Que el Ejecutivo se pronuncie, que tome decisiones en la que se respeten los derechos y garantías de todos los ciudadanos y que cambie algunas figuras de su Gabinete. Estas son algunas de las peticiones en la que coinciden gremios, políticos y movimientos ciudadanos, tras 19 días de protestas y cierre de vías en todo el país en contra de la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

La última vez que los panameños escucharon al mandatario Laurentino Cortizo fue hace dos semanas, cuando propuso una ley de moratoria de la minería metálica y una consulta popular sobre el futuro de la Ley 406. Luego se le vio en un video de los actos protocolares del inicio de las festividades patrias.

Desde entonces, en el país ha habido hechos que han cobrado la vida de manifestantes, incluso una ola de violentos asesinatos como el del perredista y representante de Belisario Frías, César Pelé Caballero. Además, ha habido daños a la propiedad, cese de actividades económicas, suspensión de clases, huelgas y desabastecimiento de medicinas, combustible, gas y alimentos en todo el país o en algunas provincias.

Protestas sí, pero con las calles abiertas

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), considera que se hace imperante que el Gobierno de Cortizo “restaure la confianza social” y que no permita “que se rompa el orden constitucional”.

“Se requiere con urgencia un cambio de dirección por parte del Gobierno que permita recuperar la convivencia pacífica, restaurar el tejido social y mantener el orden democrático que permita la realización de las elecciones en 2024″, señala un comunicado emitido por la fundación, sugiriendo al Gobierno tomar acciones en al menos cuatro aspectos. Uno de ellos es garantizar el orden democrático y los derechos fundamentales. Es decir, que se reabran las calles del país, pero que se respete la protesta ciudadana, indicó Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la fundación.

“El [libre] tránsito y la protesta son derechos que pueden coexistir ejercidos dentro de los lineamientos del orden y el bien común, y que el Gobierno debe garantizar. Ningún derecho está por encima de otro”, precisó.

Añade que se trata de garantizar la continuidad del orden democrático, protegiendo los derechos fundamentales de todos: la vida, la integridad física, la libertad de circular y de reunión, la protesta, la libertad de expresión y de prensa, el ejercicio de actividades económicas lícitas, etc.

“Ninguna sociedad puede funcionar sin ley ni orden. La pérdida dolorosa de la vida de tres ciudadanos, así como las múltiples afectaciones de todo tipo que se han producido, son tragedias que pudieron haberse evitado y que ahora esperan que la justicia haga su trabajo”, señala De Obaldía.

Insiste que hay grupos que intentan “crear un caos nacional para romper el orden constitucional y eso no se debe permitir”.

La fundación también propone a Cortizo separar de los cargos públicos a funcionarios señalados por actos de corrupción e iniciar investigaciones. En los últimos días, publicaciones periodísticas revelan un accionar irregular de varios de sus ministros como administradores de la cosa pública.

De igual manera piden que se frene el abuso de los fondos públicos y que se reformule el presupuesto general del Estado para el 2024, que asciende a unos $32,754.5 millones (el cual todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional). Además de que desde ya se presente un plan para la transición, una vez gane el próximo gobierno.

Piden la renuncia de Alfaro y Concepción

El Centro de Incidencia Ambiental y el movimiento Sal de las Redes, que ha impulsado las protestas pacíficas en la ciudad capital en contra del contrato minero, son de la tesis de que hay que retirarse temporalmente de las calles, para dar oportunidad a que la Corte emita sentencia en las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406. No obstante, tienen el ojo puesto en el Gabinete.

“El Ejecutivo debe asumir su responsabilidad dentro de esta crisis y reconocer el daño causado”, señala el movimiento.

Por tanto, solicitan que los ministros de Comercio, Federico Alfaro, y de Ambiente, Milciades Concepción, pongan sus cargos a disposición. Consideran que la renuncia de ambos facilita las investigaciones que debe llevar a cabo el Ministerio Público, a raíz de denuncias “por infracción a los deberes de servidores públicos, delitos ambientales y otros tipos penales” que ha interpuesto el movimiento desde 2021.

Alfaro y Concepción defendieron el contrato minero cuando el mismo fue debatido en la Asamblea. Incluso, Alfaro fue el proponen del proyecto de ley y firmó el contrato, junto con el representante de Minera Panamá.

Diálogo y ultimátum a la Corte

La nómina presidencial de Cambio Democrático y el Partido Panameñista solicitó a Cortizo cambios en el Gabinete. Hablan de la creación de un espacio de diálogo inclusivo que involucre a la sociedad civil y sectores políticos, sindicales y empresariales.

Asimismo, instaron al mandatario a generar acercamientos para establecer un horario de movilidad humanitaria, que permita el libre tránsito de alimentos, medicamentos, personal médico, combustible y personas con necesidades urgentes.

Le piden a los ciudadanos esperar el pronunciamiento de la Corte, con el compromiso público de que si no se da un fallo en un tiempo perentorio, el Ejecutivo llame a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para definir el futuro de la Ley 406. La Asamblea está en receso hasta el 2 de enero de 2024.

Chiriquí abrirá el lunes

Ayer sábado, algunas vías del país continuaban cerradas, pese a que la Policía Nacional logró abrir varios puntos.

Uno de los cierres que más ha afectado al país es el de la provincia de Chiriquí, tomando en cuenta que la mayor producción de alimentos proviene de esa región.

Los grupos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé y campesinos que mantienen el cierre anunciaron que mañana lunes abrirán la Interamericana por 12 horas, mañana lunes: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Aminta Bustamante

Reportera Política.