La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó este martes 25 de abril el proyecto de ley 625, sobre extinción de dominio de bienes ilícitos en primer debate.
La propuesta, que sufrió modificaciones en muchos de sus artículos, también tuvo un cambio de título. Originalmente se denominaba “Que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos”, pero luego de varios análisis en una mesa técnica fue nombrado “Que adiciona el Título XX al Código de Administrativo, que crea la jurisdicción patrimonial de extinción de dominio”.
El proyecto, que fue presentado al Legislativo por el ministro de Seguridad Público, Juan Pino (28 de abril de 2021), ahora será discutido en segundo y tercer debate por los 71 diputados que conforman la Asamblea. En la sesión de este martes en la comisión, estuvieron presentes el presidente de ese órgano del Estado, Crispiano Adames, y la primera vicepresidenta, Kayra Harding.
Puntos a discutir
La discusión estuvo enfocada en las modificaciones realizadas al proyecto de ley durante la mesa técnica, que se desarrolló del 5 al 14 de abril, en la que sólo se llegaron a discutir aproximadamente 40 de los 94 artículos aprobados en el proyecto.
Uno de los puntos que generó más discordia fue la inclusión o no de los delitos de corrupción dentro del catálogo de delitos inmersos en la extinción de dominio.
El proyecto de ley original, en su artículo 3 decía que “la presente ley es de orden público y está dirigida a la extinción de dominio de los bienes, instrumentos, recursos, productos, activos o valores que carecen de legitimidad, no pueden gozar de protección institucional debido a su origen o destino vinculado a actividades delictivas”. Pero, en las mesas técnicas se elaboró un catálogo de 11 delitos entre los que no figuran los que tienen tienen que ver contra la administración pública. En ese catálogo se incluyó por ejemplo, los delitos relacionados con drogas, el financiamiento de terrorismo, el tráfico ilegal de personas, el tráfico de armas internacionales, el trafico ilícitos de migrantes, la explotación sexual, comercial y la pornografía con personas menores de edad, el secuestro, la extorsión, el homicidio y el blanqueo de capitales cuando derive de alguno de los delitos anteriores, entre otros.
Fue el diputado Edison Broce, quien cuestionó a sus colegas de la comisión, por la ausencia de los delitos de corrupción dentro del catálogo de delitos desarrollado. Leandro Ávila, presidente de la comisión, respondió que la razón por la que el Ministerio de Seguridad propuso este proyecto, fue para combatir el músculo financiero de las organizaciones criminales. Añadió que eso se encierra en el catálogo de delitos que confeccionaron. “La única voz disidente en la mesa técnica, fue la del Ministerio de Seguridad. Hay que decirlo con claridad, cuando presentó el primer proyecto, incluía básicamente todos los delitos del Código Penal y del Código Procesal Penal”.
Ávila resaltó que fue uno de los puntos que según él tuvo consenso en la mesa técnica.
Luego de un receso, el diputado Broce, junto al panameñista, Luis Ernesto Carles, intentaron volver a incluir los delitos contra la administración pública, al paquete de reformas al proyecto de ley 625. Pero, la propuesta tuvo los votos en contra de la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de sus aliados del Molirena.
Aunque según Broce, los diputados oficialistas no tuvieron los cinco votos para modificar el artículo 3 del proyecto, por lo que, añadió, según el reglamento de la Asamblea Nacional, quedaría tal como estaba originalmente. Es decir, el presentado por el Ministerio de Seguridad.
“Mi propuesta sólo tuvo dos votos a favor; la propuesta del resto de excluir la corrupción tuvo tres votos. Como no tuvieron los cinco votos que se necesitan por Ley, se mantiene el artículo original del proyecto, que abarcan todas las actividades ilícitas, incluyendo la corrupción”, añadió.
El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, quien presenció el primer debate y la votación, a pesar de no integrar la comisión, afirmó que Panamá necesita y requiere este tipo de ley.
“Me parece una norma bastante consensuada en su atención en lo que realmente Panamá, bajo las legislaciones actuales y vigentes, necesita y requiere”.
Por su parte el abogado Ariel Corbetti, quien participó de manera activa de las mesas técnicas y de los debates, afirmó que le ha quedado un sabor “agridulce”, ya que según él no se incluyeron los delitos de corrupción.
“Hay una cierta incertidumbre si este proyecto va a contemplar también dentro de los catálogos de delitos la corrupción, somos fervientes defensores de la necesidad de enviar un mensaje positivo, en cuanto al adecentamiento de la administración publica. Hay una incongruencia que se aprobó que la decisión final en extinción de dominio pasa a casación, mientras que el título reforma es al código administrativo, si es coherente el régimen legal debería ir a la sala tercera de contencioso administrativo con las limitaciones que esto implica”.
En tanto, el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, ponderó la “voluntad política” de los diputados al retomar y aprobar este proyecto.
“El segundo debate va a permitir a la Asamblea establecer lo que es la jurisdicción, que debe quedar claro que fortalezca la persecución criminal, de tal forma que el procurador nombre a los fiscales de extinción de dominio y que la administración justicia pueda contar con esos jueces de garantías para velar por el debido proceso”, añadió.
La Comisión de Gobierno estuvo integrada durante esta sesión por los diputados del PRD; Leandro Ávila y Héctor Brand, junto a la diputada del Molirena, Corina Cano; además del diputado panameñista Luis Ernesto Carles y el independiente Edison Broce.
La diputada de Cambio Democrático Fátima Agrazal, quien también integra la comisión, estuvo presente por 30 minutos antes que comenzara el debate, y luego se retiró.
Al pleno
En la tarde, el diputado Ávila presentó el proyecto ante el pleno legislativo para su discusión en segundo debate. “O revisamos esta ley, o los poderes de este país la van a hacer al antojo. Quienes pensaban que esta Asamblea no se iba a atrever a discutir la propuesta de ley, se equivocaron. Hemos tomado todo el cuidado que este proyecto de ley no se preste para persecución política, hemos aprendido que hay que legislar en gobierno, para cuando se esté en la oposición”, manifestó.
En el proyecto de ley que llegó ayer al pleno, no se observa el catálogo de delitos.
