El gobierno de Laurentino Cortizo confirmó la noche de este domingo 17 de julio que luego de 72 horas de negociaciones en Santiago de Veraguas se llegó a un acuerdo con los líderes y representantes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), la organización que inició las protestas hace dos semanas con un paro docente.
El pacto establece que el precio de la gasolina de 95 octanos, 91 octanos y diésel será de $3.25. A cambio, se permitía la reapertura de todas las calles y avenidas del país.
El acuerdo llegó ante una propuesta de Anadepo de $3.25 el galón. Entonces el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, preguntó a los dirigentes: ¿Se levantan los cierres? Ante el asentimiento de sus interlocutores, anunció: “En nombre de Nito Cortizo aceptamos la propuesta”. Aplausos.
Así cerró un domingo con el país preparándose para su tercera semana seguida de protestas este lunes 18 de julio motivadas por demandas que van desde el alto precio del combustible, alimentos y medicinas hasta las voces que se multiplican exigiendo un alto al despilfarro de fondos públicos y a la corrupción.
Más temprano, el Gobierno había anunciado un acuerdo con los indígenas que bloqueaban varios puntos en el oriente chiricano de la vía Interamericana. En este caso el precio del galón se había negociado a $3.30. Ello a pesar que las negociaciones con Anadepo continuaban en la escuela Juan Demóstenes Arosemena en Santiago. En cuanto a los otros dos puntos, alimentos y medicamentos, se acordaron dos mesas técnicas para continuar la negociación.
Desde Panamá otra organización con nombre parecido, pero con otros líderes, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, pedía detener el diálogo de Santiago y hacer una sola mesa. Además, este grupo, entre cuyos dirigentes figura Saúl Méndez, del Sindicato Único de la Construcción y Similares, prometió bloquear todo el país a partir de hoy lunes, justo cuando se da inicio a la audiencia por Odebrecht, el caso de corrupción más importante de la historia del país.
Al cierre de esta edición, Méndez desconoció logrado por los dirigentes de Santiago y dijo que se mantienen las medidas anunciadas.
Precisamente la corrupción y el despilfarro de recursos públicos fue el tema principal de una concentración celebrada en la tarde de este domingo en la cinta costera en la capital.
La corrupción, un factor que promovió el estallido social
El domingo no le dio tregua al gobierno de Laurentino Cortizo. Ayer 17 de julio siguieron las protestas y los cierres de calles, tal como ha sucedido en los últimos días en reclamo por el alto de la comida, el combustible, los medicamentos, la corrupción, y el despilfarro de los recursos públicos.
La ciudad de Panamá vibró con una concurrida manifestación contra la corrupción en la cinta costera, y la amenaza de los sindicatos con cierres de calles para hoy lunes. Desde el oriente chiricano se anunció un acuerdo que quedó empañado por la promesa de entregar un bono de $100 a transportistas de la comarca Ngäbe-Buglé, y en Veraguas, epicentro del movimiento, el mano a mano entre el Ejecutivo y Anadepo se intensificaban anoche (ver noticias relacionadas).
En el que es considerado el estallido social más grande que ha tenido el país después de la dictadura, hay tres movimientos identificados: el de Anadepo, que aglutina a educadores, productores, y transportistas de Veraguas; el de Chiriquí, comandado principalmente por indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé; y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, conformada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social, que opera en la capital y Panamá Oeste.
Sin embargo, hay otro movimiento con actores en todo el país: el de la ciudadanía que pide a gritos un alto a la corrupción, y al despilfarro de los recursos públicos.
Los que acudieron a la manifestación ayer domingo en la cinta costera estaban vestidos de negro en señal de luto por los recursos públicos despilfarrados, la corrupción, el nepotismo, las coimas, las botellas en las distintas entidades del Estado, los ministerios en manos de los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y una larga lista de temas. Sonó la canción Patria, del cantautor panameño Rubén Blades.
“Amo mi país pero el gobierno me da vergüenza”, “Si dejan de robar, la plata alcanza para todos”, “Con corrupción no hay paz social”, se leía en varias de las pancartas que cargaban los manifestantes. “Ni rosas ni bambú, queremos salud, medicamentos, educación, transparencia, seguridad y justicia”, señalaba otro cartel, tal vez en alusión a una de las frases del discurso que emitió el presidente Cortizo, el pasado jueves 14 de julio, cuando instaló una mesa de diálogo en la Ciudad del Saber, actividad que fracasó pues ninguno de los grupos que lideran las manifestaciones y cierres de calle, acudió.
Mientras tanto, el Movimiento Independiente (Movin) planteó que para evitar que las medidas que se tomen para subsidiar el combustible, aumenten la deuda pública (más de $43 mil millones) sugieren tomar algunas medidas. Por ejemplo, “eliminar el subsidio inmobiliario disfrazado de incentivos turísticos que representa más de $1,500 millones”, renegociación del contrato de Panama Ports. También ponen en la lista a la concesión de NG Power, proyecto que aseguraron “nació enfermo y amenaza con aumentar el costo de la electricidad”; así como la “eliminación de todas las planillas eventuales, empezando por las de la Asamblea Nacional. También sugieren que reduzca el salario de “todos” los funcionarios que ganen más que el Presidente de la República ($7 mil); y la recuperación de cientos de millones de dólares en casos de corrupción como el de Odebrecht. Precisamente la audiencia preliminar de este caso está agendada para hoy lunes 18 de julio. Esta diligencia coincide con masivas protestas anunciadas por el Suntracs y grupos afines.
Mientras que ayer domingo al final de la tarde se publicó un video en el que se ve al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, conversando con manifestantes de Viguí, Tolé, Chiriquí.
“La clase empresarial tiene que desprenderse del Ejecutivo (...)”, se le escucha decir. Adames, es uno de los protagonistas de la fiesta del Macallan de $400, uno de los temas que provocó el estallido social que hoy tiene al país en crisis.
“Nadie invitó al presidente de la Asamblea, pero se acercó a nosotros y a través de él logramos hablar con el Presidente de la República y nuestra posición y postura es la misma, queremos respuesta al pueblo para congelar el precio del combustible en $3.00, y seguir conversando para el tema de la canasta básica y los medicamentos”, aseguró Toribio García, líder indígena.
