Con la excusa de ayudar a familias de pobres recursos en la zona montañosa del corregimiento de El Cacao, distrito de Capira (circuito 8-2, representado por la diputada Yanibel Ábrego desde 2009), su junta comunal desembolsó unos $500 mil de las arcas del Estado para comprar una finca de 15.7 hectáreas en Capira.
Pero el pretexto enmascaraba propósitos más egoístas que altruistas. Buena parte de los beneficiados fueron familiares, copartidarios y allegados de la diputada Yanibel Ábrego (Cambio Democrático-CD).
En un inusual procedimiento de compra, efectuado en marzo de 2011 por el entonces representante del corregimiento de El Cacao, Tomás Herrera, fue adquirida una finca en el corregimiento de Lídice, a pocos minutos de la vía Interamericana.
Lo que los moradores de El Cacao nunca imaginaron es que la oportunidad de tener un mejor porvenir se escaparía de sus manos para quedar en las de 210 personas que jamás han vivido en esa comunidad ni pasan las vicisitudes de residir a casi una hora de la Interamericana, en un área rural olvidada.
La finca fue dividida en lotes y se entregaron 210 títulos de propiedad, publicó el portal digital de CD en septiembre de 2013. Sin embargo, en el Registro Público solo aparecen 202 títulos. Y, aunque la compra era supuestamente para beneficiar a moradores de El Cacao, la finca está a unos 30 kilómetros de ese poblado.
Los vendedores de la finca –Carlos Ábrego García y Nilka García de Ábrego– recibieron dos pagos de la Junta Comunal de El Cacao, que administró fondos de las secretas partidas circuitales de la diputada Ábrego durante los dos periodos electorales de Tomás Herrera (2009-2014 y 2014-2019).
Una investigación de La Prensa reveló que, entre 2009 y 2014, Ábrego habría destinado, al menos, $7.9 millones a esa junta comunal, que tenía como representante a su copartidario Tomás Herrera. Pero, Ábrego lo niega: “Los diputados no contamos con partidas circuitales desde el año 2001″, afirmó a La Prensa. Su afirmación contradice a su copartidario y entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien confirmó en junio de 2014 que a los 71 diputados se les entregó “$416 millones en partidas circuitales” durante la presidencia de Ricardo Martinelli.
De esas partidas circuitales, Ábrego habría recibido, como mínimo, $9.4 millones, la cuarta diputada con mayor asignación de fondos públicos entre todos sus colegas de la Asamblea Nacional, solo superada por José Muñoz ($15.7 millones); Manuel Cohen ($12.8 millones) y Dana Castañeda ($11.2 millones), todos por entonces pertenecientes a CD.
La asignación de estos recursos a los diputados se sustentó en un decreto de la Contraloría General, del 20 de octubre de 2010, que aprobó el “Procedimiento para el programa de gestiones comunitarias asignado a los honorables diputados”, documento este que nunca fue promulgado en la Gaceta Oficial.
Querido alcalde
El 19 de agosto de 2013, en la Gaceta Oficial se divulgó una resolución, firmada por el entonces representante de El Cacao, Tomás Herrera, que autorizaba a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) para realizar los trámites correspondientes para dividir la finca de 15.7 hectáreas en lotes, para luego adjudicarlos, “a título gratuito de los poseedores beneficiados de escasos recursos económicos residentes del corregimiento de El Cacao” (ver facsímil).
Al día siguiente –el 20 de agosto de 2013–, los primeros “beneficiados de escasos recursos económicos” en recibir sus lotes de forma gratuita fueron el hoy alcalde de Capira, Jorge Ramos (2 terrenos), así como su hermana Neddeissa Ramos (1 terreno).
Jorge Ramos, además de ser el actual alcalde de Capira, hasta hace poco gozaba de una licencia con sueldo pagado por la Asamblea Nacional desde 2012, de la que recibía $3 mil al mes como conductor, asignado a la oficina de su copartidaria –y prima– la diputada Yanibel Ábrego. Es decir, terreno gratis y salario sin trabajar.
Los dos lotes de Ramos –que suman más de 650 metros cuadrados– están justo en la entrada de la barriada El Progreso, nombre que le dieron a la nueva comunidad. Pero el funcionario no vive en el lugar. En uno de sus dos lotes vive su madre, mientras que en el otro construyó dos locales comerciales.
