La Asamblea bajo la lupa: ¿qué proponen los candidatos?

La Asamblea bajo la lupa: ¿qué proponen los candidatos?
El pleno de la Asamblea Nacional. LP/Richard Bonilla


La Asamblea Nacional es uno de los temas que constantemente está en la agenda de los candidatos presidenciales para los comicios del próximo 5 de mayo. Casi todos, con excepción del abanderado oficialista José Gabriel Carrizo, lanzan dardos hacia esta entidad, que actualmente controla el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Rómulo Roux, el candidato de la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista, por ejemplo, calificó de “abuso” el incremento de la planilla legislativa a más del doble en menos de un año.

Sigue el abuso en la Asamblea. Mientras no hay dinero para el Oncológico, medicinas y agua potable, estas ratas duplican la planilla para hacer política electoral. Vamos a reformar la Constitución para disminuir la cantidad de diputados a 51 y vamos a eliminar los privilegios de la clase política”, escribió en su cuenta de X.

Se refería a la noticia publicada por La Prensa que informó que ese poder del Estado cerró diciembre con 6,081 funcionarios permanentes y eventuales, 3,273 más de los que tenía en enero, cuando contaba con 2,808. Esto significa que se elevó en un 116%. Esto le costó a los contribuyentes $94 millones.

Para el 2024 el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó $206 millones 809 mil 492 para este poder del Estado, pero tras una serie de ajustes al presupuesto general del Estado ese monto terminó nuevamente en $150 millones.

No obstante, hay que recordar que en la Asamblea ha existido la práctica de modificarse en secreto el presupuesto a lo largo del año, siempre hacia arriba. 2022 fue el mejor ejemplo. Programaron un presupuesto de $143 millones 955 mil 516 y terminaron gastando $86 millones 603 mil 72 por encima de la cifra original.

En otras ocasiones, el candidato de CD-Partido Panameñista ha dicho que el presupuesto de la Asamblea “es absurdo y está hecho para robar”. “Hemos realizado estudios y no se requieren más de $50 millones para su operación”, manifestó en una oportunidad.

Junto a su compañero de fórmula, José Isabel Blandón, quien fue diputado, afirma que es necesario un cambio constitucional a través de una constituyente para, entre otras cosas, reducir tanto la cantidad de miembros de la Asamblea, como el presupuesto de ese órgano. De hecho, este fue uno de los temas que se puso sobre la mesa para consolidar la alianza entre las dos fuerzas políticas.

Ricardo Lombana, candidato del Movimiento Otro Camino, también apuesta por reducir el tamaño de la Asamblea. Para el político, este poder podría funcionar con 31 diputados. Además, quiere cambiar la forma de su elección y eliminar la posibilidad de que se reelijan de forma inmediata.

La Asamblea bajo la lupa: ¿qué proponen los candidatos?
Rómulo Roux, Ricardo Lombana y Martín Torrijos.

A propósito del debate por la planilla inflada del Legislativo, Lombana republicó un mensaje del diputado independiente Juan Diego Vásquez que señala a Roux. “Estoy de acuerdo en que analicemos la reducción del número de diputados y en que, sin duda, el presupuesto debe ser mucho menor. Sin embargo, ¿cuántas personas tienen en planilla los diputados que le apoyan? ¿La hacen pública? ¿Esos diputados van a sesionar? No hay coherencia…”, se lee en la publicación ilustrada con las fotografías de los diputados Rony Araúz y Edwin Zúñiga.

Martín Torrijos, el candidato del Partido Popular, es otro duro crítico del Legislativo. “La Asamblea vergonzosamente tiene más funcionarios que el Canal de Panamá. ¿Cómo se explica eso? Eso simplemente es corrupción”, declaró en una oportunidad. En sus planes está reformar y modernizar el Estado, a través de una nueva Constitución.

Melitón Arrocha, candidato de la libre postulación, es otro de los que propone reducir la planilla de la Asamblea “a lo estrictamente necesario” para el estudio y redacción de proyectos de ley, la supervisión de las labores del Ejecutivo y demás responsabilidades que la Constitución le asigna a esa institución. “Para esto, habrá únicamente personal de apoyo a las bancadas legislativas y el esencial personal de apoyo a los diputados”, destaca.

José Gabriel Carrizo ha dicho poco sobre lo que haría en la Asamblea en caso de ganar la carrera por la Presidencia. Sin embargo, propone cambios a la Constitución, a través del método de dos asambleas en diferentes quinquenios: este y el próximo, reformas que apuntarían a la selección de los magistrados de la CSJ y las funciones del Legislativo. En este último aspecto, se refiere a redefinir los roles de los diputados.

La Asamblea bajo la lupa: ¿qué proponen los candidatos?
Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional, órgano que preside el diputado perredista Jaime Vargas. Archivo

Actualmente, 35 de los 71 diputados son del gobernante PRD. En las elecciones de mayo, 32 de ellos buscarán la reelección.

Los demás candidatos, José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas y Alianza; al igual que Zulay Rodríguez y Maribel Gordón, de la libre postulación, no han planteado que tratamiento le darían a este órgano del Estado.

De acuerdo con una encuesta de Mercadeo Planificado S.A. para La Prensa, la Asamblea Nacional, apenas tiene el 16% de confianza y en consecuencia el 84.1% lo rechaza.

El Legislativo, actualmente presidido por el diputado perredista Jaime Vargas, cada tanto es objeto de cuestionamientos ciudadanos por su sistema clientelista.

Hay que recordar que a principios del actual gobierno, el Ejecutivo envió a la Asamblea un proyecto de reforma constitucional preparado por Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá, un órgano compuesto por más de 2,000 representantes del sector empresarial, obrero, indígena, instituciones educativas, ONG’s, la iglesia y el Gobierno.

La actual Asamblea reformó esa propuesta para incluir reformas que incrementaban su propio poder, lo que ocasionó el rechazo ciudadano en las calles. Entre los cambios introducidos había uno que les permitía a los diputados modificar todo el proyecto de presupuesto general del Estado y nombrar un super fiscal para investigar al procurador general de la Nación. Finalmente, la iniciativa fue retirada por el Ejecutivo.




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