Los líderes de los grupos sociales que han protagonizado las manifestaciones y huelgas en las últimas tres semanas permanecían reunidos anoche en Penonomé, provincia de Coclé, para unificar puntos en la metodología del diálogo con el gobierno y la agenda que llevarán.
Se trata de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), la Alianza Pueblo Unido, en la que participa el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), que además de los reclamos de medicinas, alimentos y combustibles aboga por un aumento general de salarios y más presupuesto para la educación.
Al mediodía de ayer martes, la dirigencia de Anadepo dijo que no iría a Coclé y exigía que el diálogo se hiciera en Veraguas, pero anoche llegó a Penonomé, en “calidad de exploración”.
En la tarde, pasadas las 3:00 p.m., la Policía Nacional usó la fuerza para abrir la vía Interamericana en Veraguas y permitir el paso de camiones con mercancías y alimentos. En medio de la acción, la policía usó gases lacrimógenos, que afectaron tanto a manifestantes como a particulares, entre ellos, una madre de familia con un bebé. Se registraron al menos siete arrestos.
Se complica salida a la crisis
Después de tres semanas de huelgas, protestas y cierres de calles debido al descontento por el alto costo de la comida, el combustible y los medicamentos, así como por la corrupción, surgió la propuesta de sentar a todos los grupos en una sola mesa.
El lugar: Penonomé, Coclé. Con esta noticia amaneció el país ayer martes 19 de julio. La Arquidiócesis de Panamá emitió un comunicado en el que informó que en esa mesa participarían la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que aglutina al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la Asociación de Profesores de Panamá, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social, entre otros. Además, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), que está conformada por la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), transportistas, comunidades indígenas, entre otros; y también grupos de la comarca Ngäbe Buglé y del Ejecutivo.
Anadepo se arrepiente
Sin embargo, el optimismo duró poco. La dirigencia de Anadepo, la misma organización que hizo pedazos un acuerdo que había pactado con el gobierno el pasado domingo 17 de julio para establecer el precio del galón de combustible a $3.25, dio marcha atrás. Antes del mediodía de ayer martes, un dirigente de ese grupo anunció que no se movilizarían a Coclé, pues el diálogo debía llevarse a cabo en Veraguas. “Mantenemos nuestra posición de que la mesa tiene que ser en Santiago de Veraguas, específicamente en la Escuela Normal de Santiago”, dijo Luis Sánchez, de Anadepo.
Méndez les contesta
La sentencia de Sánchez resonó en la capital y tuvo una respuesta contundente. Frente a la Universidad de Panamá y rodeado manifestantes, Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, dijo que debía “repudiar” la posición de Sánchez y enseguida sustentó que “aquí nada es condicional”, al tiempo que añadió que había que ir al diálogo con “madurez política, entender el momento histórico y con aras de llegar a la unidad que demanda y reclama el pueblo panameño”. Siguió: “No nos vamos a prestar para ese juego […] yo firmo algo, lo rompo hoy, mañana es otra cosa. Eso no puede ser y todo eso tiene que aclararse [...]”, manifestó.
Con respecto a los próximos pasos que daría para llegar a ese diálogo, el sindicalista dijo lo siguiente: “vamos a discutir entre los actores de lucha cómo ponernos de acuerdo, cuáles son los puntos que vamos a debatir, la metodología que vamos a proponer”. También explicó que después de eso, convocarían al gobierno para hablar de unidad y llegar a acuerdos.
Algo similar planteó la Arquidiócesis en otro comunicado. Explicó que las agrupaciones se reunirían para iniciar un diálogo entre ellas. Esta sería la primera de varias etapas.
Ayer a las 7:00 p.m. ya había acción en Penonomé. En una mesa de la iglesia centro católico Cristo Sembrador estaban sentados representantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de Anadepo y esperaban a los de la comarca Ngäbe Buglé. El facilitador es el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Efraín Rodríguez, de Anadepo, aseguró que estaban allí en calidad de “comisión de exploración”.
Méndez, por su lado, dijo que allí “nadie podía estar de forma obligada”. “El país está viviendo una situación bastante compleja y plantearse precondiciones es simplemente que la historia va a juzgar el papel que cada quien está jugando”, agregó.
