Cuando una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia –y los magistrados que la componen– rechaza una demanda que implica recursos públicos, siempre queda la posibilidad de recurrir a otra Sala y a otros magistrados. Al menos eso es lo que hizo Moshe Israel, un exconcesionario del puerto de Balboa.
El 13 de agosto de 2009, los magistrados de la Sala Civil de la Corte –Alberto Cigarruista, Harley Mitchel y Oydén Ortega– rechazaron la pretensión del representante de la empresa K.M.R.G., Moshe Israel, de obtener más recursos del Estado como consecuencia de la privatización de los puertos de Cristóbal y Balboa, ocurrida en 1997.
El fallo de la Sala Civil confirmaba la decisión previamente tomada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que el 13 de marzo de 2009 decidió que la obligación reclamada por Moshe Israel estaba extinguida.
Los fallos del Tribunal Superior y de la Sala Civil de la Corte citaron el finiquito firmado por Moshe Israel el 11 de noviembre de 2008, al recibir un poco más de 2 millones de dólares como indemnización por la terminación de su contrato de concesión.
La decisión, como se sabe, no desanimó el representante de K.M.R.G. que, el 6 de agosto de 2010, acudió a la Sala Tercera de la Corte con la misma petición, logrando el 16 de marzo de 2011 (siete meses después) que los magistrados Alejandro Moncada, Winston Spadafora y Víctor Benavides avalaran su reclamo.
Con los $3.5 millones adicionales obtenidos gracias al fallo que tuvo como ponente al magistrado Moncada, el exconcesionario del antiguo muelle 6 del puerto de Balboa habrá recibido unos $6 millones por la cancelación de sus contratos, lo que representa casi la suma total ($6.5 millones) fijada originalmente por el Estado como compensación para todos los concesionarios.
