Dirigentes indígenas, que integran una de las tres alianzas de los sectores sociales que discuten con el Ejecutivo medidas para aliviar el alto costo de la vida en Penonomé, se levantaron de la mesa y dieron un ultimátum de 72 horas para que el Gobierno cumpla con los acuerdos de canasta básica.
Esto pasó después que el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Motta, también se levantara de la mesa señalando que cumplir con el 100% de los acuerdos es difícil.
Al cierre de esta edición, la Iglesia intentaba bajar las tensiones y para ello solicitaba un receso.
Una comisión anticorrupción y una canasta de reclamos
La corrupción, uno de los temas bandera de las protestas y cierre de calles que paralizaron el país en julio pasado, quedó en la cola del diálogo de Penonomé entre el Ejecutivo y las tres organizaciones sociales que tomaron la vocería del movimiento.
En la madrugada de este domingo 21 de agosto (2:09 a.m.), representantes del Ejecutivo y de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado y Bastión del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos acordaron -después de 5 días de debate- la creación de una comisión nacional ciudadana de lucha contra la corrupción.
Fue el último punto de una agenda de siete temas, que incluyó canasta básica, combustible, energía, educación, medicamentos y Caja de Seguro Social (CSS) y cuya discusión empezó el pasado 21 de julio en el centro Cristo Sembrador, en Penonomé, Coclé.
El debate sobre corrupción
En el tema de corrupción las alianzas habían presentado 32 puntos, que incluían una propuesta de convocar a una asamblea constituyente originaria y un “consejo de auditoría social, autónomo, democrático y soberano” para auditar, evaluar, denunciar, demandar o querellar a empresas y funcionarios que incumplan con la rendición de cuentas en uso de fondos públicos.
Inicialmente el Ejecutivo propuso que la nueva comisión fuera creada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), institución que el 31 de agosto de 2021 creó la llamada Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Políticas Públicas Anticorrupción. Pero esa propuesta no prosperó.
La nueva comisión que se crearía estará integrada por dos representantes de cada grupo social presente en la mesa del diálogo de Penonomé. Cada titular tendrá su suplente y se permitirá la participación de los técnicos requeridos por los integrantes de la comisión. No se menciona a ninguna de las organizaciones reconocidas en la lucha anticorrupción en el país.
Ninguno de estas agrupaciones fue invitada a la mesa única de Penonomé.
Leah de Boersner, de Espacio Cívico y una de las organizaciones que conforma la Coalición Pro- Trasparencia y anti-corrupción, dijo que es inaudito que solo tres agrupaciones vean temas estructurales del país, como corrupción y transparencia. Aseguró que en ese diálogo lo ideal es que incluyan en cada mesa temática a los sectores relevantes de cada tema.
No obstante, vio con buenos ojos que sea la Antai la que lidera esta comisión.
Según un comunicado oficial del Gobierno, la naturaleza de la nueva comisión se enmarca en lo establecido por la Comisión Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos.
El organismo deberá presentar posibles casos de corrupción en las entidades públicas con la finalidad de que las autoridades competentes hagan las investigaciones. Además, podrá interponer denuncias ante las autoridades correspondiente (Ministerio Público, fiscalías especiales e instancias correspondientes) por la comisión de supuestos hechos punibles contra la administración pública; promover y proteger la libertad de buscar, recibir y difundir información relativa a la corrupción; rendir informes de las acciones y resultados de su gestión; y presentar ante las instancias correspondientes, propuestas de políticas públicas encaminadas a reducir la corrupción en el sector público y privado.
Elsa Fernández, directora de Antai, dijo que lo que se ha hecho es fortalecer la participación ciudadana en la lucha anticorrupción. Aseguró que ahora, aparte del mecanismo interinstitucional, habrá uno de parte de la ciudadanía.
Por su parte, Jorge Guzmán, de la Alianza Pueblo Unido, señaló que en realidad esta es una comisión de la verdad “que debe llevarnos a que se investigue, denuncie y se penalice al que haya que penalizar y se devuelva todo lo que se le ha robado al país”. Reiteró la importancia que el Ejecutivo emita el decreto cuanto antes para empezar a trabajar.
Gritos y reclamos: director del IMA patea la mesa
Agotado el tema de corrupción y transparencia se tenía previsto que la Iglesia dejara su papel de facilitador y asumiera un papel de observador. Sin embargo, las agrupaciones sociales han insistido en que en varios de los temas discutidos quedaron asuntos pendientes.
