Han pasado ocho años desde que la Comisión de la Verdad entregó su informe, en el que documentó 110 casos de personas desaparecidas durante la dictadura militar. Ocho años en que la justicia no ha actuado para llevar a los presuntos responsables ante los tribunales.
De esto culpan a la falta de interés de las autoridades judiciales para armar los expedientes, y a la constante presentación y admisión de recursos judiciales dilatorios.
Maritza Maestre, del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego, consideró que si bien el trabajo de la Comisión no fue satisfactorio en un 100%, significó un gran avance en la documentación de muchos casos, que de otra manera hubiesen quedado en el anonimato.
A la vez, indicó que la fiscalía itinerante creada por el Ministerio Público (MP) para adelantar estos procesos también logró construir varios de los expedientes y llevarlos hasta los tribunales de justicia, pero que allí muchos procesos se estancaron y sufrieron la denominada mora procesal y la acumulación de recursos.
De los 110 casos documentados, sólo 84 lograron convertirse en procesos penales. De esa cantidad, siete fueron archivados, 18 concluyeron con un sobreseimiento provisional y cuatro con uno definitivo; 16 fueron declarados prescritos; en tres hubo indultos, en dos se absolvió a los investigados y en ocho se dictaron sentencias condenatorias. El resto está en otras etapas de la investigación.
Entre las desapariciones prescritas están las de Santiago Elías, Floy Britton, Alcibiades Bethancourt (tío de Maestre), Teodoro Palacios, Ignacio Salinas, Delia Perry, Macario Blanquicet, Reinaldo Sánchez Tenas, Narciso Cubas, Genaro Sarmiento, José Del Carmen Tuñón, Betsy Marlena Mendizábal, Jorge Falconett, Eduardo Correa y Ariosto González.
En algunos de estos la prescripción se produjo porque la Comisión de la Verdad no logró documentar los casos y no se pudo establecer una posible vinculación de los responsables con los crímenes y desapariciones.
En otros, como el de Cruz Mojica Flores, muerto a manos de la Guardia Nacional el 3 de diciembre de 1968, las autoridades dispusieron la reapertura del caso en el año 2006; luego se presentó un recurso de prescripción, y en enero de 2007, la Sala Penal de la Corte señaló que es procedente el proceso. Entonces, ya era demasiado tarde: el Tribunal Superior de Chiriquí ordenó el sobreseimiento provisional, ya que el único responsable identificado falleció.
Algo similar ocurrió con la investigación de Alonso Sabín Moreno, desaparecido en Piedra Candela, Chiriquí, en diciembre de 1968, a quien se acusó de ser guerrillero. En julio de 2007 la Fiscalía Primera Superior solicitó el llamamiento a juicio de Robinson Esperanza Fuentes, pero el 26 de mayo de 2009 se declaró extinguida la acción penal, tras la muerte del sindicado.
