Grupos anticorrupción califican de ‘prioritarias’ seis iniciativas legislativas

Al menos cinco proyectos de ley anticorrupción esperan por debate en la Asamblea Nacional, mientras el país atraviesa una crisis social y económica marcada por el alto costo de la vida, el descontento, y la desconfianza de la ciudadanía en el gobierno y sus instituciones.

En ese sentido, una coalición conformada por fundaciones y movimientos ciudadanos enfocados en esfuerzos anticorrupción y a favor de la transparencia trazó una hoja de ruta con acciones inmediatas, a corto y mediano plazo.

Precisamente las medidas a corto plazo están enfocadas a la aprobación de esas iniciativas legislativas: el proyecto sobre conflicto de interés, uno sobre protección de denunciantes, el de imprescriptibilidad y revisión de las penas de delitos de corrupción, el que dispone reformas al reglamento de la Asamblea, y el que crea la figura de extinción de dominio.

El proyecto de ley 298 que castiga el conflicto de interés es el que tiene más avance. Al cierre de esta edición este proyecto era discutido en segundo debate en el pleno legislativo, luego de que la Comisión de Gobierno y Justicia lo volviera a analizar a raíz de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, lo vetara parcialmente en junio pasado.

Fue presentado e impulsado por el diputado independiente Gabriel Silva, con el apoyo de otros compañeros de su bancada. La iniciativa busca crear requisitos y facultar a entidades para sancionar el conflicto de interés en la función pública.

Del proyecto de ley 195, sobre protección de denunciantes, que reposa en el Legislativo a la espera de segundo debate, los grupos ciudadanos argumentan que es necesario para proteger, principalmente a funcionarios que denuncien actos de corrupción.

Esta propuesta fue presentada por diputados de la bancada independiente en enero de 2020 y aprobada en primer debate por la Comisión de gobierno hace más de un año, en enero de 2021. La misma no solo dicta disposiciones para proteger a los que presentan denuncias relativas a corrupción, nepotismo, y afines, sino que abarca la figura de recompensa a aquellos que provean información “idónea, útil, eficaz y oportuna” que permita abrir una causa penal.

Por otro lado, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción ha sido un tema que ha dado vueltas en el palacio Justo Arosemena, desde el quinquenio 2014-2019, administración de Juan Carlos Varela, presidente que lo vetó parcialmente. Luego de la objeción presidencial, regresó al Legislativo y desde entonces tampoco ha avanzado.

Mientras que otra de las grandes promesas de los últimos presidentes de la Asamblea ha sido las reformas a su reglamento interno, pero hasta ahora no se ha concretado. La coalición ciudadana tiene una larga lista de sugerencias para reformar en el seno de la Asamblea. Entre ellas: la falta de registro de reuniones de comisiones legislativas, el uso discrecional de las planillas, las ausencias y el manejo opaco de la labor legislativa.

En su primer discurso como presidente del Legislativo (julio de 2021), el diputado perredista Crispiano Adames, se refirió al tema y dijo que era una “prioridad” de su gestión. De momento, el asunto ha quedado en promesas.

El proyecto fue presentado en 2019 por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, y espera el segundo debate desde septiembre de 2021.

Otra de las apuestas de la ciudadanía para combatir la corrupción y principalmente el blanqueo de capitales, es el proyecto de ley que le da vida a la figura de extinción de dominio.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública, cartera a cargo del ministro Juan Pino, presentó en abril de 2021 el proyecto de ley 625 que crea esa figura, pero el mismo se estancó en primer debate en la Comisión de Gobierno.

Se creó una subcomisión para estudiarlo, se hicieron múltiples reuniones e, incluso, el país fue protagonista de un seminario con invitados de otros países sobre el tema. Un grupo de diputados, entre ellos, el presidente Crispiano Adames, viajó a Bogotá, Colombia para asesorarse sobre el tema, y evaluar la implementación de una iniciativa similar en ese país. Por ahora, los esfuerzos no han dado frutos.

La coalición ciudadana argumenta que el proyecto de ley existente requiere de “profundas modificaciones de fondo y forma” para cumplir con el cometido deseado. Estos grupos también abogan para que se presente un proyecto de ley destinado regular el lobby o cabildeo.

Argumentan que si bien se trata de “una actividad legítima”, la misma debe ser llevada con transparencia e integridad.

¿Quiénes son?

La coalición anticorrupción está conformada por la Fundación Para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional; el Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem), Ciudadanía Activa, Civitas, Fundación Espacio Cívico, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Movimiento Independiente por Panamá, Panamá Joven, y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia.

(Una versión anterior de esta nota mencionaba que no había habido avance legislativo en cuanto al proyecto de ley de protección de denunciantes. La nota fue corregida a las 12:00 p.m. del martes 2 de agosto para aclarar que el proyecto de ley 195 se encuentra a la espera de segundo debate).