La Asamblea ampliará las consultas de la ley de transparencia; la Presidencia guarda silencio

La Asamblea Nacional ampliará las consultas al proyecto que deroga la ley de transparencia de 2002 y la remplaza por una nueva norma que restringe el acceso a la información pública, mientras crece el rechazo a esta iniciativa que impulsa la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Presidencia de la República.

Las consultas se reanudan el próximo miércoles 13 de septiembre, a las 10:00 a.m., y serán ante la comisión legislativa de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, a quien corresponde aprobar la propuesta en primer debate. La comisión se declaró en sesión permanente.

La decisión de ampliar las consultas fue recomendada este miércoles 6 de septiembre, por una subcomisión, que en las dos últimas semanas sostuvo reuniones para conocer la opinión de gremios profesionales y organizaciones cívicas.

Todos los consultados por la subcomisión solicitaron suspender el debate. De hecho, una veintena de organizaciones envió una carta al presidente Laurentino Cortizo, solicitando que retire el proyecto de ley 1031. El último grupo en sumarse a la petición es la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), que lo hizo este mismo miércoles.

“El ambiente político electoral que vive el país no ofrece las condiciones adecuadas para el debate de una iniciativa tan importante”, señala la Capac.

La carta abierta circuló el 5 de septiembre y este miércoles se entregó a la Presidencia, que hasta ahora ha guardado silencio al respecto.

Esa propuesta fue presentada a la Asamblea el pasado 27 de abril, por el ministro de la Presidencia, José Simpson.

Lea aquí el proyecto de ley 1031

En la sesión de este miércoles, la diputada Corina Cano leyó el informe de la subcomisión, en el que, además de ampliar las consultas, se recomienda incorporar al proyecto todos los artículos del Capítulo VI de la Ley 6 de 2002, sobre las sanciones y responsabilidades personales de los funcionarios que nieguen o obstaculicen el acceso a la información pública que está bajo su custodia. Se trata de cuatro artículos (del 20 al 23) que contemplan multas que van desde un monto equivalente al doble del salario mensual que devenga el funcionario infractor hasta su destitución del cargo, en caso de reincidencia.

El proyecto 1031 elimina la destitución del cargo de la lista del catálogo de sanciones.

Tras culminar la lectura del informe, el diputado panameñista Luis Ernesto Carles (que forma parte de la subcomisión legislativa, junto a Corina Cano y Eugenio Bernal), anunció la decisión de salvar su voto, porque el proyecto 1031 no cuenta con el aval de las organizaciones.

A su juicio, la propuesta debe ser rechazada por la Asamblea y devuelta al Ejecutivo, para que esta vez la Antai sí haga las consultas correspondientes.

Elsa Fernández, directora de Antai, dijo sentirse “complacida” con la decisión de la comisión legislativa y dijo que ha escuchado “aseveraciones” inexactas sobre el proyecto 1031. Por tanto, entregó un análisis “técnico” escrito que elaboró sobre la propuesta, a fin de “aclarar” aspectos.

Sostiene que no se han “eliminado” artículos de la Ley 6 de 2002, sino que fueron “ubicados” en orden cronológico en la propuesta legislativa.

Fernández aboga por “fortalecer” el papel y dijo que en ocasiones la autoridad rectora del tema tiene un pronunciamiento y “el órgano Judicial lamentablemente desestima la postura que la entidad tiene, lo puedo decir específicamente en el caso del Ifarhu. Este entidad tiene una postura y señaló que eso era de cáracter público y está contenido en la Ley 6, que todo lo que es programa que desarrolla una entidad... el hecho de que hay manejo de que hay fondos públicos, y la semana pasada yo leí los considerandos de la Resolución que nosotros emitimos y lamentablemente se tomó la postura que había que emitir lo del Órgano Judicial”.

Fernández, que fue designada en el cargo por el presidente Laurentino Cortizo, lamentó que los directores de Antai tienen un mandado que corresponde al de la entidad nominadora; es decir, “acompaña el periodo presidencial”, por lo que “no juega el rol de balance que debe tener, como en el caso de la Defensoría del Pueblo”.

“Esos aspectos hay que cambiar, hay que modificar. Ya nos sentamos en el puesto y sabemos cuáles son las debilidades”, remarcó.

“Ni el sistema es perfecto ni los hombres son perfectos ni la Antai es perfecta”, puntualizó.

Por su parte, el diputado Leandro Ávila, que preside la Comisión de Gobierno, expresó su inconformidad con la posibilidad de que el Consejo de Gabinete y las comisiones legislativas declaren sus actas como información reservada.

“Se van a hacer las consultas, pero de la actual ley que existe, nada es para atrás. Lo que haya va a ser hacia adelante... No se va a modificar nada que perjudique lo que tenemos en la actualidad. Todos [los comisionados] hicimos ese compromiso hace un instante”, indicó Ávila.

Sobre la ley de protección de datos personales, el presidente de la comisión señaló que la próxima semana hablarán con un especialista en el tema y desde ya extendió una invitación al procurador de la Administración, Rigoberto González, para que participe de esa reunión.

“Le ponía por ejemplo el tema de las becas o las ayudas del Ifarhu. Si un político ‘x’ pidió un apoyo para un hijo y se lo dieron, bueno, ese político tiene que ver, como quien dice aguantar su huaqueo, que sepa que el nombre va a salir. Yo no veo por qué el nombre tiene que estar oculto”, opinó Ávila.

La Comisión de Gobierno la integran Leandro Ávila (presidente), Roberto Ábrego (vicepresidente), Eugenio Bernal (secretario), Raúl Pineda, Corina Cano, Luis Ernesto Carles, Mayín Correa, Alaín Cedeño y Edison Broce.

Aminta Bustamante

Reportera Política.