A pesar del escándalo y la creciente indignación ciudadana, el Gobierno sigue desembolsando este año millones de dólares de manera discrecional en el polémico programa de auxilios económicos del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Recientemente, La Prensa reveló una base de datos que arroja luz sobre una porción significativa del programa de auxilios económicos, enumerando a 2,144 beneficiarios durante el período comprendido entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023. Este registro detalla un gasto total de $141.6 millones en auxilios económicos durante ese lapso. Estas cifras solo representan una parte del panorama completo, ya que aún permanecen en secreto los beneficiarios de otros 2,759 desembolsos.
Ciertamente el monto es mayor, ya que información estadística suministrada por el Ifarhu a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) da cuenta de que entre enero y marzo de este año se han pagado $7.1 millones en concepto de 386 auxilios económicos.
Resulta notable el peso que estos $7.1 millones destinados a auxilios económicos representan dentro del total de $14.2 millones desembolsados por el Ifarhu durante el período de enero a marzo de este año en sus cuatro programas principales: becas, asistencia económica educativa, auxilio económico y otros fondos. Lo anterior supone que el 50% de los recursos asignados por esa entidad en programas de financiamiento educativo se destinaron a auxilios económicos.
Los programas
Por ejemplo, en el programa de becas, un total de 7,656 estudiantes distinguidos, ganadores de concursos generales, así como aquellos destacados en áreas culturales y deportivas, recibieron un monto de $4.9 millones. Por otro lado, en el plan de asistencia económica, 867 estudiantes fueron destinatarios de una suma total de $1.2 millones. Además, en un renglón denominado “otros fondos”, fueron asignados a 36 individuos la suma de $1 millón.
Y si bien se dio a conocer el monto total de los desembolsos este año, aún falta la divulgación de los nombres de los beneficiarios. Esta opacidad persistente ha generado críticas, particularmente después de que el exdirector de la entidad, Bernardo Nando Meneses, se negara a entregar los expedientes de los beneficiarios a la Antai. Meneses justificó su decisión invocando la Ley 81 de 2019, que protege los datos personales, argumentando que la divulgación de esta información infringiría la privacidad de los individuos.
Llama la atención la diferencia abismal que existe en los montos de aquellos beneficiarios del Ifarhu que recibieron un auxilio económico, y los estudiantes distinguidos o que ganaron una beca a través del concurso general. En el primer caso les desembolsaron $7.1 millones a solo 386 personas y en el segundo, $4.9 millones entre 7,656.
En el informe estadístico suministrado por el Ifarhu a la Antai de 2024 no se incluyó el programa de Asistencia Social Educativa Universal, conocido también como beca universal y cuyo monto anual representó en 2023 unos $265.8 millones repartidos entre 815,340 estudiantes.
El reclamo
Por su parte, la Antai insiste en que el Ifarhu debe revelar quiénes recibieron los auxilios económicos. En una nota con fecha del 16 de abril la entidad reiteró que “la información del uso y disposición de fondos del Estado es de carácter público”.
La Antai también recordó al Ifarhu que debía cumplir la orden dictada hace 14 meses de derogar la Resolución 320-2021-522 del 3 de agosto de 2021, por medio de la cual Meneses declaró como “datos confidenciales” las resoluciones, las actas y toda información sobre el otorgamiento de beneficios económicos.
Igualmente, remarcó que el Ifarhu debe reglamentar el programa de auxilios económicos -”incluyendo en el mismo una convocatoria pública para aspirantes”- y publicar una rendición de cuentas mensual que incluya los nombres de los beneficiarios y los montos desembolsados, una lista de los beneficiarios que han concluido sus estudios satisfactoriamente y otra lista con aquellos que han incumplido sus obligaciones, la cual debe incluir el detalle de las sumas recuperadas por dichos incumplimientos.
Reiteramos que toda información con relación al uso y disposición de fondos del Estado, es información de carácter público. pic.twitter.com/0emNtbBWFM
— ANTAI (@ANTAI_Panama) April 16, 2024
El silencio
Ni Meneses ni su actual directora, Ileana Molo, ni la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que preside el Consejo Nacional del Ifarhu (máximo organismo de esa entidad), se han pronunciado hasta ahora. Meneses es actualmente candidato a diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) en La Chorrera.
A Molo se le solicitó una entrevista al respecto y aunque inicialmente había dicho que sí, luego comunicó que no podía atender a este medio debido a un “compromiso impostergable”.
En el reglamento de becas, asistencias económicas educativas y auxilios económicos del Ifarhu, que consta de 71 artículos, están listados los requisitos, derechos y obligaciones de los estudiantes acreedores de los programas de becas y de asistencias. En ambos se resalta que se dará preferencia a aquellos estudiantes “económicamente más necesitados”, de áreas vulnerables o en situación de riesgo social.
Sin embargo, muchos auxilios económicos fueron asignados a funcionarios y familiares de ministros, diputados, diplomáticos, proveedores del Estado, miembros del PRD y hasta del presidente Laurentino Cortizo. También de personas sin aparentes necesidades económicas.
