En Panamá, la justicia se aplica con todo rigor al “hijo de la cocinera”, mas no cuando se trata de un delincuente “de cuello blanco”.
Esa es la conclusión de la más reciente encuesta que encargó La Prensa a la consultora Unimer. El 85.6% de los encuestados (de un universo de mil 207 personas) opinó que la justicia no es igual para todos, puesto que ante un mismo delito, es más “tolerante” con unos que con otros. Apenas el 13.8% respondió que la justicia “es igual para todos”. La encuesta tiene un margen de error del 2.8%.
¿Con quiénes se es más “tolerante”? La respuesta es previsible: con los que tienen el poder (político o económico) o están, por lo menos, cercano a él. El 71.6% de los encuestados opinó que se favorece a “los ricos” y el 26.2%, a los gobernantes. Los menos favorecidos serían los narcotraficantes (4.8%), los “jóvenes” (1.7%), y los extranjeros (1.4%).
Esta desigualdad con que se administra justicia en Panamá ha sido reconocida hasta por los propios integrantes de la Corte Suprema.
En enero de 2008, el mismo día que fue juramentado como magistrado de la Sala Civil, Oydén Ortega pronunció unas palabras que quedarán para siempre en las hemerotecas. “No puede existir una Corte donde se vendan fallos”, dijo. Los presentes en el acto protocolar quedaron perplejos ante semejante acusación pública, pero ni uno solo replicó. Ni siquiera el entonces presidente de la República Martín Torrijos, que estaba a su lado.
Hay suficientes ejemplos que avalan la percepción de impunidad.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia –la red de organizaciones que trabaja en pro de las reformas al sistema judicial en Panamá tiene hasta un “Observatorio sobre la corrupción”. Recientemente, la organización hizo un análisis del estatus de 28 procesos considerados “de alto perfil”, todos vinculados a actos de corrupción gubernamental: los sobornos del Cemis; las inundaciones de Prados del Este; los fondos que donó Taiwan; los fideicomisos de la Caja de Ahorros; el caso “duro-dólares”; la concesión a Ports Engineering and Consultans Corp. (PECC) y Ocean Pollution Control (OPC); el hurto de la escultura Los Juegos de Antaño; la explosión del autobús 8B-06, y las contrataciones para remover fibra de vidrio en los techos de colegios oficiales, son algunos de ellos.
La mayoría de estos casos no superó siquiera la etapa de investigación y todavía ni uno solo ha concluido en una condena.
Casi todos son archivados en plena fase de investigación por sobreseimientos, falta de pruebas sumarias o inmunidades parlamentarias o electorales. De hecho, la inmunidad que tenía Moscoso como parlamentaria centroamericana fue lo que impidió que avanzara la investigación a la Fundación Mar del Sur, y la que tenía Pérez Balladares fue la causa argumentada por la Corte para ordenar el archivo de las pesquisas de PECC.
Y las pocas investigaciones que logran progresar deben enfrentar toda clase de recursos dilatorios que presentan los abogados defensores, dirigidos a alcanzar una misma meta: la prescripción.
