Incertidumbre, caos, huelga, protesta, y un acuerdo roto

“Hoy rompo frente a las cámaras lo que se firmó en el día de ayer porque me debo a las bases y las bases son las que tienen el último mandato”, sentenció desde Santiago, en la provincia de Veraguas, el profesor Luis Sánchez, representante de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Originario (Anadepo).

Enseguida cumplió lo que prometió: rompió en al menos ocho pedazos el acta de compromiso pactada con los representantes del gobierno de Laurentino Nito Cortizo, acuerdo que se alcanzó durante la noche del pasado domingo 17 de julio, después de 72 horas de negociación y donde consta que el precio del galón de combustible se venderá a $3.25, a cambio de abrir las vías cerradas.

El Ejecutivo mantiene lo pactado. De hecho, el Consejo de Gabinete, en sesión extraordinaria, aprobó fijar en $3.25 el galón de las gasolinas de 91 y 95 octanos y el diésel, a partir de ayer lunes y hasta el 18 de octubre de 2022.

El Gobierno se defiende

Una hora después del pronunciamiento de los dirigentes de Anadepo en Veraguas, el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, aseguró que Sánchez tiene “agenda oculta o doble agenda”. En TVN narró que buhoneros, pescadores, docentes, entre otros, lo habían llamado durante toda la mañana (de ayer) para indicarle que Sánchez iba a romper el acuerdo. Sánchez le contestó. “La única agenda que nosotros tenemos es llevarle justicia al pueblo panameño y vamos a seguir en las calles hasta que el Ejecutivo se siente nuevamente con nosotros”, le dijo.

La Anadepo hizo una invitación a las demás organizaciones que se encuentran protestando en las calles para crear una “mesa unitaria” desde San Félix, Chiriquí, hasta Panamá.

Pero ahora ya no solo discutirían el costo del combustible, la canasta básica y los medicamentos, pues también incluirían una mesa anticorrupción en la que participaría la Asamblea Nacional y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Uno de los catalizadores del estallido social fue la fiesta de los diputados donde brindaron con Macallan de $400 la botella por la reelección de Crispiano Adames como presidente de la Asamblea Nacional.

Lunes de caos

La acción de Anadepo se dio en un lunes de caos en todo el país, pero principalmente en la ciudad capital: cierres de las principales calles, bloqueo en los diferentes accesos a la capital, quema de llantas, protestas, barricadas improvisadas, atascamiento vehicular. Se registraron protestas y cierres de vías en al menos 85 puntos del país.

En ciudad de Panamá el caos se sintió en los siguientes puntos: vía España frente al Hospital de Especialidades Pediátricas, en la Avenida Ricardo J. Alfaro, próximo a la Universidad Santa María la Antigua, en Villa Zaíta y en Clayton. También hubo refriega en Tocumen frente a la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humano, al igual que en Paitilla, Punta Pacífica, avenida Balboa, calle 50, Bella Vista, Chilibre, corredor Sur, Costa del Este, Santa María, vía Transístmica y avenida Domingo Díaz, en la entrada de la barriada Brisas del Golf, entre otros. Además se registraron cortes de vías en la 24 de Diciembre, Mañanitas, Pacora y Chepo.

En el corredor Sur se vio a viajeros y turistas caminando rumbo al aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras rodaban sus maletas en medio de la vía.

En Panamá Oeste también se vivió la crisis en primer plano. Hubo protestas y cierres en la vía Centenario, a la altura del distrito de Arraiján, al igual que en la vía Interamericana por la zona de Howard. También en Loma Cová, Ciudad del Futuro, Vista Alegre, Arraiján Cabecera y 7 de Septiembre. La mayoría de las manifestaciones y bloqueos de vía fueron organizados por obreros del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), agrupación que, junto a la Asociación de Profesores de Panamá, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social, forman la denominada Alianza Pueblo Unido por la Vida. Este grupo rechazó el acuerdo que el gobierno, encabezado por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, pactó con Anadepo, en Veraguas y con grupos indígenas del oriente chiricano.

¿Mesa única?

Ahora tanto Anadepo, como la Alianza Pueblo Unido, hablan de una “mesa única”.

El que tomó la vocería fue el arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa. El religioso manifestó que es “urgente” la instalación de una mesa única de diálogo. “Lo que ahora urge es que se pueda instalar la mesa y la disponibilidad de los grupos en conflicto, es el primer objetivo”, sustentó en conferencia de prensa. Ulloa fue propuesto como mediador de un diálogo que convocó el presidente Cortizo el pasado jueves 14 de julio. Ese día el mandatario instaló una mesa para hablar con los distintos grupos en la Ciudad del Saber, pero al acto no acudió ninguna de las agrupaciones que han protagonizado las protestas. Sí fueron representantes de gremios empresariales del país.

Por su lado Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, señaló que las manifestaciones seguirán hasta lograr que se de una mesa única de diálogo.

“Nosotros, Alianza Pueblo Unido, consideramos que esa mesa única tiene que ser a contraparte del gobierno, para discutir los temas más apremiantes que tiene la población panameña: reducción real de combustible y atacar las ganancias de los monopolios y oligopolios del combustible, que ganen menos en medio de esta crisis” manifestó Méndez.

También dijo que se busca reducir el costo de los alimentos, los medicamentos y la electricidad. Este grupo también tiene en agenda un aumento general de salario. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno no se había pronunciado sobre retomar el diálogo con estas agrupaciones.

La incertidumbre reina

Las escuelas públicas siguen cerradas por la huelga, en tanto que las manifestaciones generando pérdidas millonarias y el desabastecimiento de combustible y alimentos en varias zonas del país, según lo que han informado gremios empresariales y de productores.