La transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los fondos públicos, han caracterizado al gobierno de Laurentino Nito Cortizo durante la pandemia. Esto fue lo que aseguró este miércoles el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Gaby Carrizo, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a donde acudió a sustentar el informe anual de su cartera.
“Gracias al esfuerzo de nuestro personal de salud y a la coordinación efectiva del Gobierno Nacional, hoy Panamá es uno de los países con menor tasa de letalidad por coronavirus en el mundo y lidera la vacunación en la región”, manifestó Carrizo ante la mirada de sus copartidarios, los diputados perredistas Benicio Robinson, presidente de la comisión; Crispiano Adames, y Raúl Pineda, entre otros.
Carrizo, quien ha sido cuestionado precisamente por la poca información que su ministerio ha brindado con respecto a las compras de la crisis sanitaria, calificó el manejo de la pandemia de “exitoso”. Mencionó que de acuerdo con el Banco Mundial, el plan Panamá Solidario, que ha beneficiado a más de 1,300,000 panameños, evitó que la pobreza pasara del 14.9% al 20.8%.
Justamente Panamá Solidario está bajo el escrutinio ciudadano por su opaca gestión. Por ejemplo, a finales de marzo, el Gobierno informó que se habían comprometido pagos a proveedores por $259 millones para abastecer las 7 millones de bolsas de comida que se han distribuido. Pero en Panamá Compras, solo se habían reportado compras por $29 millones para ese fin. Es decir, apenas han rendido cuentas por el 10% de esos $259 millones.
El vicepresidente de la República también le explicó a los diputados por qué el presidente Cortizo decretó un estado de emergencia y no de urgencia, a raíz de la Covid-19. Dijo que se invocó el estado de urgencia porque hacerlo significaba suspender las garantías constitucionales. “Durante la pandemia, todas las garantías han estado vigentes, incluso el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, que facilitó la llegada de buenas inversiones, claves para la reactivación económica”, manifestó.
Sin embargo, en la Corte Suprema de Justicia reposan más de 10 recursos que buscan que se declaren inconstitucionales varios de los decretos del Ejecutivo, que de acuerdo a los abogados que los interpusieron, atentan contra las garantías fundamentales.
De hecho, a comienzo de marzo pasado se dio a conocer que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal, suspendió provisionalmente el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 7 del 5 de febrero de 2021, por medio del cual se le otorgan poderes al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para declarar medidas de restricción de la movilidad, toques de queda y cualquier otra medida para la mitigación de la pandemia de la Covid-19, sin la participación del Ejecutivo.
Presupuesto para la crisis
Carrizo, informó que el Consejo de Gabinete hasta diciembre del 2020 había aprobado el uso de $1,457,000, para atender las necesidades vinculadas a la Covid.19. Añadió que al Ministerio de la Presidencia como “ente coordinador” para que, garantizando el balance entre lo sanitario, lo social y lo económico, distribuyera los recursos a las entidades correspondientes.
Hasta ahora hay poca información de los criterios con los que se han asignado los contratos y precios para la compra de insumos. La ciudadanía desconoce qué empresas han vendido los ventiladores, y otros artefactos para atender la emergencia.
Dijo además que se contrató a auditores Bdo Audit, S.A. a través de una licitación pública y que esta empresa validó “el cumplimiento de los procedimientos en el manejo de los fondos que fueron gestionados a través del Ministerio de la Presidencia”.
“La firma de auditores certificó que se cumplió de manera rigurosa con todas las exigencias. El informe externo coincide plenamente con otro ordenado a la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio, confirmándose que el Ministerio de la Presidencia no realizó compras de equipos, insumos médicos, bienes o servicios para uso o beneficio de otros Ministerios o entidades del Gobierno Nacional”, aseguró el ministro.
El Ministerio Público investiga casos relacionados precisamente con las compras de la emergencia. Entre ellos, la compra de ventiladores con supuestos sobreprecios, y las presuntas irregularidades en el hospital modular, obra que lideró Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas.
Dijo además que ya han reportado 50 informes de rendición de cuentas a la ciudadana, ejercicio que se hace “todos los miércoles”.
Los informes a los que se refiere el vicepresidente se limitan a cifras escuetas. No se especifican empresas y precios pagados por las compras.
Carrizo también aplaudió el proceso de vacunación para mermar los efectos del virus, y contó que el Ministerio de la Presidencia redujo su planilla en aproximadamente $17 millones y trasladó a otras entidades a más de 850 funcionarios. “Ningún Gobierno en la historia de Panamá había hecho tanto por la descentralización y por el fortalecimiento del poder popular que le da la cara directamente al pueblo”, dijo.
Cuando Carrizo terminó su discurso, un generoso aplauso se escuchó en la Comisión. Las cámaras del canal de la Asamblea, enfocaron a Robinson, Adames, y Pineda.
