A pesar de las intensas críticas por el manejo opaco de los fondos públicos durante la actual administración (2019-2024), el contralor de la República, Gerardo Solís, defendió firmemente su gestión este miércoles 19 de junio en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Solís subrayó que ha habido un “manejo responsable” de las finanzas públicas, destacando que la entidad ha llevado a cabo una labor de “fiscalización titánica”.
Las declaraciones de Solís se dieron cuando se acercó a esta comisión para solicitar un crédito adicional al presupuesto otorgado a la institución para 2024, por un monto de $7.7 millones.
Esta solicitud se formuló para la realización del censo agropecuario de este año, el cual se llevará a cabo durante el mes de agosto.
“El 52% de los recursos es para contratar supervisores y empadronadores del censo”, acotó.
El resto de los recursos era para pagar el décimo tercer mes de 2024 y la extensión del contrato de personal eventual, que, según el contralor, es para cubrir necesidades administrativas en la entidad.
Por su parte, el contralor Gerardo Solís, sustentó traslado de partida por B/.7,730,666.00 principalmente para atender actividades relevantes del VIII Censo Nacional Agropecuario, a fin de fortalecer la operatividad institucional y el desarrollo de dicho censo 2024. pic.twitter.com/2QOBVe0Yzl
— Asamblea Nacional (@asambleapa) June 19, 2024
Los cuestionamientos
El funcionario recordó que solicitaron un presupuesto para este año de $187.4 millones, pero tuvieron un reajuste de $62 millones, con lo cual quedaron con $125 millones.
Durante la sustentación en la Comisión de Presupuesto, Juan Diego Vásquez, diputado independiente, cuestionó la labor de la Contraloría y que la inversión que viene llevando a cabo la entidad en recurso humano no compagina con los servicios que se brindan al Estado.
“Lamentablemente, no podemos estar viendo cómo se avalan, desde la Contraloría, fórmulas como, por ejemplo, lo que ocurrió con el fondo de ahorros, lo que ocurre con cada crédito que viene aquí, sin entender que pareciese que la Contraloría está revisando un país distinto al que yo veo en los números y al que siento vivir”, expresó Vásquez.
En su defensa, el contralor manifestó que los datos macroeconómicos demuestran que esta administración ha hecho un manejo responsable de las finanzas públicas y durante su gestión se ha realizado una “labor titánica” en cuanto a fiscalización.
Tenemos un Contralor que da pena. No entiende que debe FISCALIZAR como se usa el dinero.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) June 19, 2024
Hoy vino a la Comisión de Presupuesto a hablar a favor del gobierno del que es un aliado.
La nueva Asamblea debe escoger a alguien serio, transparente e INDEPENDIENTE. Basta de cómplices.
“La salud de la economía de Panamá es una de las mejores del continente”, aportó.
La contradicción
Los argumentos de Solís contrastan con los cuestionamientos que vienen llevando a cabo figuras políticas y de la sociedad civil, quienes lamentan el deficiente manejo de la fiscalización de los fondos públicos por parte de la Contraloría.
Por ejemplo, se critica que Solís promovió la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (anteriormente establecida por la Ley 32 de 1984). Desde su implementación, esta legislación ha generado debates y controversias en diversos sectores de la sociedad, pues se cuestiona su efectividad para combatir prácticas corruptas y promover la transparencia en la gestión pública.
De hecho, activistas y grupos de la sociedad civil, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, siguen esperando una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra esa normativa.
Que vayan presos toooooodos y que devuelvan la plata…….
— Franklyn Robinson (@frobinsonpty) April 11, 2024
Escuelas en desidia, niños mueren por malos centros médicos, comunidades sin agua y se gastan millones en algunos hue…..s
¡QUEREMOS LOS NOMBRES!
Seguimos en la protesta frente a la Contraloría de Panamá. pic.twitter.com/9dLBz77Xkn
Como se recordará, la Ley 351 fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en abril de 2023. Este recurso legal fue admitido ese mismo año y está bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha.
Retroceso
Entre otros retrocesos, la ley otorga discrecionalidad a la Contraloría para no hacer auditorías o investigaciones que le solicite la Jurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público.
También permite escenarios donde se obstaculicen o no inicien “legalmente” los procesos de investigación de corrupción en el uso de fondos públicos y otorga facultades casi plenipotenciarias a la Contraloría y facultades de discrecionalidad al contralor, que pueden prestarse a la arbitrariedad.
En este tema, la Procuraduría de la Administración opinó en su momento que son inconstitucionales al menos siete artículos de la citada ley. Uno de ellos es el artículo 1, que impide al Ministerio Público y a la Jurisdicción de Cuentas solicitar a la Contraloría iniciar investigaciones.
También, el contralor reconoció que unilateralmente tomó la decisión de ocultar el nombre del 56% de los beneficiarios de los auxilios económicos que entregó el Ifarhu entre julio de 2019 y mayo de 2023.
Pese a la aseveración de Solís, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ha advertido, en varias ocasiones, que se debe brindar toda la información sobre el funcionamiento y los beneficiarios de los programas del Ifarhu, dado que estos se alimentan de fondos del Estado y, por tanto, su información es de carácter público.
Así resumió lo que ocurre Juan Diego Vásquez: “Tenemos un contralor que da pena. No entiende que debe fiscalizar cómo se usa el dinero. Hoy vino a la comisión de presupuesto a hablar a favor del Gobierno, del que es un aliado. La nueva Asamblea debe escoger a alguien serio, transparente e independiente. Basta de cómplices”.
