Las jubilaciones especiales de los agentes de seguridad pública representan una carga considerable para el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg). En 2025, estas subvenciones costarán al menos $103.6 millones, una cifra similar a la de este año, que asciende a $104.7 millones, según documentos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sin embargo, la aspiración de este ministerio era obtener $153.7 millones, un monto que no fue considerado.
En junio pasado, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, la Policía Nacional informó que 528 agentes, quienes habían cumplido 30 años de servicio, tenían sus jubilaciones en trámite. Este proceso involucra a tres entidades: Minseg, MEF y la Contraloría General de la República. Además, comunicó que en los últimos seis meses se habían jubilado 346 policías. Varias semanas después, en julio de este año, la Policía Nacional informó que desembolsarían $5.8 millones para el pago de jubilaciones.
Para este 2024, el Minseg había contemplado las jubilaciones de 3,300 funcionarios de los organismos de seguridad del país.
Ley polémica
Las jubilaciones especiales de las fuerzas de seguridad han sido objeto de controversia, ya que la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía Nacional, permite que sus oficiales (Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Nacional Aeronaval) se jubilen luego de 30 años de servicio. Esto significa que pueden retirarse antes de la edad establecida por la ley de la Caja de Seguro Social (CSS): 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.
Las jubilaciones especiales están estrechamente relacionadas con la abultada planilla de la fuerza pública, que sigue una jerarquía de rangos. En la Policía Nacional, estos van desde agentes y cabos hasta subtenientes, tenientes, capitanes y mayores, llegando a niveles superiores como subcomisionados, comisionados y subdirectores. En el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), existen rangos similares, aunque con denominaciones ajustadas a sus áreas de especialización en fronteras y aeronáutica.
A finales de septiembre pasado, el ministro Frank Ábrego anunció que 3,000 agentes adicionales saldrían a las calles, sumándose a los casi 30,000 hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, el Senafront y el Senan.
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Para 2025, el Ministerio de Seguridad Pública contará con un presupuesto de $971.5 millones. En 2024, a esta entidad se le asignaron $946.1 millones, es decir, que el próximo año dispondrá de $25.4 millones adicionales.
Según el proyecto de presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 31 de octubre, $820.8 millones estarán destinados a la seguridad pública nacional.
Durante el gobierno de Cortizo, Panamá contó con dos ministros de Seguridad: Rolando Mirones, quien dejó el cargo en febrero de 2020, y Juan Pino, quien completo el resto del periodo. Además, la Policía Nacional contó con tres directores: Jorge Miranda, Gabriel Medina y John Dornheim.
La era de Fernández
El actual director de la Policía Nacional es Jaime Fernández, ingeniero industrial graduado de la Universidad Santa María la Antigua. Está vinculado a la aviación como socio y fundador de Flytrip, y también ha trabajado en los sectores de seguros y bancario. Ha formado parte de las juntas directivas del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Cámara de Comercio.
A finales de septiembre pasado, Fernández ordenó una serie de rotaciones y traslados, incluyendo la asignación de nuevos puestos para dos comisionados, 40 subcomisionados, ocho mayores y dos capitanes.