La vivienda que sí ocupa Ramos se encuentra en el Residencial del Oeste, una barriada construida por Ábrego. Para 2013, Ramos estaba en plena campaña política para convertirse en el próximo vicealcalde de Capira, que era, por entonces, suplente de Betzaida Sánchez, también de CD.
Consultado Ramos por este medio sobre la asignación de dos lotes a su nombre, afirmó que, “como residente del área, participamos en el programa de titulación y regularización implementado por la junta comunal. Todos los trámites fueron conforme la ley y es el área donde actualmente reside mi madre. Los trámites los hicimos nosotros a nombre personal y a su favor”. Este medio pudo observar, no obstante, que ambos terrenos están a su nombre.
La hermana del alcalde
Cuestionado sobre las justificaciones del traspaso a su nombre, a título gratuito, de terrenos comprados con dinero del Estado, en lugar de ser destinados a los moradores de escasos recursos en El Cacao, Ramos eludió responder. En su lugar, dijo que su familia es “originaria de Capira cabecera, donde se realizó el programa de adjudicación a residentes en el distrito”.
En cuanto a la legalidad de la asignación del lote a favor de su hermana –también pagado con fondos públicos– Ramos se puso a distancia. Dijo que su hermana participó, “a título personal, en otro programa de solución habitacional [que no mencionó] en el lugar donde reside”.
Residentes de El Cacao, consultados por este medio, no disimularon su disgusto por la adjudicación a políticos y sus familiares de estos terrenos. Aseguraron a La Prensa que Ramos “jamás” ha residido en el lugar, aunque se desempeñaba como “tesorero” en esa junta comunal.
“Aquí todo el mundo se conoce, y el alcalde [Ramos] nunca ha vivido por aquí. Las pocas veces que vino fue en campaña política, con la ‘patrona Yanibel’ [la diputada Yanibel Ábrego], y recibidos por Tomás [Herrera, el hoy exrepresentante de ese corregimiento]”, afirmó uno de los consultados.
Ramos no desmintió su vínculo con la junta comunal de El Cacao, pero aseguró que “no devengaba salario”. A pesar de ello, dijo tener responsabilidades en esa junta comunal: “Nuestras funciones eran relacionadas a la partida especial de proyectos”. Además de esa función, el hoy alcalde no detalló qué asignaciones tenía en la señalada junta comunal ni a cuánto ascendía la supuesta partida especial ni qué entidad sufragaba estos gastos.
El hermano Ábrego
Otro de los “beneficiados de escasos recursos económicos” fue Luis Rey Ábrego, hermano de la diputada de Capira. El terreno, de unos 300 metros cuadrados, también está ubicado cerca de la entrada de la recién fundada barriada, y a pocos metros de la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (Ulaps) de la Caja de Seguro Social.
La Prensa buscó en tres ocasiones a Luis Ábrego en su casa, pero nadie respondió los llamados de este medio. Vecinos del lugar consultados por La Prensa dijeron que “ahí no vive nadie. Solo consiguió que le hicieran una vivienda con el programa de Techos de Esperanza, para no gastar, y después trajo algunos bloques y materiales de construcción que ha dejado tirados desde hace años”.
La Prensa cuestionó a la diputada Ábrego sobre este beneficio a favor de su hermano, que recibió, pese a no vivir en El Cacao ni en El Progreso. Ábrego esquivó responder directamente la pregunta. Dijo que, “hasta donde entiendo, Luis Ábrego cumplió con todos los requisitos solicitados por la institución”.
Lotes y copartidarios
El globo de terreno de 15.7 hectáreas se repartió entre 202 personas. De ellas, 129 –o el 64%– eran miembros de CD, 9 estaban en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otras 3 en el Partido Panameñista.
La Prensa no logró ubicar la afiliación partidaria –si la tenían– del resto de los beneficiarios, pero varias personas con los mismos apellidos de los beneficiarios están inscritas en CD, precisamente desde cuando empezaron a entregarse estos lotes.
Para el abogado Ernesto Cedeño, el Ministerio Público y la Fiscalía Electoral deberían investigar la venta y distribución de estos terrenos. Cedeño cree que es posible estar frente a delitos de corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir.
El abogado mencionó que también se podría estar ante un delito electoral si se llegara a comprobar que se obligó a una persona a inscribirse a un determinado partido para recibir un lote de terreno.
“Hay fallas en el sistema de control y eso puede ser demandable por ilegal”, precisó Cedeño.
Vea mañana: Compraventa de finca: ‘Hable con la diputada Ábrego’