A la crisis se le uniría otro reclamo: el de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, cuyo dirigente, Rengifo Navas, cacique general de Guna Yala, anunció que desde hoy miércoles 20 de julio cerrarán vías en el país en apoyo a las tres semanas de huelga, para que se respeten los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con los indígenas; y para que se instale una mesa de alto nivel que analice el tema de titulación de tierras y los lanzamientos de las propiedades en zonas comarcales. El Ejecutivo no se ha pronunciado en torno a estos temas.
Disturbios y represión
Mientras tanto, la vía Interamericana volvió a ser escenario de cierres y caos.
En Veraguas, se vieron los primeros indicios del uso de la fuerza para abrir las vías que interconectan el país. A eso de las 3:30 p.m., agentes antimotines lanzaron gas lacrimógeno a la multitud que cerraba el paso a la entrada de San Antonio en Veraguas. Se reportaron personas afectadas por los gases y heridos que fueron trasladados a la policlínica del área. Además, hubo detenidos.
Advertencia
La Presidencia de la República publicó un recuento de los sucesos recientes y las acciones tomadas por el gobierno en cuanto al precio del combustible. En el recuento, se refirió a la dirigencia del Suntracs y Anadepo. “Persisten en bloquear las vías, impidiendo el libre tránsito de las personas, causando el desabastecimiento de alimentos, afectando la recuperación económica, el derecho al trabajo, la educación y arriesgando la vida y la salud de la mayoría de la población”.
En sus redes sociales, la Aeve publicó imágenes de los heridos y aseguró que atenderían los casos de los detenidos durante la operación para despejar la vía.
“Garantizando el libre tránsito y el bienestar de los conductores, reabrimos la carretera Panamericana [...]. Continuamos garantizando la seguridad del desplazamiento del corredor humanitario hacia la ciudad capital”, aseguró la Policía Nacional en Twitter.
Durante todo el día se registró el paso de autobuses y camiones por algunos de los puntos clave de la Interamericana, en lo que se llamó un “corredor humanitario”, con la intención de hacer llegar insumos de un punto a otro. En Chiriquí, por ejemplo, se registraron largas filas en bombas de gasolina luego de que la provincia reportara escasez por los cierres.
Propuestas y demandas
Si bien la salida a la crisis se torna complicada, distintas agrupaciones, políticas y de sociedad civil, se pronunciaron al respecto.
El Partido Panameñista emitió un comunicado, en el que admitió que “las causas de la presente crisis son estructurales”. Planteó nueve propuestas, entre ellas, una mesa de diálogo única, implementar un plan riguroso de contención del gasto, cambios al Gabinete y derogar la Ley 314, que establece incentivos fiscales a proyectos turísticos, entre otros.
Una lista similar presentó la bancada independiente de la Asamblea Nacional (AN). Aseguró que las protestas “expresan demandas legítimas de los ciudadanos”. Planteó que los problemas en cuestión “exigen acciones inmediatas”. Igualmente, propuso 10 acciones, entre ellas, la creación de mercados comunitarios para reducir el costo de los alimentos, la discusión de proyectos anticorrupción que reposan en la Asamblea, la salida de los Ministros Consejeros y la reestructuración del Gabinete y reformas constitucionales.
Por su parte, el diputado Crispiano Adames, presidente de la AN, opinó que el momento que vive el país es una “acumulación de motivaciones y problemas de orden social, político y económico”. Habló sobre la responsabilidad que tienen las autoridades de escuchar a la ciudadanía que protesta y presentar soluciones, no solo en forma de diálogo, sino también en materia legislativa para atender “los problemas de fondo”.
Mientras, el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo recordó en un comunicado que uno de los objetivos de ese organismo es servir como espacio de diálogo y concertación entre todos los sectores de la sociedad, con miras a resolver los problemas nacionales más relevantes que agobian al país.
Manifestó su disposición para “contribuir al diálogo nacional en la búsqueda de las soluciones efectivas que requiere el país para mantener la paz social y el desarrollo nacional”. El comunicado está firmado por representantes de 11 grupos que están en la Concertación.