Entre esos temas figura la canasta básica, que fue precisamente el primero de la agenda. Y este domingo 21 de agosto este fue el plato fuerte del diálogo de Penonomé con la profesora Elsy Lezcano, del equipo facilitador de la Iglesia, como moderadora, que tuvo uno de los días más difíciles en ese rol.
A la sesión de ayer domingo, que se reanudó a las 12:25 m.d., comparecieron por parte del Ejecutivo, entre otros, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Carlos Motta y el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Jorge Quintero.
Este era uno de los días más esperados en la mesa, debido a los constantes reclamos de presunto incumplimiento por parte del Ejecutivo.
Santiago Montenegro, docente y dirigente del Bastión del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, dijo que el Gobierno incumple los acuerdos del diálogo debido a que en las abarroterías y supermercados de la comarca no se encuentran los 72 productos rebajados. Se preguntó: “¿cuál es el miedo de presionar a las grandes empresas a que cumplan con lo que estableció el decreto de las rebajas”?
Y lanzó una amenaza recurrente en la mesa: la posibilidad de retomar acciones de fuerza en las calles, como ocurrió en julio: “Afuera hay un pueblo que solo está esperando la orden”, advirtió. Su compañero Saverio Jurado, remarcó que en la comarca no encuentran arroz de primera -subsidiado- y que solo hay arroz especial, que es mucho más caro. Dijo que él, además de dirigente de padres de familia, es revendedor de mercancía y le consta lo dicho por su compañero Montenegro.
Carlos Alberto Motta Núquez, quien fuera diputado por el Partido Revolucionario Democrático por la región de Barú, en Chiriquí, en el período 2014-2019, empezó advirtiendo que no iba a la mesa a “pegar mentiras”. Fue claro: el IMA no tiene capacidad para tener en los cerca de 14 mil supermercados y abarroterías del país los 72 productos de la canasta básica regulados por el Gobierno para tratar de lograr el objetivo de reducir en un 30% la canasta básica familiar. Ni siquiera las grandes distribuidoras como H. Tzanetatos, Inc. podrían hacerlo, reconoció. “No vamos a tener los supermercados llenos de productos Panamá”, agregó. Además, recordó que existe una escasez de arroz en el mercado y que el único molino que tiene suficiente es el de la marca Arrossísimo.
Dijo que el Gobierno está en la disposición de cumplir los acuerdos poco a poco, no de “un solo cascarazo”, porque solo en la comarca, por ejemplo, hay 368 tiendas. La idea, según explicó, es construir tiendas del IMA para que estas vendan directamente a los habitantes de la comarca o vendan a las tiendas.
Mencionó, además, que ni siquiera los comerciantes les quieren vender pollo. Solo lograron que les vendieran excepcionalmente para la comarca.
Quirós, en tanto, fue más diplomático. Repartió un borrador de reforma de Acodeco y mencionó todas las acciones que la institución, incluso con personal prestado, está haciendo, para tratar de cumplir. Eso incluye una investigación sobre presuntas prácticas monopolísticas en el tema del arroz.
Aclaró que la Acodeco no puede obligar a un comerciante, por ejemplo, a vender un determinado producto.
Ante las duras críticas de los sectores sociales, Motta se levantó de la mesa, tomó su maletín y se marchó. Se le apagó el micrófono por lo que no se escuchó lo que dijo. Sí se escuchaban los gritos de los miembros de las alianzas.
La moderadora intentó conciliar a las partes dejando que pasaran unos minutos. Los dirigentes indígenas exigieron la renuncia inmediata de Motta.
Ante las críticas, la ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Doris Zapata, pidió disculpas a la mesa, pero los representantes de las alianzas seguían exigiendo el cumplimiento de los acuerdos con celeridad.
Más tarde, Motta circuló un comunicado en el que pidió disculpas y aseguró que todo se debió a la “tensión acumulada, luego de muchas semanas de trabajo sin descanso”.
Al cierre de esta edición la mesa retomó el diálogo, en el que se reiteró el pedido de renuncia de Motta y la exigencia de que se cumplan los acuerdos. A la mesa se había sumado el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, quien intentaba explicar por qué es complicado el tema de la canasta básica.
