Pese al rechazo y el cuestionamiento de los sectores que condenan el hecho de que se elimine la Ley 6 de 2002, sobre transparencia, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que preside el diputado perredista Leandro Ávila, recibirá el informe que contiene el análisis del proyecto de ley 1031 que deroga la norma.
El informe será presentado por la subcomisión encargada de analizar la propuesta legislativa, grupo conformado por el diputado perredista, Eugenio Bernal; la diputada del Molirena, Corina Cano; y el diputado del Partido Panameñista, Luis Ernesto Carles.
La reunión se concretará este miércoles a las 10:00 a.m., en el Salón Azul del palacio Justo Arosemena y luego de que esta subcomisión, en dos sesiones, escuchara las opiniones de grupos organizados que se oponen al proyecto presentado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) organismo que está bajo el paraguas de la Presidencia de la República.
Entre otras cosas, la sociedad civil cuestiona que se quiere mutilar una norma que en 2002 surgió del consenso entre varios sectores para convertirla en una ley que terminaría obstaculizando y burocratizando las solicitudes de acceso público a la información, vitales para conocer cómo se manejan los recursos públicos.
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Precisamente, ayer martes los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, expresaron su respaldo al capítulo panameño, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y a la ciudadanía, en sus esfuerzos por impedir la derogatoria de la Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestión pública.
Mediante un comunicado manifestaron que el proyecto que impulsa el Gobierno “constituye un retroceso para la democracia panameña, particularmente en el delicado contexto político a ocho meses de las elecciones generales del país en mayo de 2024″.
Adjuntos
Comunicado - Ley 6.pdfPiden a Cortizo retirar proyecto
Precisamente ayer martes, entre otras 29 organizaciones y ciudadanos, mediante una carta abierta al presidente de la República, Laurentino Cortizo le solicitaron formalmente el retiro del proyecto de ley 1031.
“La actual Ley de transparencia es una herramienta importante para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública y para prevenir la corrupción. Sin embargo, el proyecto de Ley 1031 favorece la falta de transparencia, la discrecionalidad de funcionarios llamados a protegerla y la burocracia en la búsqueda de información por parte de los ciudadanos”, se lee en la carta.
Esta misiva también se envió a los diferentes capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional y de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia. Así como a Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; al procurador de la Administración, Rigoberto González; y a los representantes de la Organización de Estados Americanos, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá, entre otros.
Sin embargo, pese al rechazo generalizado, miembros de la subcomisión, así como el presidente de la Comisión de Gobierno y en el Ejecutivo, han dejado claro que el proyecto 1031 se discutirá. Incluso, fuentes legislativas, dijeron a este medio que el informe pediría que se incluya una serie de recomendaciones de la sociedad civil y que se arranque con el primer debate del proyecto.
Lea la carta completa: