La condena crece. Más organizaciones de la sociedad civil se oponen al proyecto de ley 1031 que deroga la Ley 6 de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y establece la acción de habeas data, entre otras disposiciones.
“Debemos estar en estado de alerta frente al intento de mutilar la ley de transparencia”, declaró Rubén Arosemena, exvicepresidente de la República. Arosemena fue el presidente de la Asamblea Nacional cuando se logró la aprobación de la actual Ley 6 de 2002 de transparencia.
Los impulsores
Varios de los impulsores originales de la norma manifestaron su rotundo rechazo al proyecto del Gobierno que busca derogarla para reemplazarla por una nueva.
”Se pretende derogar la Ley de Transparencia y sustituirla por la ley de opacidad” manifestó Fernando Berguido, quien como presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, fue coautor del proyecto inicial de la ley de acceso a la información que terminó siendo aprobado en 2002 como la Ley de Transparencia de Panamá.
”Sería un retroceso imperdonable porque echaríamos a la basura una ley que significó un avance gigantesco en materia de rendición de cuentas”, manifestó Berguido, recordando que la misma no solo fue aprobada por unanimidad entonces, sino que fue la primera ley de acceso a la información de América Latina y un referente de la región.
El gobierno pretende derogar la Ley de Transparencia para reemplazarla por una "Ley de Opacidad" . Aterrador.
— Fernando Berguido (@fberguido) August 24, 2023
Solicito al gobierno recapacitar: comete un error gravísimo. Sufriremos un retroceso imperdonable que lo marcará como su verdadero legado.https://t.co/SlxcQ6vAOS
La ley panameña, recordó Arosemena, se logró gracias a un esfuerzo de la clase política en conjunto con la sociedad civil. “Hoy el país está invadido de una cultura de tolerancia a la corrupción y reformar esa ley mandaría una mala señal”.
A Guido Rodríguez, quien como adjunto del Defensor del Pueblo y Delegado para la Libertad de Expresión de la época participó activamente en la discusión y posterior implementación de la ley, le llama la atención lo inconsulta que ha sido esta iniciativa.
”Debemos estar muy atentos de que la discusión de este proyecto sea tan amplia y participativa como lo fue en 2001 – afirmó el abogado-. No se valen jugarretas teñidas de opacidad ni de propósitos politiqueros aviesos.”
El proyecto fue preparado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y presentado por el ministro de la Presidencia, José Simpson, a la Asamblea Nacional el pasado 27 de abril, luego de su aprobación por el Consejo de Gabinete.
La Antai está a cargo de Elsa Fernández, quien llegó al puesto con la administración de Laurentino Cortizo.
De acuerdo al proyecto que se discute en primer debate en la Asamblea, se sustituye el actual procedimiento que pauta un procedimiento sencillo, ágil, sin formalidades, ni necesidad de abogado ante los funcionarios que la custodian, así como las acciones de habeas data ante los tribunales en caso de negativa.
En su lugar, el proyecto contempla procedimientos burocráticos, a ser tramitado ante unas “unidades administrativas de transparencia” que pretenden crear en todas las instituciones.
Se convierte a la Antai en “entidad rectora y garante” de la transparencia, una entidad que es dependiente del Ejecutivo y que la ubicaría en abierto conflicto con la separación de poderes. En el futuro, al solicitante que se le niegue la información deberá ir, primero, a tramitar ante la Antai su solicitud. Solo después de ello podrá presentar un habeas data.
El proyecto de ley, además, elimina por completo el régimen de sanciones que contiene la legislación actual.
La nueva legislación blindaría, por ejemplo, la información concerniente a la entrega de becas y ayudas del Ifarhu, un tema que recientemente ha generado grandes cuestionamientos y controversias.
Sin embargo, para la directora de Antai, Elsa Fernández, la legislación es más “garantista” y agilizará los procesos. Según ella, se le dará respuesta de manera pronta a cada solicitud de información, pues el proyecto dice que las entidades “ya no tendrán 30 días para contestar como antes, sino 15 días hábiles.
”La Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede) fue otro de los actores cruciales en la aprobación de la actual ley. Para Carlos Ernesto González Ramírez, que entonces presidía el gremio, el proyecto de ley pretende introducir opacidad y burocracia a la normativa de transparencia, violando el espíritu y la norma constitucional y así justificar el uso de fondos públicos de manera discrecional y clientelar.”
El resultado será el mayor deterioro del poder de los ciudadanos, llevándonos a una espiral en la que terminaremos como súbditos de la casta política. Este proyecto no debe ser aprobado”, declaró.
Corina Cano, vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Gobierno, aseguró que el proyecto se va a discutir. Según ella, se trata de “una necesidad y un compromiso que el país lo ha exigido y que la Asamblea Nacional debe cumplir con ello.”
”En materia de transparencia, es muy poco de lo que Panamá puede enorgullecerse, tristemente. La Ley de Transparencia es la medalla que podemos lucir. Sería trágico derogarla y terminar con semejante mamotreto”, apuntó Berguido.
En la subcomisión
Aunque ayer jueves, el proyecto de ley no estaba en la agenda que la Asamblea Nacional envía a los medios, la subcomisión de la Comisión de Gobierno que fue creada para tratar la propuesta de ley, rindió un informe y comunicó que se necesita una consulta más amplia, por lo que se volverán a reunir el próximo 30 de agosto.
El objetivo de este nuevo encuentro es para que más organizaciones, entidades y personas puedan participar y emitir sus opiniones y comentarios al respecto.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, estuvo presente ayer jueves en la Comisión de Gobierno y subrayó que las organizaciones y personas deben pedir audiencia con la subcomisión, para que emitan sus puntos de vista. Recordó que se trata de una iniciativa de ley “inconsulta” y pone en “peligro” el estándar de transparencia, con lo cual necesita a una ciudadanía que se active y defienda al país.
A su juicio, si la ciudadanía no pone su voz en esta discusión, nos “pasarán por encima” y resaltó que sin ley de transparencia no nos vamos a enterar de lo que pasa en Panamá con el uso de los fondos públicos.
La principal queja de las organizaciones es que la propuesta del Ejecutivo tiene muchos vacíos, es burocrática, implica retrocesos en materia de transparencia, y no fue consultada con todos los sectores, que en su momento promovieron la norma que ahora se busca derogar, es decir, la Ley 6 de 2002.
Organizaciones periodísticas
El pasado 16 de agosto, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información, así como la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí enviaron una nota a Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno y a Eugenio Bernal, presidente de la subcomisión que evalúa el proyecto de ley.
Le plantearon a ambos diputados del Partido Revolucionario Democrático, que como organizaciones defensoras de las libertades de prensa y de expresión, y el derecho al acceso a la información, les preocupa la presentación de una sustitución a la Ley 6 de 2002 cuando ya ha comenzado el proceso electoral.
El mensaje fue claro: “Esta circunstancia no permitirá un debate abierto y extendido, sino por el contrario, presto a tergiversarse por intereses electorales de corto plazo. Segundo, la propuesta de reforma contenida en el proyecto de Ley 1031 se hizo al margen de las organizaciones interesadas en los asuntos de transparencia y acceso a la información y la ciudadanía en general. No hubo consultas ni debates sobre las mejoras y cambios que podría requerir la presente ley, piedra angular sobre la cual han descansado muchas revelaciones en las últimas décadas del manejo cuestionable de los recursos de los contribuyentes”.
Frente a ello, las cuatro organizaciones solicitaron suspender el debate de esta propuesta hasta que se hagan las consultas pertinentes y se pueda garantizar que no se disminuyan ni coarten los mecanismos para ejercer el derecho al acceso a la información pública, sino que, por el contrario, se fortalezcan y amplíen.
Estas peticiones se unen a las que en días anteriores hizo la abogada Magaly Castillo, decana de la Facultad de Derecho, de la Universidad Santa María La Antigua (Usma). En una nota, Castillo indicó al presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, que la propuesta que busca derogar la Ley 6 “no cuenta con el respaldo y la participación de organizaciones de la sociedad civil y sectores de la vida nacional que participaron en la promoción y elaboración de esta ley en el año 2002″.
