupción en el sector público.
“También van a todo el entramado de sociedades fantasmas que se usan para cometer actos ilícitos, como por ejemplo: el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, la trata de personas, el tráfico de animales y especies de plantas que están bajo protección de conservación ambiental. Hay una serie de cosas que se hacen hoy día y que se usan de esa forma para esconder quiénes son los beneficiarios finales y quiénes son los accionistas verdaderos. Quién recibe al final ese dinero”, dijo De Obaldía a TVN.
Se informó que en el estudio así mismo se analizan otras preocupaciones de la implementación de registros de beneficiarios finales como la privacidad y derechos societarios; ventajas de este sistema como mejorar y reducir los costos de debida diligencia y gestión de riesgo en el sector privado, mayor cooperación internacional, aumentar la competitividad de pequeñas y medianas empresas y reducir la corrupción en las contrataciones públicas y críticas al mismo, como la falta de verificación de la información y la omisión de estructuras jurídicas vulnerables.
Otras de las conclusiones publicadas en el estudio es que se recomienda aumentar el tiempo en que los sujetos obligados deben resguardar la información luego de la terminación de las relaciones comerciales, la prohibición de directores nominales, prohibición de acciones al portador, sanciones directas a empresas y promover recursos oficiales de información acerca de los tipos de personas jurídicas.
Adjuntos
ESTUDIO LIBERTAD CIUDADANADe Obaldía informó que la fundación ha iniciado una campaña en medios digitales a nivel nacional con el tema del registro de los beneficiarios últimos con el hashtag #QueNoSePuedanEsconder destinada a que la ciudadanía se sume a este esfuerzo contra la corrupción.
“La idea de tener un registro de beneficiarios finales de quiénes son los verdaderos dueños y accionistas de las sociedades, lo que busca es transparentar quién se beneficia de esos posibles actos ilícitos, escondiéndose detrás de lo que se llaman sociedades fantasmas”, puntualizó de Obaldía.
