La Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto que propone la moratoria minera

La Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto que propone la moratoria minera
Los diputados Hernán Delgado, Melchor Herrera, Ariel Alba, Jaime Vargas y Francisco Alemán posan con el recién aprobado proyecto 1110, este 3 de noviembre de 2023. LA PRENSA/Isaac Ortega


Con 59 votos a favor, la Asamblea Nacional (AN) aprobó el proyecto de ley 1110, que propone la moratoria de la minera metálica en todo el país, “por plazo indefinido”.

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Hubo dos abstenciones y cero votos en contra.

El proyecto prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para exploración, extracción, transporte y beneficio de la minería metálica en el país. La prohibición no aplica a las 15 concesiones ya vigentes, incluyendo la de Minera Panamá.

El día antes, el pleno legislativo eliminó en segundo debate un artículo que contemplaba la derogatoria de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Eliminar la Ley 406 no estaba en el proyecto original que presentó el Ejecutivo. Fue idea de los propios diputados que, luego de una larga reunión el pasado jueves, optaron por derogar lo que ellos mimos habían introducido.

La sesión de este viernes fue convocada únicamente para aprobar en tercer debate el proyecto 1110. Inició a las 10:00 a.m. y terminó 25 minutos después. No hubo periodo de incidencias ni lectura de correspondencia.

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, proponente del proyecto, no estaba presente en la sesión, por lo que no participó en la tradicional foto que el presidente de la Asamblea (en este caso, Jaime Vargas) se toma cada vez que un proyecto es aprobado. En esta ocasión, Vargas posó con el diputado Ariel Alba, vicepresidente de la Comisión de Comercio de la AN, instancia en la que el proyecto 1110 recibió primer debate.

En cambio, el 20 de octubre pasado, cuando se aprobó la Ley 406, Alfaro sí posó con Vargas y con los ministros Milciades Concepción (de Ambiente) y Doris Zapata (de Trabajo) y los diputados Roberto Ábrego y Ariel Alba.

Ausente (de la foto y del pleno) este viernes también estaba Roberto Ábrego, presidente de la Comisión de Comercio. En su lugar estaba su suplente Alejandra Ábrego.

Leandro Ávila, que como presidente de la Comisión de Gobierno defendió el contrato con Minera Panamá, sí estaba en el pleno, pero se quedó en su curul y no subió al podio. El diputado Raúl Pineda, otro defensor del contrato minero y miembro de la Comisión de Gobierno, ni siquiera estaba en el pleno y fue avistado tomando un vuelo en el aeropuerto de Tocumen.

De ese modo, terminan las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, el 1, 2 y 3 de noviembre.

El proyecto aprobado señala que el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) no otorgará “concesiones para exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en la República de Panamá”. Además dice que se “rechazará de plano toda nueva solicitud presentada para la obtención de concesiones a partir de la promulgación de la presente ley”.

De igual forma indica que “a partir de la promulgación de la ley, queden rechazadas todas las solicitudes en trámite para la obtención de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos; y el Ministerio de Comercio e Industria dispondrá el archivo de estos expedientes dentro de un término de tres meses siguientes a la promulgación”.

El proyecto fue presentado a la Asamblea por el Ejecutivo, en medio de las protestas ciudadanas, cierres de calles, disturbios, huelgas y suspensión de clases que ha conllevado la aprobación del contrato con Minera Panamá.

Ahora le corresponderá al presidente Laurentino Cortizo sancionar el proyecto de moratoria. En cuanto sea promulgado en Gaceta Oficial, se convertirá en ley de la república.

En tanto, a la Corte Suprema de Justicia le corresponde definir lo que ocurrirá con la Ley 406 de 2023, la cual acumula ya varias demandas de inconstitucionalidad. Los procuradores Rigoberto González (de la Administración) y Javier Caraballo (de la Nación) ya han advertido que la Ley 406 es inconstitucional.



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