La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, volvió a postergar el debate del proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país. La propuesta, que llegó al Legislativo de manos del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), en abril de 2021, volverá otra vez a una subcomisión legislativa.
Esto a raíz de que la comisión decidió que discutirán “ampliamente el tema” para lograr las reformas necesarias y avanzar con el proceso legislativo.
La subcomisión estará conformada por los diputados perredistas Víctor Castillo, Emelie García Miró, al igual que por Fátima Agrazal, de Cambio Democrático. Este grupo tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar modificaciones al proyecto.
Durante la sesión, presidida por el diputado Leandro Ávila, del oficialista Partido Revolucionario Democrático, García-Miró, secretaria de la comisión, leyó el informe elaborado por una primera subcomisión que analizó la iniciativa. Dicha subcomisión estuvo conformada por la diputada Corina Cano, quien aún ocupa una silla en la comisión, y los entonces comisionados Crispiano Adames y Juan Diego Vásquez.
Los subcomisionados llegaron a la conclusión de que se debía redactar “una nueva propuesta en armonía con la Constitución y apegada a la realidad sociopolítica del país y la normativa penal existente”. En las consideraciones plasmadas en el informe, se refirieron a la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la propiedad privada.
En el informe también se habló de falta de detalles sobre el financiamiento de la figura y quienes administrarán esa justicia, así como el proceso de capacitación del recurso humano para integrar la figura jurídica al sistema panameño.
Cano se dirigió a la comisión luego de leído el informe. Se refirió a la responsabilidad de hacer modificaciones profundas al proyecto. Hizo un llamado al Ministerio Público, al Ministerio de Seguridad Pública, y al Ministerio de Economía y Finanzas de reformar la propuesta para que la misma se acorde a la realidad constitucional panameña.
Cuestionó por qué debía ser la Asamblea la que asumiera “la responsabilidad sobre sus hombros” para reformar tan drásticamente el proyecto de ley. Dijo que su preocupación es que se apruebe la ley y el procedimiento no quede claro.
Ávila, por su lado, dijo que el proyecto de ley está “extremadamente mal redactado y no tiene congruencia jurídica”. Agregó que debe elaborarse un proyecto de ley “a lo panameño” y no “copiado de otros países”. A cuestionamientos sobre si la discusión se está dilatando, aseguró que no es el caso. Añadió que “todo panameño quiere que esto se haga bien”.
El secretario general del Minseg, Jonathan Riggs, tomó la palabra en la comisión, y reiteró la importancia de buscar frenar el financiamiento del crimen organizado. “Si no debilitamos la estructura financiera estaremos destinados a atravesar momentos muy difíciles”, dijo Riggs.
Mientras que el diputado Luis Ernesto Carles, del opositor Partido Panameñista, se refirió también al proyecto de ley. Aseguró que está de acuerdo con la aprobación del mismo. “Este engranaje del crimen organizado le está haciendo un enorme daño a todos los países del mundo”, manifestó.
También estuvieron y participaron de la discusión los diputados de Cambio Democrático Alaín Cedeño y Fátima Agrazal, al igual que el independiente Edison Broce.
La mayoría de los diputados reiteraron sus inquietudes respecto a que el proyecto de ley no esté lo suficientemente robusto e hicieron un llamado para profundizar la discusión. “Tenemos que darnos el tiempo para hacer una buena ley”, dijo Cedeño.
El proyecto de ley 625 se presentó en el Legislativo en momentos en que los tentáculos de la narcopolítica generaban ruido en los poderes del Estado y los perfiles de los grupos del crimen organizado se diversificaban. La Asamblea ha sido objeto de cuestionamientos por su poca disposición para crear leyes que saquen al crimen organizado del sistema político del país.
