El contralor Gerardo Solís informó que entre 2020 y 2023 hicieron 1,135 informes de rendición de cuentas a los gobiernos locales de Panamá. Sin embargo, según el funcionario, todo está prácticamente en orden, pues de acuerdo con los resultados de estas investigaciones, el 97% cumple con los procesos y maneja el dinero de forma adecuada. Solo el 3% necesita realizar “ajustes”.
Es decir, que a pesar de los múltiples escándalos por los millonarios desembolsos de la descentralización paralela, en las juntas comunales y municipios de Panamá, según el contralor, no hay despilfarro, mal manejo de fondos, desorden administrativo o indicios de corrupción. Todo gracias a lo que Solís denomina “la cultura de corrección”.
“Cada entidad es responsable del manejo de los fondos que se le han asignado. Estamos capacitándolos en el manejo de esos fondos para que sepan cómo deben rendir cuentas, qué es lo que deben detallarnos. Antes no se realizaba la rendición de cuentas, que es una etapa previa a las auditorías”, manifestó Solís el pasado miércoles 6 de marzo en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, organismo que le avaló un crédito adicional y traslado de partidas por $24.3 millones.
¿Y las auditorías?
Según el contralor, en este gobierno se han asignado $400 millones para juntas comunales y municipios del país. Para determinar si el dinero se utiliza adecuadamente, primero se exige la rendición de cuentas; si se detecta alguna “incorrección”, sigue la etapa de las auditorías.
Solís abordó el tema de las auditorías cuando el diputado independiente Juan Diego Vásquez lo cuestionó por el caso de San Miguelito. Vásquez contó que presentó documentos a la Contraloría que demostraban que las juntas comunales de ese distrito entregaron todos los apoyos en un mes: bolsas de comida, materiales de construcción, entre otros.
“Pagamos por auditorías, pero parece que no está resultando. Explíquenme”, manifestó el diputado.
Fue así como Solís, antiguo militante del PRD y ferviente defensor del gobierno de Laurentino Cortizo, empezó a hablar de su “cultura de corrección”.
“Hemos reforzado la interacción con las juntas comunales y municipios”, aseguró el funcionario, quien, por solicitud del diputado independiente, respondió que en esta administración habían realizado 561 auditorías.
Además, se jactó de que hace un mes comenzaron el plan piloto de un programa de rendición de cuentas en tiempo real para analizar los desembolsos de cada junta comunal. “Esto nos llevará, por supuesto, a corregir cualquier imperfección humana que se esté dando en el manejo de los fondos, de manera que haya un mejor manejo de los recursos”, explicó.
Por Constitución (artículo 280), a la Contraloría le corresponde realizar “inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas”. Sin embargo, el contralor evadió responder cuántas denuncias había presentado al Ministerio Público.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación, publicado en septiembre de 2023, reveló que de 101 auditorías solicitadas a la Contraloría por las fiscalías anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio entre el 2 de enero de 2020 y esa fecha, solo habían recibido cuatro.
Pero en la Asamblea, poder del Estado que lo nombró el 13 de agosto de 2019, el contralor dijo que la suya es “la administración que más auditorías ha realizado en la historia de la Contraloría, tanto auditorías forenses como generales”.
De la 561 auditorías, añadió, el 44% tienen “errores”. “Significa que cada día cuando salimos a hacer una auditoría, las auditorías salen mejor, salen bien”, manifestó el hombre encargado de fiscalizar las finanzas del país.
Federico Humbert, contralor durante el periodo 2015-2020, aportó múltiples auditorías al Ministerio Público para sustentar casos de corrupción, y en una oportunidad llevó a ese despacho 220 cajas con 186 auditorías realizadas en diferentes juntas comunales y municipios del país. En ese momento, Humbert le dijo a la entonces procuradora Kenia Porcell que la información entregada tenía “el peso y la estructura” necesaria para abrir procesos judiciales.
Lea aquí: Contralor entrega a la procuradora el resultado de 186 auditorías a juntas comunales y municipios
La intervención del contralor Gerardo Solís se dio precisamente en la semana en que La Prensa dio a conocer el escándalo de Portobelillo: el Fondo de Asistencia del Gobierno Central, que alimenta la llamada descentralización paralela, envió decenas de miles de dólares a la Junta Comunal de Portobelillo (Parita, provincia de Herrera) entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Este dinero se convirtió en la caja menuda de funcionarios y candidatos a puestos de elección popular por los partidos Revolucionario Democrático (PRD) y Realizando Metas (RM).
Este es otro capítulo más de los millonarios desembolsos de la Autoridad Nacional de Descentralización: entre junio de 2021 y mayo de 2023, esa entidad desembolsó al menos $260 millones a juntas comunales y municipios, gobiernos locales liderados por influyentes diputados del PRD.
Pero Solís confía en su “cultura de corrección”. Lo pregonan. “La Contraloría cada día se perfecciona gracias a la ley que ustedes aprobaron”, manifestó.
Se refirió a la Ley 351, que fue demandada en la Corte Suprema de Justicia por La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
