Gerardo Solís asume como contralor: ‘Todo funcionario nombrado o electo tiene que rendir cuentas’

Gerardo Solís tomó posesión del cargo como contralor general de la República para el período 2020-2024 ante el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, y el secretario general del Legislativo, Quibián Panay, con un llamado a los funcionarios, incluyendo a los electos por votación popular, a rendir cuentas.

Solís dijo que con el objetivo de cumplir cabalmente con lo que establece la Constitución y la Ley de fiscalizar y controlar el uso de los fondos público decidió ascender a puestos directivos a un equipo de hombres y mujeres con más de 30 años de servicio en la Contraloría.

Dijo que los nuevos directores fueron seleccionados mediante un análisis psicométrico que determinó que estaban calificados para el puesto que desempeñarán.

Reiteró que la rendición de cuentas será uno de los bastiones de su administración. "Todo funcionario nombrado o electo por votación popular tiene la obligación de rendir cuentas, y esta será nuestra hoja de ruta, exigirla", prometió.

La relación del anterior contralor, Federico Humbert, estuvo marcada por las tensiones con la Asamblea Nacional, ya que la anterior junta directiva del Legislativo, presidida por Yanibel Ábrego, intentó evitar que los auditores de la Contraloría hicieran su labor en ese órgano del Estado.

Hay que recordar que el contralor es nombrado por los 71 diputados.

En cuanto a su relación con el Ministerio Público, aseguró que velará por el fortalecimiento de las auditorías como instrumento que apoye a las autoridades al momento de investigar la posibilidad de algún delito.

Por otro lado, Solís dijo que ha pedido información al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y al Banco Interamericano de Desarrollo para obtener sus recomendaciones a fin de ver cómo se maneja el Censo de Población y Vivienda, programado para este año, el cual fue postergado debido a una impugnación de de la licitación.

El nuevo contralor planteó que está a la espera de que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se pronuncie para tomar una decisión definitiva.

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