El presidente de la junta directiva de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y hasta este domingo ministro de Comercio e Industria, Jorge Rivera Staff, justificó el exorbitante monto del mutuo acuerdo para el gerente general Carlos Mosquera, quien pretende cobrar casi $250 mil, al indicar que está amparado por ley. Sin embargo, al tratar de validar el pago, dejó en evidencia que Mosquera aspira a triplicar la cifra pagada al gerente que más cobró a su salida en 2017.
En una extensa nota fechada el 28 de junio, su último día hábil como ministro, Staff dice al procurador de la Administración, Rigoberto González, que el cobro de Mosquera se sustenta en acuerdos firmados entre Etesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá (Sitiespa) “desde hace más de 20 años”. Según Staff, las apreciaciones sobre la ilegalidad de estos acuerdos son “completamente incorrectas y supremamente ingenuas, por decir lo menos”.
La nota adjunta un cuadro con las liquidaciones de siete exgerentes de Etesa, que suman $399,789. El que más cobró fue Iván Barría, con $88,866 por dos años y nueve meses de servicio en 2017, una diferencia de $160,329 en relación al monto que pretende Mosquera. Mientras tanto, José Ignacio Quirós, quien podría aplicar el mismo beneficio de Mosquera por los años de servicio, de acuerdo con el plan de beneficios para gerentes y personal de confianza, cobró $37,578. Esto significa que Mosquera cobraría $211,617 más.
¿Quién manda?
“El gerente de Etesa es nombrado y puede ser removido únicamente por la junta directiva, más no por el Órgano Ejecutivo o entidades similares, como sí ocurre con los funcionarios públicos”, afirmó Staff a González en la misiva. No obstante, omitió mencionar que la junta directiva de Etesa en pleno es nombrada únicamente por el Ejecutivo, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 6 de 1997.
La junta está presidida por Rivera Staff, el secretario es José Simpson, hasta este domingo ministro de la Presidencia; el tesorero es Carlos González, viceministro de Economía. Como directora independiente fue asignada Luz Arreguín, pariente del perredista y secretario de la Asamblea Nacional, Quibián Panay y un miembro de los colaboradores. Con derecho a voz, puede asistir el Contralor General de la República o su designado.
Rivera Staff indicó que Etesa maneja un presupuesto anual de $300 millones, de los cuales asigna $20 millones para el pago de planillas, incluyendo las prestaciones.
Detalló que una vez culmina el periodo de labores del gerente general de Etesa, recibe una indemnización por los servicios prestados, así como sus prestaciones por ley, dentro de un acuerdo de terminación de relación de trabajo, aprobado por la junta directiva.
Etesa, ¿privada, pero pública?
En su análisis para justificar la legalidad de los exorbitantes mutuos acuerdos de gerentes y personal de confianza en Etesa, Rivera Staff señaló que desde su creación, esta empresa tiene “condiciones especiales”, entre las que mencionó la aplicación de las normas del Código de Trabajo para sus trabajadores.
Destacó que Etesa paga impuestos al Tesoro Nacional, aproximadamente $10 millones al año, siendo uno de los aspectos que lo diferencia de una entidad estatal.
“Sus ingresos no provienen del presupuesto general del Estado, sino del componente de transmisión en la tarifa del servicio público de electricidad que pagan todos los clientes del país. Estos ingresos son regulados y establecidos por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)”, resaltó Rivera Staff.
Aclaró que con el paso de los años, se aplicaron diversas normativas a Etesa, como la Ley de Contrataciones Públicas, su inclusión en la Ley General de Presupuesto y la aplicación de normas de la Contraloría General.
Precisamente, este medio observó que la nota a González, lleva copia al contralor Gerardo Solís, quien el pasado viernes reveló a este medio que solicitó a la Corte Suprema de Justicia que decida la legalidad de estos pagos.
Recientemente el procurador González calificó de reprochable los mutuos acuerdos a favor de gerentes y funcionarios de confianza Etesa.
González señaló que si bien la ley permite ciertos acuerdos, “no todo lo legal es éticamente correcto. La ley es para cumplir, no para darle la vuelta y beneficiarse de ello”, afirmó.
