Entre guerrilla y policía

Entre guerrilla y policía


Allá, en el Alto Tuira, en Darién, están los últimos pueblos antes de llegar a la frontera con Colombia.

Se trata de Yaviza, Boca de Cupe, Púcuro, El Balsal, El Naranjal, Sobiaquirú, Maturgantí y Paya, entre otros, cuya población es esencialmente indígena, aunque no están dentro de la comarca Emberá Wounaan, ni en el lado de la región de Cémaco ni en la de Sambú; y tampoco en la comarca Kuna Yala.

Son poblaciones que viven en la extrema pobreza, dedicadas a la agricultura de subsistencia y alimentadas, además, con los escasos víveres que llegan por el río.

Son poblados que históricamente han estado bajo la influencia de grupos irregulares del vecino país, en especial del Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero que ahora se enfrentan a una nueva realidad: la presencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Una presencia que ha traído médicos, educadores, más comida y algo de bienestar, a decir de las autoridades, pero que provoca, al mismo tiempo, la tensión del que se sabe entre dos frentes, entre la furia de la guerrilla y el gobierno.

En Paya y Púcuro ya hay historia de violencia. En enero de 2003, un comando de las Autodefensas Unidas de Colombia irrumpió en la zona y masacró a tiros a los cuatro líderes indígenas de esas comunidades, a quienes había acusado de colaboradores de la guerrilla.

En el eje de El Balsal y Sobiaquirú, mientras tanto, la violencia llegó en enero de 2010. Tres guerrilleros del Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cayeron abatidos en un enfrentamiento con funcionarios del Senafront. Entre los muertos estaba René, quien fuera parte de los anillos de seguridad de Gilberto Torres, alias Becerro, principal líder de la narcoguerrilla en la zona.

Y fue el propio Becerro quien hace poco tiempo –este mismo año– se puso en contacto con los caciques de la zona y a través de ellos envió una solicitud a las autoridades panameñas: que el Senafront se retire del Alto Tuira. Ni más ni menos.

Ya en 2010, el 13 de diciembre, el estado mayor del frente –también conocido como Frente Mario Vélez– hizo llegar al comandante del puesto del Senafront, en Paya, un comunicado en el que lamentaba que el actual gobierno los esté persiguiendo e hicieron un llamado para que el Senafront se vaya de la zona, no en tono de “amenaza”, sino con la intención de iniciar un diálogo.

La respuesta en ambos casos, según el director del Senafront, Frank Ábrego, es literalmente “no”. Y, mientras tanto, la vida continúa en esos pueblos fronterizos de selva húmeda y montaña; entre plátanos y pescados, guerrilleros colombianos y policías panameños...

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